Ley induce a muerte de campesinos

Ley induce a muerte de campesinos

Por Jaime Castro Ramírez

Cuando no obra la sensatez en el pensamiento de gobernantes que limitan su acción a decisiones que favorecen su imagen política y enaltecen su ego.

Pero se apartan de considerar las mínimas nociones de raciocinio sobre las consecuencias sociales, en este evento es posible que aparezca entonces algún resultado negativo para quienes trasciende el efecto de dichas decisiones, pues generalmente son medidas que incluyen un cálculo político con el cual se busca el beneficio personal, y que apuntan más al resultado de ganar elecciones, (o reelecciones), que al beneficio común. 

Estas son las instancias de la vida humana donde prima el orgullo personal y por lo tanto se obra en forma inconsecuente con los intereses comunes de la sociedad, pues esta lo que espera es una acción de gobierno que propicie las condiciones apropiadas para lograr obtener un mejoramiento del nivel de vida a través de políticas bien intencionadas de desarrollo sostenible. 

No puede ser entonces que la gente, que es quien elige al gobernante, tenga que afrontar consecuencias desfavorables como resultado de la gestión de gobierno.

La ley de restitución de tierras y su efecto de violencia

Es de sentido común observar los pros y los contras de cualquier actividad, antes de planear su ejecución. Con mayor razón esto debe ocurrir en programas de gobierno que involucran los intereses de los gobernados. 

Apenas se empezaba a comentar la intención del gobierno Santos de presentar al congreso de la república el proyecto de “ley de víctimas y restitución de tierras”, y ya se podía vislumbrar en lo que terminaría esa idea de politiquería partidista y las consecuencias de dicha ley, pues el propósito fue solo político de parte del partido liberal (porque estaba en vía de extinción), y con esto pretendían reencaucharse electoralmente. Este mal experimento era evitable, pues existe la “ley de extinción de dominio” que es una excelente herramienta para que el Estado proceda a quitarle a los bandidos los bienes mal habidos. Sin embargo, como esto no aportaba votos, procedieron a inventarse la ley espectáculo, la ley del discurso politiquero, pues este mecanismo sí les permite engañar incautos para asegurar la reivindicación en las urnas.

En los últimos 15 meses durante los cuales el gobierno ha estado hablando de la restitución de tierras, han asesinado a 17 campesinos reclamantes de esas tierras, de las cuales supuestamente fueron desplazados. Como las cosas tienen alguna dosis de lógica, aquí bien se puede afirmar que lo que mal empieza mal termina. Era perfectamente previsible el factor violencia por parte de los criminales y en contra de quienes se atrevieran a reclamar sus propiedades, violencia que se propició con la mencionada ley de restitución de tierras.

Durante el trámite de esta ley en el congreso de la república, hubo críticas respecto al tema de seguridad para los reclamantes de las tierras, ante lo cual el gobierno se “comprometió a proteger sus vidas”. Claro está que esta promesa, que quedó transcrita en la ley, no pasó de ser un juego semántico fabulesco, pues la tragedia de los campesinos está a la vista. Si se trataba de una presunta intención de devolverle un derecho a desplazados, pues también es cierto que aquí se aplicaría aquello de que ante todo derecho hay una obligación, y la obligación en este caso era darles seguridad efectiva para sus vidas. Lo que ocurre es que la sensatez enseña que hay promesas que no se deben hacer por la imposibilidad de poder cumplirlas. Solo es pensar si hay alguna lógica posible que permita ponerle un grupo de policías que custodie a cada persona de estas en las fincas y en sus movimientos por el campo y ciudad. Es la promesa más ilógica del mundo, sin embargo, el gobierno no tuvo inconveniente en hacerla para luego no cumplirla. Lo importante no era la seguridad de quienes iba a enfrentar con los criminales, hay que reiterar que el afán del gobierno era el apetito politiquero.

A lo anterior hay que agregarle posibles hechos de injusticia que pueden ocurrir con el despojo a propietarios que han adquirido los bienes a través de la compra legítima, es decir que tienen su historia en el registro catastral, y no porque los posean como producto de una acción delictiva.