Es el colmo que sobre el asunto de cómo juzgar a nuestros soldados recibamos instrucciones coactivas de unos señores de ONG desde Noruega, Suecia y Suiza.
Es hora, después del atropello de La Haya, de que los colombianos dejemos de tolerar, por respeto hacia los compromisos internacionales, que se la pasen manoseándonos.
En el Congreso hay un debate público sobre el fuero penal militar. Se trata de construir equilibrios que le convengan al país, y no a la comunidad internacional. Es el colmo que sobre el asunto de cómo juzgar a nuestro soldados que se enfrentan diariamente con las Farc y el Eln recibamos instrucciones coactivas de unos señores de ONG desde Noruega, Suecia y Suiza.

Hasta se rumora que contra el proyecto hubo un intento de “asonada” de los embajadores de la Unión Europea, me dicen que bajo la comandancia del saliente embajador británico en Colombia, a buena hora frenada por alguno de los embajadores europeos que aún respetan nuestros procesos deliberativos internos.
Al Gobierno le llegó una carta que de manera exótica viene firmada por 11 relatores de la ONU protestando ante una mentira tan grande, como que en adelante el fuero militar cobijará los abusos de los cuerpos de seguridad privada que operan en el país.
Pero algo realmente inadmisible, escandaloso, es que el señor José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, nos envíe otra carta amenazándonos con que si no se hacen los cambios que Vivanco quiere, EE. UU. nos retirará la ayuda militar que nos proporciona. ¿Acaso esa ONG es una instancia del gobierno norteamericano? ¿O su instrumento? ¿O puede comprometer las decisiones de su Departamento de Estado? Esto ameritaría por lo menos una desautorización del gobierno de EE. UU. y si no, una protesta del gobierno Santos contra los dos (aprovechando que Vivanco nos visita la semana entrante).
Y me llama la atención que la amenaza de Vivanco coincida con ciertas presiones que congresistas colombianos (por ejemplo, el senador Juan Manuel Galán y otros) han recibido de personal diplomático de EE. UU., bajo amenazas de descertificarnos en materia de derechos humanos si no se para la reforma que tramita el Congreso.
Sincerémonos. Si la justicia penal militar que estamos a punto de aprobar en Colombia se aplicara en EE. UU., ese gobierno: 1) No podría mantener abierta la cárcel de Guantánamo. 2) Los autores de las torturas de Abu Ghraib habrían sido juzgados por jueces civiles. 3) Los soldados gringos que violaron a unas mujeres hace unos años en Villavicencio estarían pagando cárcel en Colombia y no prestando servicio militar en Irak. 4) Los soldados que dieron de baja a Bin Laden hoy no serían héroes sino condenados bajo la justicia ordinaria por cometer una ejecución en territorio extranjero. 5) El agente secreto de Obama que “tumbó” a Dania Londoño en Cartagena estaría siendo juzgado en Paloquemao por estafa. (OK: se hubieran vencido los términos, pero por lo menos habríamos amagado).
La jurisdicción penal militar de los EE. UU. es rotunda. No contempla excepciones con la justicia ordinaria, ni menos extranjera, a la hora de juzgar a los suyos. Y hasta enjuicia a civiles en casos determinados, algo impensable bajo nuestra jurisdicción penal militar. Por lo tanto, que no vengan a imponernos los gringos unos modelos que ellos ni locos aplicarían.
Lo que está a punto de aprobar el Congreso de Colombia es algo básico y razonable, como que en un país con conflicto interno la justicia penal militar sea la que juzgue los delitos de militares que afectan el Derecho Internacional Humanitario.
Cualquier gradualidad que haya que introducirle a ese concepto –y seguramente se requiere– es algo que compete fundamentalmente al país, a los colombianos, al Congreso de Colombia. Por lo tanto, no podemos permitir que ni en este ni en otros temas internos nos sigan manoseando. Protestemos a tiempo, como no lo hicimos en La Haya. Porque ya prácticamente nos están es ‘tarreando’.
HABÍA UNA VEZ… Dizque la única condición que el presidente Santos le pidió a Madonna fue que no cantara La isla bonita.