En represalia por la muerte de Juan de Dios Úsuga, alias "Giovanny", transportadores y comerciantes fueron obligados a guardarle luto. Así como el Estado tiene que responder con contundencia a este desafío que le lanza la delincuencia, la misma comunidad está llamada a confiar en sus autoridades, pues si comienza a hacer caso de estas amenazas terminará prisionera de los bandidos.

Si no fuera porque la población colombiana se siente realmente intimidada por el creciente poder de las bandas criminales (bacrim) resultaría difícil de entender cómo, mediante un panfleto, puedan paralizar el comercio, el transporte y la vida cotidiana en poblaciones de cinco departamentos.
El perverso dominio de estas bandas, herederas de las estructuras mafiosas de los grupos de autodefensas, ha venido fortaleciéndose hasta el punto de convertirse en la peor amenaza para el país, por encima incluso de las organizaciones guerrilleras. A las bacrim son atribuibles hoy el mayor número de homicidios y delitos de alto impacto social, particularmente en sectores urbanos.
La incertidumbre que enfrentan hoy Urabá, Occidente y Bajo antioqueños y el occidente de Medellín, más algunas zonas de Chocó, Córdoba, Sucre y Magdalena, evidencia que la seguridad tiene preocupantes agujeros. Esto explica que, sin ninguna acción armada directa, la población se plegó a la orden de "los Urabeños" de acogerse al llamado "paro armado". Causa estupor que, en represalia por la muerte del cabecilla Juan de Dios Úsuga, alias "Giovanny", transportadores y comerciantes fueran obligados a guardarle luto a este delincuente, muerto el primero de enero en un operativo de la Policía Nacional en Acandí (Chocó).

Cabe recordar que quienes impulsaron este paro son miembros de una organización narcotraficante, sin ningún reconocimiento político, aunque quieran presentarse como "autodefensas gaitanistas". Más que el propio paro, al Gobierno Nacional le debe preocupar el mensaje que este hecho envía a la sociedad colombiana. Pese a que no tienen una enorme capacidad militar, como en su momento pudo ser el caso de las autodefensas, tampoco estarían pensando en someterse a la Justicia como lo hicieron recientemente las Erpac (Ejército Revolucionario Popular Anticomunista).
Con este paro armado, que recuerda los que imponía la subversión, hacen demostración de su poder intimidatorio, que nace de los asesinatos cometidos contra personas que se resisten a sus planes en zonas rurales y aún en áreas urbanas donde pretenden imponer su ley, como en el caso de la franja occidental de Medellín, según lo denunciado en EL COLOMBIANO por el Personero Municipal.

Es lamentable que pese al despliegue de Ejército y Policía, en regiones como Urabá, la orden de paro haya sido acogida por la casi totalidad del comercio y por la mitad de los transportadores, lo que hace evidente que el combate a las bacrim demanda acciones urgentes por parte del Gobierno. Además de los refuerzos militares y policiales, se requieren también herramientas jurídicas y estrategias integrales que le permitan a la Fuerza Pública someter a las organizaciones criminales y erradicarlas.
Las leyes para enfrentar la criminalidad organizada dan la impresión de no ser de la naturaleza que el problema reclama y que la comunidad necesita. La población en general está llamada también a formar un frente común ante el avance de estos criminales, para no hacerles el juego y, por el contrario, denunciar sus acciones. Es además indispensable el apoyo de la comunidad a las autoridades pues está demostrado que esta colaboración resulta muy efectiva para golpear de manera contundente a sus cabecillas y desmantelar sus estructuras.
Así como el Estado tiene que responder con contundencia a este desafío que le lanza la delincuencia, la misma comunidad está llamada a confiar en sus autoridades, pues si comienza a hacer caso de estas amenazas terminará prisionera de los bandidos.