¿Venganza político-penal?
Se supo ayer en la tarde que la Presidencia de la República solicitaría ser aceptada como víctima, dentro del proceso penal por las llamadas "falsas desmovilizaciones" que se sigue, entre otros, contra el excomisionado de Paz durante el mandato anterior, Luis Carlos Restrepo.
Esto significa que el Gobierno podría constituirse como interviniente en el proceso penal -si el fiscal así lo aprueba-, habilitado para pedir pruebas, preferentemente de carga acusatoria, apuntando a una condena al procesado y para obtención de eventuales indemnizaciones. ¿Qué derecho o legitimidad alegará la Presidencia? No lo sabemos aún.
De ser eso así, ¿cómo no pensar que esta sería una respuesta política -de la peor política- contra el expresidente Álvaro Uribe y su Gobierno? ¿Cómo no asociarlo a la solicitud que hizo ayer el exmandatario al Presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, para que no se fomente desde el Ejecutivo un plan de desprestigio contra los exfuncionarios y políticas del octogenio uribista?
Ver la imputación de delitos que la Fiscalía hace contra el doctor Luis Carlos Restrepo estremece. Si en este país es mejor, tanto para la política como para el ejercicio periodístico, ir perdiendo la capacidad de sorprenderse, esta vez no es posible dejar de aterrarse: concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal, y fabricación, tráfico y porte de uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares.
¿Y qué es lo que ha hecho este hombre, acorralado ahora por enemigos de toda laya, imputado como ejecutor de tan graves hechos punibles? Trabajar por la paz, incansablemente. Con errores, equivocaciones, incluso desvaríos, pero con entrega, innegable buena fe y, por supuesto, con carácter. Carácter que molestó a muchos, desde los del bando de la institucionalidad hasta los de las redes criminales con las cuales tuvo que vérselas de frente en agrias discusiones, no propiamente en los mullidos salones capitalinos.
Un país devorado por la corrupción, cercado por los delincuentes, con poblaciones enteras sometidas nuevamente al terror de las bandas criminales, y con unos índices de impunidad indignos de una democracia digna, prefiere enfocar su aparato investigativo y acusador en la persecución de rivales políticos, en aplastar a contradictores incómodos o en cobrar venganza contra funcionarios que interpretaron y ejecutaron políticas que en un momento dado casi todos aplaudían.
¿Qué buscan, entonces, Santos y Vargas Lleras? ¿Contraponer una pretendida pureza gubernamental frente a una montada imagen de fraude en el anterior proceso con las autodefensas, cosa en la cual, entonces, estarían actuando de socios involuntarios con lo peor de la delincuencia en Colombia?
Qué tristeza esa comunión de fines que ahora se nos presenta crudamente a los colombianos, entre un Gobierno de vindicta, de talante inspirado en modelos de traidores y desleales. Porque ambos, el uno como ministro de Defensa y el otro como senador de la coalición uribista, estaban allí, sin oponerse -que se sepa- al programa de desmovilización adelantado por el Gobierno con el cual se sentían tan cómodos.
Constituirse procesalmente en "víctima" no es una decisión de Estado, y como decisión de Gobierno sería torpe, inconveniente y políticamente desastrosa. No muestra altura de miras, preocupación por el destino de la Nación o por el bienestar general. Sería tornar una escaramuza política en una venganza penal, frente a la cual quieren actuar de la peor manera posible, caracterizada por la bajeza y por la falta de medida y sensatez. La prudencia ha quedado anulada por la pequeñez y la soberbia.
Esto significa que el Gobierno podría constituirse como interviniente en el proceso penal -si el fiscal así lo aprueba-, habilitado para pedir pruebas, preferentemente de carga acusatoria, apuntando a una condena al procesado y para obtención de eventuales indemnizaciones. ¿Qué derecho o legitimidad alegará la Presidencia? No lo sabemos aún.
De ser eso así, ¿cómo no pensar que esta sería una respuesta política -de la peor política- contra el expresidente Álvaro Uribe y su Gobierno? ¿Cómo no asociarlo a la solicitud que hizo ayer el exmandatario al Presidente en ejercicio, Juan Manuel Santos, para que no se fomente desde el Ejecutivo un plan de desprestigio contra los exfuncionarios y políticas del octogenio uribista?
¿Y qué es lo que ha hecho este hombre, acorralado ahora por enemigos de toda laya, imputado como ejecutor de tan graves hechos punibles? Trabajar por la paz, incansablemente. Con errores, equivocaciones, incluso desvaríos, pero con entrega, innegable buena fe y, por supuesto, con carácter. Carácter que molestó a muchos, desde los del bando de la institucionalidad hasta los de las redes criminales con las cuales tuvo que vérselas de frente en agrias discusiones, no propiamente en los mullidos salones capitalinos.
Un país devorado por la corrupción, cercado por los delincuentes, con poblaciones enteras sometidas nuevamente al terror de las bandas criminales, y con unos índices de impunidad indignos de una democracia digna, prefiere enfocar su aparato investigativo y acusador en la persecución de rivales políticos, en aplastar a contradictores incómodos o en cobrar venganza contra funcionarios que interpretaron y ejecutaron políticas que en un momento dado casi todos aplaudían.
¿Qué buscan, entonces, Santos y Vargas Lleras? ¿Contraponer una pretendida pureza gubernamental frente a una montada imagen de fraude en el anterior proceso con las autodefensas, cosa en la cual, entonces, estarían actuando de socios involuntarios con lo peor de la delincuencia en Colombia?
Qué tristeza esa comunión de fines que ahora se nos presenta crudamente a los colombianos, entre un Gobierno de vindicta, de talante inspirado en modelos de traidores y desleales. Porque ambos, el uno como ministro de Defensa y el otro como senador de la coalición uribista, estaban allí, sin oponerse -que se sepa- al programa de desmovilización adelantado por el Gobierno con el cual se sentían tan cómodos.
Constituirse procesalmente en "víctima" no es una decisión de Estado, y como decisión de Gobierno sería torpe, inconveniente y políticamente desastrosa. No muestra altura de miras, preocupación por el destino de la Nación o por el bienestar general. Sería tornar una escaramuza política en una venganza penal, frente a la cual quieren actuar de la peor manera posible, caracterizada por la bajeza y por la falta de medida y sensatez. La prudencia ha quedado anulada por la pequeñez y la soberbia.
ESTOS SON LOS QUE PERPETRAN LA VENGANZA A LOS COLOMBIANOS DE BIEN..
El tiempo sera el juez y el verdugo, la historia tèndra la ultima palabra, o no, señor Gaviria, señor Samper, y señor Pastrana.
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