CAMBIO DE BANDIDOS

CAMBIO DE BANDIDOS

Por Saúl Hernández Bolívar

Octubre 30 de 2012

En el acto de posesión de Andrés Pastrana como Presidente de la República, el Presidente del Congreso, Fabio Valencia Cossio, resumió en una frase el peligro que se cernía sobre la democracia colombiana: “o cambiamos o nos cambian”. Obviamente se refería a cambiar la manera de gobernar de la política tradicional, caracterizada por la corrupción, el clientelismo, los privilegios y el saqueo del Estado en general. No estaba errado.

Si algo contribuyó y sigue sustentando en gran medida el ascenso y permanencia del dictador Chávez Frías en la Presidencia de Venezuela, ha sido la inmensa e histórica corrupción de los partidos tradicionales de ese país, el Copei y la Acción Democrática, los cuales tampoco lograron mejorar el estándar de vida de los venezolanos a pesar de la riqueza petrolera y el tamaño de la población, significativamente menor que el de este lado de la frontera.

En nuestro medio, el Congreso de la República y los demás órganos legislativos, así como los partidos políticos viejos y nuevos, no constituyen una representación real para el ciudadano sino una fuente de vergüenza, rabia e indignación. El asunto no pasa por tener partidos demagógicos que les provean toda clase de necesidades a las personas sino de que se haga un ejercicio honesto de la política en aras del bien común, para servir al país y no para servirse de él.

Pero no, lo que se mantiene a la orden del día son los escándalos por compra de vehículos blindados o computadores; las peleas por oficinas o el desgreño administrativo en contratos de remodelación y mantenimiento; las salidas en falso de quienes aducen que el sueldo de 21 millones no alcanza para el combustible de las dos camionetas o de quienes conducen sin licencia y pasados de copas, con la pretensión de ser eximidos de su falta por ostentar la calidad de ‘honorables parlamentarios’.

ROY BARRERAS EL MAYOR LAGARTO Y CORRUPTO DE COLOMBIA

Claro que hay cosas peores. Una de ellas es la manera como se transfiere el poder político de padres a hijos, de tíos a sobrinos, de abuelos a nietos, de marido a mujer (o viceversa) y hasta de un hermano a otro. Los votos, comprados de mil maneras, se heredan para mantener el poder entre las castas de siempre y seguir manejándolo a su antojo sin interpretar la voluntad de la gente. De ahí lo que hemos visto en las últimas legislaturas: una coalición de Unidad Nacional, pegada con la mermelada de los puestos y los contratos, aprobando leyes y reformas constitucionales lesivas para el país, como el mal llamado Marco para la Paz o la malhadada Reforma a la Justicia, que no está tan muerta como se cree.

Sin embargo, lo que siempre ha indignado más a los colombianos sobre este particular es lo relativo a las dietas parlamentarias, entendidas como el sueldo de los congresistas, los gastos de funcionamiento de sus unidades de trabajo legislativo —que son quienes en verdad hacen el trabajo del congresista— y unas pensiones onerosas que tienen carácter espurio por ser fruto de un acto deshonesto al legislar en beneficio propio.

Por eso no deja de ser una bofetada a todo el país una decisión reciente del Consejo de Estado que elevó la pensión de congresista de 3,4 millones de pesos mensuales a más de 22 millones de pesos a favor del exrepresentante liberal Víctor Urueta Velilla, quien falleció en el año 2009, por lo que la beneficiaria será su viuda, que ojalá no resulte ser una veinteañera producto de una pasión otoñal. Lo más aberrante es que Fonprecón (Fondo de Previsión Social del Congreso de la República) se había negado a reliquidar la pensión por considerar que se ajustaba a la ley, cosa que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde Urueta demandó y perdió.

Ahora, gracias al Consejo de Estado, no solo tocará pagarle a la viuda su mesadita de 22 millones mensuales sino también un retroactivo de 1.772 millones de pesos, más un ajuste por inflación de 273 millones e intereses por el orden de los 65 millones de pesos. Y todo eso solo por haber fungido, el señor Urueta, como representante a la Cámara por Sucre entre julio de 1977 y julio de 1978. ¡Apenas un año y hace más de tres décadas! Ahí es cuando uno entiende por qué hay personas que quieren ver en el Senado a los bandidos de las Farc… es que bandidos nunca han faltado allá.

Consejo de Estado ordenó que la mesada de la viuda pase de $ 3,4 a $ 22,1 millones.

La viuda de un excongresista parece que se hubiera ganado el 'Baloto' con el Consejo de Estado. Un fallo del alto tribunal ordenó que le reajustaran la pensión correspondiente a su difunto esposo en más de un 600 por ciento.

Eso significa, ni más ni menos, que su mensualidad pasará de 3,4 millones a 22,1 millones de pesos.

Se trata del exrepresentante liberal Víctor Urueta Velilla, quien falleció en julio del 2009, cuando ya tenía demandado al Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón), exigiendo la reliquidación de su pensión.

El asunto terminó en el Consejo de Estado, cuya Sección Segunda le aceptó sus pretensiones y ordenó el reajuste solicitado.

Este caso había comenzado en el 2006, cuando Urueta, un reconocido médico del departamento de Sucre, solicitó que le reconsideraran el monto de la mesada que recibía, a lo que el Fondo se negó.

Ante la respuesta, acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que reconfirmó lo dicho por Fonprecón, por considerar que la liquidación se ajustaba a la ley.

Luego, Urueta fue al Consejo de Estado, que mediante falló revocó la decisión del Tribunal y ordenó el reajuste con retroactividad.

Según la decisión de los magistrados, al momento de hacer efectiva la pensión, Fonprecón no tuvo en cuenta todos los factores que hacían parte de la liquidación, y por ello determinó que era necesario proceder al respectivo reajuste.

De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, el Fondo no solo tendrá que hacer el incremento, sino que, además, deberá pagarle a la viuda un retroactivo de 1.772 millones de pesos.

A esa suma habrá que agregarle una indexación por 273 millones (ajuste por inflación) e intereses por el orden de los 65 millones de pesos.

Urueta Velilla fue representante a la Cámara por Sucre entre julio de 1977 y julio de 1978 y, al momento de hacerle efectiva la liquidación de su pensión, Fonprecón calculó el promedio de lo que individualmente devengó.

Por esta razón, una vez conocida la sentencia del Consejo de Estado, el Fondo tomó la decisión de interponer una tutela, ante la misma instancia, para evitar el elevado pago. Hasta el momento el alto tribunal no la ha fallado.

Y como el caso de Urueta, hay otros tres muy similares que están haciendo trámite en el Consejo de Estado, para solicitar el reajuste pensional.