ANTONIO MARIA DELGADO
ADELGADO@ELNUEVOHERALD.COM
A un mes de la reelección presidencial de Hugo Chávez, las dudas sobre la transparencia del proceso de votación aún persisten en Venezuela, en momentos en que el resultado es impugnando en las cortes y dirigentes expresan temores de que la percepción de fraude propicie un marcado ausentismo en los comicios regionales de diciembre.
La desconfianza sobre el sistema perdura aún cuando el derrotado candidato de la oposición, Henrique Capriles, fue el primero en acompañar al gobierno en asegurar que no hubo mal manejo en las elecciones presidenciales del 7 de octubre, y el país petrolero es inundado por señalamientos de que el férreo control de Chávez sobre las instituciones del Estado, incluyendo la autoridad electoral, no deja espacio para la realización de elecciones libres.
“En Venezuela hemos estado sufriendo un proceso de defraudación colectiva. El siete de octubre fue la culminación de ese proceso. Aquí lo que hubo fue un fraude en cámara lenta, bajo la mirada de todo el país”, dijo Diego Arria, ex embajador del país petrolero ante las Naciones Unidas.
“Es un fraude que ha sido cometido incluso bajo la mirada de la oposición, que pasivamente ha venido aceptado una serie de medidas que paso a paso y en cámara lenta permitieron que se cometiera el fraude”, sostuvo el también ex candidato presidencial.
Un recurso legal introducido ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar los resultados de los comicios y solicitar nuevas elecciones detalla una lista de pasos adoptados para el gobierno que volcaron la elección fraudulentamente a favor de Chávez
La impugnación, introducida por un grupo de representantes de la sociedad civil, alega que algunos de esos pasos fueron tomados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que debería velar por la transparencia y el equilibrio de los comicios pero que en realidad actúa como un brazo de la Revolución Bolivariana para garantizar que la presidencia de Chávez no esté realmente amenazada.
Entre los diferentes alegatos presentados, los demandantes -que incluyen académicos y reconocidos expertos jurídicos y electorales- aseguran que incluso la propia candidatura de Chávez era ilegal debido a que recaía sobre el mandatario una provisión constitucional que prohíbe la postulación de militares activos, condición que asumió este año a través de la aprobación de una ley.
La candidatura había sido impugnada en junio por un grupo de oficiales retirados de alto grado, pero el cuestionamiento fue ignorado por el CNE, entidad que debía esperar primero un pronunciamiento de las cortes sobre el recurso antes de aceptar la candidatura.
El artículo 330 de la Constitución venezolana estipula que los integrantes de la “Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tiene derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo” político.
“Ya de entrada, Chávez no podía ser candidato. Sin embargo, el Consejo Nacional electoral lo admite. Entonces eso es parte del fraude, porque fue candidato de una manera fraudulenta”, comentó Ana Mercedes Díaz, ex Directora de Partidos Políticos del CNE.
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