La grave decisión que esta mañana profirió la Corte Internacional de Justicia deja a Colombia en una situación imposible. Aunque somos y hemos sido siempre un país civilista y tradicionalmente respetuoso del Estado de Derecho y del Derecho Internacional, somos también un país decidido a defender sus legítimos intereses soberanos con la más indeclinable determinación. Es a la luz de este último compromiso que no podemos aceptar un fallo que lesiona tan gravemente la integridad territorial y la soberanía nacional.

Además de la afectación profunda de los intereses de Colombia, este fallo genera serias dudas jurídicas que quedan aún por resolver. En primer término, la decisión de la Corte puede tener repercusiones ilegítimas sobre terceros países no involucrados en el litigio. Adicionalmente, la nueva demarcación limítrofe que existiría entre Colombia y Nicaragua no parece ser compatible con la renovada validez que la Corte misma ha dado al Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. Por último, la Corte parece no haber reconocido cuán seriamente se afectan la seguridad nacional de Colombia y el bienestar de los habitantes de San Andrés y Providencia con su decisión de hoy. Confiamos en que estas y otras consideraciones relevantes puedan tramitarse en derecho ante a la Corte misma, según el recurso de revisión consagrado en el artículo 61 de su Estatuto.
En vista de la gravedad de la situación, es vital que la reacción de Colombia exhiba a la vez firmeza y sabia prudencia. Por esa razón respaldamos los esfuerzos que acometa el Gobierno Nacional para defender la soberanía de Colombia sobre un territorio que ha sido legítimamente suyo desde hace décadas.


* Economista. Ex Ministro de Hacienda de Colombia. Aspirante a la Presidencia de Colombia. Comunicado sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua