Diego Palacio B.
El Colombiano | Medellín | Publicado el 15 de diciembre de 2011
La semana pasada anunciaron con bombos y platillos la inclusión de 131 tecnologías (procedimientos, medicamentos o insumos), afirmando que fue la primera actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS) desde 1993.
Aunque hay que reconocer que es un importante avance, no contaron que entre 1993 y 2002 hubo una actualización y que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe se incorporaron 371 tecnologías, lo que significa casi el triple de lo recientemente anunciado.
Vale la pena recordar que el Plan Obligatorio de Salud es el conjunto de servicios a los que tienen derecho los afiliados y beneficiarios del sistema de salud.
Su finalidad es la protección, la prevención y la curación de enfermedades, incluyendo el suministro de medicamentos y el reconocimiento de indemnizaciones por incapacidad o pago por licencias de maternidad, en el caso del régimen contributivo.
Detrás de cada una de las incorporaciones que se hicieron durante el gobierno del presidente Uribe, existe un estudio público, juicioso y detallado de las implicaciones médicas y económicas que tiene cada una de estas incorporaciones.
Sobra decir que no es este un proceso ágil ni sencillo y que requiere del análisis pormenorizado y minucioso de expertos en la materia. Por algo las mejores entidades del mundo, por ejemplo el Instituto NICE, de Inglaterra, especializado en este tipo de evaluación, tienen la capacidad, en "plena producción", de evaluar un máximo de cincuenta (50) tecnologías por año.
Llama la atención que aquí, en tan solo 3 o 4 meses, fueron evaluados 346 elementos (lo que en Inglaterra hubieran hecho en siete años) y de estos decidieron incorporar 131 en lo que algunos consideramos un tiempo récord.
Una velocidad que suponemos que viene de la mano de su correspondiente y público estudio y no sólo por la recopilación de la información que entregaron los interesados en que su medicamento, procedimiento o insumo estuviera incorporado o excluido del POS.
Hay preocupación en el sector por el proceso. Cuentan que se hicieron contrataciones directas de cerca de mil millones de pesos, desconociendo que existen instituciones interesadas, con experiencia y capacitadas para participar y aportar. Se habla también de la gran cantidad de lobbystas que pulularon por esos días y que de alguna forma, podrían haber influido en dicho proceso. Por eso es urgente y necesario publicar la información técnico-científica analizada con su correspondiente respaldo cuanto antes, y estudiar el impacto en la Unidad de Pago por Capitación -UPC- así como las repercusiones que tendrá en la sostenibilidad fiscal del sistema.
Recordemos que el tema de la sostenibilidad es responsabilidad de la Comisión de Regulación en Salud (Cres), que es presidida por el ministro de Salud y Protección, Mauricio Santamaría, y cuenta con la participación del ministro de Hacienda.
Es indudable que la decisión de ampliar el POS es un paso importante, pero sólo es el inicio del proceso.
Para acallar rumores, enriquecer la discusión y legitimar el estudio, es fundamental hacer pública, cuanto antes, toda la información y aclarar la participación de dos de los comisionados que a pesar de que hace cerca de cinco meses terminaron su periodo para el cual fueron legalmente designados, siguen ejerciendo y decidiendo como comisionados.
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