Primer Borrador del Centro Democrático para el Agro Colombiano
1. Para el año 2030 el planeta necesitará aumentar la producción de alimentos en un 50%. Este reto tendrá en favor los avances de la ciencia, y en contra, la declinación probable de la productividad en un 25%, a consecuencia del cambio climático. Muchos países no podrán incrementar la producción de alimentos lo cual deberá ser compensado por crecimientos superiores en otros. Además, no muchos países pueden ampliar la frontera agrícola sin crear nuevos riesgos ambientales.
Presentado por Álvaro Uribe Vélez
Medellín, Abril 25 de 2013
Medellín, Abril 25 de 2013
Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Colombia deberán aportar volúmenes de producción mayores del 50% de los actuales.
2. El incremento requerido de la producción deberá tener en cuenta lo siguiente: cuidado con el medio ambiente, especialmente la protección de la selva y del agua dulce; los avances científicos; el equilibrio agropecuario con otras necesidades como el aumento de la demandas de energía y agua potable en un 50% y 40% respectivamente; la protección de los trabajadores rurales; y, el balance equitativo entre la remuneración de los productores y los precios asequibles a los consumidores.
3. El deber de Colombia y de América Latina es especialmente alto como quiera que la región en su conjunto cuenta con el 50% de las reservas de agua dulce del planeta, el 57% de la selva virgen y el 25% de la tierra aprovechable. Por supuesto, los riesgos de cosechas han sido históricamente mayores en la vecindad de la línea ecuatorial por los desórdenes de lluvias y sequías, ahora agravados por el cambio climático. Colombia no puede permitir destrucción de bosque ni para usos lícitos ni mucho menos para cultivos ilegales. La frontera agrícola debe expandirse solamente hacía las sabanas aun no explotadas. Nuestros países deben exigir a la comunidad internacional contribuir en la remuneración del cuidado de los bosques.
4. El programa Familias Guardabosques tiene hoy total validez, debe ser recuperado y ampliado no obstante que la actual administración presidencial no lo comprendió y lo abandonó.
5. El cuidado del agua dulce requiere proteger los bosques y rastrojos en orillas de ríos y quebradas, para lo cual se debe remunerar a los campesinos y exigir a los demás propietarios cumplir con estas disposiciones. Se necesita acelerar el acceso al riego con tecnologías de menor consumo de agua, con costos de adquisición razonables garantizados por el Estado. Así como se debe exigir el uso racional del agua con destino agropecuario se debe también permitir el acceso con cero o mínima tarifa.
6. El aumento sostenible de productividad debe estar basado en permanentes avances científicos y de incorporación de tecnologías. Los recursos de investigación, tal como lo dispuso Agro Ingreso Seguro, ahora con dineros de regalías debe estar disponibles a tiempo, no en vísperas electorales tal cual ocurre en este Gobierno. Se requiere agilizar el avance en la logística para los procesos de verificación de calidad de alimentos, de cumplimiento de requisitos phyto y phyto sanitarios de productos, que protejan frente a la indebida importación y garanticen la llegada de nuestros productos a mercados exigentes. No puede ser que el lacto suero se importe para remplazar leche en el consumo humano directo y la lecha colombiana tenga muy pocas posibilidades de ir a mercados de afuera.
7. Debe recordarse que los tratados de comercio sustituyeron la apertura unilateral con el propósito de no abrir solamente nuestro mercado sino poder llegar con los productos locales a los mercados externos. La revaluación del peso crea dificultades de competitividad a la producción nacional, con tratados o sin ellos. Durante nuestros Gobiernos se implementaron ayudas compensatorias a los productores, condicionadas al mantenimiento de las nóminas laborales, a la adopción de mejores prácticas de cultivos y al desarrollo de instrumentos de seguro de tasa de cambio. El actual Gobierno simplemente los desconoció señalándolos de corruptos. Algo parecido ha ocurrido con la ley Agro Ingreso Seguro, la mantienen vigente, le cambiaron de nombre y desaceleraron la aplicación. Un Gobierno en cabeza de uno de nuestros compañeros debe tomar todas las medidas, y desde un comienzo, para garantizar la competitividad internacional del campo colombiano.
8. Todos los trabajadores rurales deben estar afiliados a la seguridad social. El cumplimiento de este requisito debe ser condición para que los propietarios tengan acceso a los apoyos del Estado. La retención de una parte del ingreso en épocas de buenos precios, y en tiempos contrarios, la destinación de un porcentaje de las ayudas estatales, deben contribuir al pago de la seguridad social de los trabajadores rurales estacionales. El sindicalismo de participación, de relación solidaria, con empresarios con vocación social y trabajadores con vocación empresarial, a través de formas como los contratos sindicales, debe ampliarse. A este efecto hay que contrarrestar la tendencia del actual Gobierno que lo desconoce y de algunos congresistas que quieren eliminarlo.
9. La concreta redención social del campo debe empezar con aquello que se propone para todos los jóvenes de Colombia en educación, como por ejemplo, la jornada única con una primera etapa que proporcione dos comidas a los estudiantes. Además, las completas coberturas con calidad en primaria y secundaria, la formación vocacional y técnica desde el bachillerato, el acceso posible para todos los bachilleres a la universidad o a tecnologías del Sena, con una articulación que permita que en cualquier momento el tecnólogo obtenga el grado universitario. Es fundamental la acción combinada del Estado y los particulares para proveer recursos, garantías y administración a fondos de emprendimiento, en cantidad suficiente, para apoyar las iniciativas innovadoras de los jóvenes que ayuden a enfrentar el drama del desempleo juvenil. El Sena necesita abrir cupos para tener no menos de 1.5 millones de estudiantes en formación titulada en tecnología y multiplicar por 10 el Fondo Emprender. La revolución de la conectividad facilita la revolución educativa con formación virtual a distancia.
10. Colombia necesita apoyar la competitividad del agro en todos los niveles de propiedad legítima. A diferencia de Brasil y Estados Unidos donde hoy predomina la gran empresa, en Colombia hay una participación muy importante del pequeño productor. A diferencia de China e India, con 600 millones y 500 millones de campesinos pobres minifundistas, irredimibles, que en China van en creciente urbanización, Colombia cuenta con semilleros muy importantes de medianas y grandes empresas y experimentos muy exitosos de integración entre estas y pequeños productores. Estas integraciones, como las que se han hecho en palma africana, hay que promoverlas con firmeza no obstante que el discurso que alimenta el terrorismo desde La Habana las ha satanizado. Los colombianos de las ciudades deben conocer, que de las pocas parcelaciones de la vieja reforma agraria que se han reivindicado, son aquellas en las cuales se han integrado pequeños con medianos y grandes productores. En la mayoría de las otras predomina el rancherío pobre, con hacinamiento de tugurios, malezas y nula producción.
11. El apoyo al pequeño productor es un imperativo social y el apoyo al mediano y gran productor es un imperativo de mercado e ingresos nacionales. La conquista y mantenimiento de mercados necesita cantidades y calidades que grandes y medianos empresarios ayudan a cumplir.
12. El cooperativismo sigue siendo la forma de integración más importante no solamente para los pequeños sino para todos los productores.
13. Debe pensarse qué tareas de la Federación de Cafeteros se pueden trasladar al cooperativismo. La caficultura colombiana ha sido estabilidad social y estructura democrática de propiedad. Con los cafeteros, como con todos los sectores de la producción y del trabajo, un nuevo Gobierno, en cabeza de alguno de nuestros compañeros, debe mantener un diálogo sincero y permanente. El precio interno del grano, los costos de insumos, la renovación de la plantación, el apoyo prioritario a los pequeños y también la promoción de nuevas plantaciones, grandes y medianas, son elementos que pueden llevar a Colombia a ocupar de nuevo posición de vanguardia en la producción mundial. La mejor contribución del ingreso cafetero es su capacidad de irrigar toda la economía nacional, dado que se dedica en un 100% a la adquisición de bienes básicos para las familias, como calzado, vestuario y alimentación.
14. Defendemos los incentivos tributarios al campo y nos preocupa que hayan eliminado la deducción tributaria por ampliación de activos productivos y la ley que permitía los acuerdos de estabilidad en las normas impositivas. Los incentivos a las cooperativas deben mantenerse y buscar la manera de que amplíen sus coberturas.
15. La ley de tierras debe ajustarse a los objetivos de la legislación de extinción de dominio para ser totalmente estrictos en recuperación de la tierra mal habida, su devolución al legítimo propietario o la aplicación a desarrollos campesinos o de reivindicación de desplazados. Al mismo tiempo, se requiere toda la determinación en la defensa del propietario honesto y del tenedor de buena fe y en la sanción del reclamante de mala fe. La falta de compromiso para defender al propietario honesto y la demagogia para estimular el reclamo de mala fe son factores generadores de violencia, cuyos asesinatos ya se conocen.
16. Los impuestos a la tierra deben estimularla como bien de producción y como función social. Infortunadamente el discurso del Gobierno avanza hacia un catastro expropiatorio, propio de economías mafiosas y especulativas y dañino del ánimo productivo. Debe recordarse, que durante los ocho años de nuestros Gobiernos, introdujimos estímulos tributarios y financieros al campo y también se le gravó. En efecto, el avalúo rural total del país pasó, aproximadamente de 30 a 86 billones. La realidad ha sido otra a aquella que difunde el obsoleto discurso agrarista de la ambición política urbana.
17. Se reclama con justa razón acelerar el avance en infraestructura que este Gobierno ha desacelerado. Primero dijeron que el proyecto que dejamos en marcha y con velocidad, de riego y acueductos, del Rio Ranchería en la Guajira, era un elefante blanco. Después, solamente cuando la comunidad los presionó, se dieron cuenta que era una necesidad, no obstante, perdieron valioso tiempo. Es necesario concluir y operar grandes proyectos como el Triángulo del Tolima o los del Huila e iniciar otros. Además, replicar los exitosos experimentos de pequeños distritos que se adelantaron en Nariño y Boyacá. Un tema por resolver es definir esquemas administrativos eficientes, cuya ausencia sigue siendo notoria en buena parte del País.
18. Las obras de drenaje están vinculadas, en muy buena parte, al dragado de grandes ríos, cuyas sedimentaciones agravan inundaciones.
19. El campo necesita las grandes vías, las secundarias y las terciarias. En Antioquia hay un buen programa departamental de mejoramiento de vías terciarias. En otras partes de Colombia, apenas ahora, en vísperas electorales, el Gobierno Nacional se ha interesado en anunciar giros a los municipios para darles mantenimiento. No solamente se criticó a nuestro Gobierno por el Plan 2500 de vías municipales, sino que esta Administración ha carecido de la voluntad de concluirlo.
20. A pesar de alivios tributarios en insumos, estos siguen siendo comparativamente costosos. Encontrar cómo garantizar un precio más reducido es un gran reto. Debemos mirar los ejemplos de producción y mercadeo de insumos por intermedio de organizaciones gremiales y cooperativas.
21. Nosotros preferimos la seguridad en el campo que la impunidad al terrorismo. Esta dará titulares de medios, discurso de reelección y será partera de nuevas violencias. No podemos aceptar que el Gobierno que se eligió con la bandera de la seguridad, nos someta hoy al juego de ordenar al Ejército el combate a los criminales mientras a estos se les convierte en sus nuevos mejores aliados e inspiradores del futuro agropecuario. El Gobierno no resuelve sobre concesiones de terrenos, sin que salgan del dominio del Estado en la Altillanura, no hay ni desplazados ni empresarios en Carimagua, todo congelado. Estos temas parecen ser desconocidos por el Ejecutivo. Tampoco se atiende la necesidad de poner tiempo y vigilancia a la consulta a las comunidades para las grandes obras. Pero si se discute primero con el terrorismo, por ejemplo, las zonas de reserva campesina, utilizadas algunas como refugios de delincuentes, con la premisa de someter lo acordado a posterior decisión de la comunidad, que muy probablemente estará interferida por la ilusión mediática de la paz, que crea el riesgo de anular la reflexión sobre el daño de la impunidad y de la sustitución de los espacios de diálogo popular y democrático por unos terroristas que estaban en proceso de desarticulación. Creemos conciencia de que no puede haber un milímetro del territorio sin presencia de todas las instituciones del Estado, incluidos los policías y soldados que son la fuerza Constitucional de la Nación.
22. Estas líneas contribuyen a tener un primer borrador de propuesta sobre el campo colombiano. Pido a todos nuestros compañeros difundirlas, complementarlas, mejorarlas. A través de medios de comunicación, reuniones, grupos de estudio, redes sociales, difundamos aquello que debe acometerse para los trabajadores rurales, los campesinos, los medianos y grandes empresarios. Estudiemos cómo cuidar el agua y el bosque, cómo ser más competitivos. Pidamos a los periodistas que las miren más allá de nuestra obligada critica al actual Gobierno que ayudamos a elegir y que resultó, contrario a todo lo que anunció, convertido en el mejor aliado de los fracasos de Venezuela y Cuba, y en el mejor protector, no de los pobres de Colombia sino de los cabecillas terroristas, que eran valiosos objetivos militares de campaña electoral, ahora convertidos en valiosos colaboradores para que el País que empezaba a ser sobresaliente en seguridad, en inversión, en política social, en austeridad en el gasto suntuario, en diálogo popular, esté de regreso a la mediocridad. Con nuestros candidatos y compañeros trabajemos para que Colombia no sea condenada de nuevo a la mediocridad que solamente ha dejado pobreza e ilustrada discusión bizantina en lugar de dinamismo creativo. Elijamos un Gobierno que llegue a cumplir, a pasar con velocidad del dicho al hecho, a ser consecuente con la aspiración de los electores.
__________
I. Sobre las autopistas de doble calzada este Gobierno se ha lucido entregando tramos contratados por Andrés Uriel, de resto, perdió tiempo precioso con la justificación de que necesitaban consultorías de detalle. Ahora, apurados por las encuestas y la proximidad de las elecciones, han renunciado a la disculpa, y, han abierto procesos de contratación para que los adjudicatarios completen los diseños antes de empezar las obras, como lo había decidido nuestro Gobierno. Y lo que duele mucho, allí donde los congresistas los presionan anuncian autopistas, y en otros sitios, como en Antioquia y en la Costa Caribe, eliminan la posibilidad de los tramos progresivos a las anteriores concesiones y recortan las dobles calzadas. Qué error es esto! Argumentan que los retornos de tráfico de vehículos solamente darán para doble calzada en el año 2030. Tengamos en cuenta que casi ninguna doble calzada en nuestro medio en pagable con peajes, en su defecto, requieren cuantiosos aportes de Gobierno como lo entendimos y practicamos nosotros. En el caso de la Ruta del Sol entre Bogotá y Santa Marta, los peajes alcanzarán para el mantenimiento, la construcción va contra el presupuesto nacional. Si queremos competitividad tenemos que mirar las dobles calzadas con el criterio moderno de su contribución a que la economía crezca sostenidamente por encima del 6% y no con la estrecha visión de someterlas a la imposible condición de que los vehículos paguen la inversión. Si el país se pone por mejor camino, las ahora llamadas Autopistas de la Prosperidad, en poco tiempo quedarán saturadas y la segunda calzada será una lucha de otras, varias generaciones.
2. El incremento requerido de la producción deberá tener en cuenta lo siguiente: cuidado con el medio ambiente, especialmente la protección de la selva y del agua dulce; los avances científicos; el equilibrio agropecuario con otras necesidades como el aumento de la demandas de energía y agua potable en un 50% y 40% respectivamente; la protección de los trabajadores rurales; y, el balance equitativo entre la remuneración de los productores y los precios asequibles a los consumidores.
3. El deber de Colombia y de América Latina es especialmente alto como quiera que la región en su conjunto cuenta con el 50% de las reservas de agua dulce del planeta, el 57% de la selva virgen y el 25% de la tierra aprovechable. Por supuesto, los riesgos de cosechas han sido históricamente mayores en la vecindad de la línea ecuatorial por los desórdenes de lluvias y sequías, ahora agravados por el cambio climático. Colombia no puede permitir destrucción de bosque ni para usos lícitos ni mucho menos para cultivos ilegales. La frontera agrícola debe expandirse solamente hacía las sabanas aun no explotadas. Nuestros países deben exigir a la comunidad internacional contribuir en la remuneración del cuidado de los bosques.
4. El programa Familias Guardabosques tiene hoy total validez, debe ser recuperado y ampliado no obstante que la actual administración presidencial no lo comprendió y lo abandonó.
5. El cuidado del agua dulce requiere proteger los bosques y rastrojos en orillas de ríos y quebradas, para lo cual se debe remunerar a los campesinos y exigir a los demás propietarios cumplir con estas disposiciones. Se necesita acelerar el acceso al riego con tecnologías de menor consumo de agua, con costos de adquisición razonables garantizados por el Estado. Así como se debe exigir el uso racional del agua con destino agropecuario se debe también permitir el acceso con cero o mínima tarifa.
6. El aumento sostenible de productividad debe estar basado en permanentes avances científicos y de incorporación de tecnologías. Los recursos de investigación, tal como lo dispuso Agro Ingreso Seguro, ahora con dineros de regalías debe estar disponibles a tiempo, no en vísperas electorales tal cual ocurre en este Gobierno. Se requiere agilizar el avance en la logística para los procesos de verificación de calidad de alimentos, de cumplimiento de requisitos phyto y phyto sanitarios de productos, que protejan frente a la indebida importación y garanticen la llegada de nuestros productos a mercados exigentes. No puede ser que el lacto suero se importe para remplazar leche en el consumo humano directo y la lecha colombiana tenga muy pocas posibilidades de ir a mercados de afuera.
7. Debe recordarse que los tratados de comercio sustituyeron la apertura unilateral con el propósito de no abrir solamente nuestro mercado sino poder llegar con los productos locales a los mercados externos. La revaluación del peso crea dificultades de competitividad a la producción nacional, con tratados o sin ellos. Durante nuestros Gobiernos se implementaron ayudas compensatorias a los productores, condicionadas al mantenimiento de las nóminas laborales, a la adopción de mejores prácticas de cultivos y al desarrollo de instrumentos de seguro de tasa de cambio. El actual Gobierno simplemente los desconoció señalándolos de corruptos. Algo parecido ha ocurrido con la ley Agro Ingreso Seguro, la mantienen vigente, le cambiaron de nombre y desaceleraron la aplicación. Un Gobierno en cabeza de uno de nuestros compañeros debe tomar todas las medidas, y desde un comienzo, para garantizar la competitividad internacional del campo colombiano.
8. Todos los trabajadores rurales deben estar afiliados a la seguridad social. El cumplimiento de este requisito debe ser condición para que los propietarios tengan acceso a los apoyos del Estado. La retención de una parte del ingreso en épocas de buenos precios, y en tiempos contrarios, la destinación de un porcentaje de las ayudas estatales, deben contribuir al pago de la seguridad social de los trabajadores rurales estacionales. El sindicalismo de participación, de relación solidaria, con empresarios con vocación social y trabajadores con vocación empresarial, a través de formas como los contratos sindicales, debe ampliarse. A este efecto hay que contrarrestar la tendencia del actual Gobierno que lo desconoce y de algunos congresistas que quieren eliminarlo.
9. La concreta redención social del campo debe empezar con aquello que se propone para todos los jóvenes de Colombia en educación, como por ejemplo, la jornada única con una primera etapa que proporcione dos comidas a los estudiantes. Además, las completas coberturas con calidad en primaria y secundaria, la formación vocacional y técnica desde el bachillerato, el acceso posible para todos los bachilleres a la universidad o a tecnologías del Sena, con una articulación que permita que en cualquier momento el tecnólogo obtenga el grado universitario. Es fundamental la acción combinada del Estado y los particulares para proveer recursos, garantías y administración a fondos de emprendimiento, en cantidad suficiente, para apoyar las iniciativas innovadoras de los jóvenes que ayuden a enfrentar el drama del desempleo juvenil. El Sena necesita abrir cupos para tener no menos de 1.5 millones de estudiantes en formación titulada en tecnología y multiplicar por 10 el Fondo Emprender. La revolución de la conectividad facilita la revolución educativa con formación virtual a distancia.
10. Colombia necesita apoyar la competitividad del agro en todos los niveles de propiedad legítima. A diferencia de Brasil y Estados Unidos donde hoy predomina la gran empresa, en Colombia hay una participación muy importante del pequeño productor. A diferencia de China e India, con 600 millones y 500 millones de campesinos pobres minifundistas, irredimibles, que en China van en creciente urbanización, Colombia cuenta con semilleros muy importantes de medianas y grandes empresas y experimentos muy exitosos de integración entre estas y pequeños productores. Estas integraciones, como las que se han hecho en palma africana, hay que promoverlas con firmeza no obstante que el discurso que alimenta el terrorismo desde La Habana las ha satanizado. Los colombianos de las ciudades deben conocer, que de las pocas parcelaciones de la vieja reforma agraria que se han reivindicado, son aquellas en las cuales se han integrado pequeños con medianos y grandes productores. En la mayoría de las otras predomina el rancherío pobre, con hacinamiento de tugurios, malezas y nula producción.
11. El apoyo al pequeño productor es un imperativo social y el apoyo al mediano y gran productor es un imperativo de mercado e ingresos nacionales. La conquista y mantenimiento de mercados necesita cantidades y calidades que grandes y medianos empresarios ayudan a cumplir.
12. El cooperativismo sigue siendo la forma de integración más importante no solamente para los pequeños sino para todos los productores.
13. Debe pensarse qué tareas de la Federación de Cafeteros se pueden trasladar al cooperativismo. La caficultura colombiana ha sido estabilidad social y estructura democrática de propiedad. Con los cafeteros, como con todos los sectores de la producción y del trabajo, un nuevo Gobierno, en cabeza de alguno de nuestros compañeros, debe mantener un diálogo sincero y permanente. El precio interno del grano, los costos de insumos, la renovación de la plantación, el apoyo prioritario a los pequeños y también la promoción de nuevas plantaciones, grandes y medianas, son elementos que pueden llevar a Colombia a ocupar de nuevo posición de vanguardia en la producción mundial. La mejor contribución del ingreso cafetero es su capacidad de irrigar toda la economía nacional, dado que se dedica en un 100% a la adquisición de bienes básicos para las familias, como calzado, vestuario y alimentación.
14. Defendemos los incentivos tributarios al campo y nos preocupa que hayan eliminado la deducción tributaria por ampliación de activos productivos y la ley que permitía los acuerdos de estabilidad en las normas impositivas. Los incentivos a las cooperativas deben mantenerse y buscar la manera de que amplíen sus coberturas.
15. La ley de tierras debe ajustarse a los objetivos de la legislación de extinción de dominio para ser totalmente estrictos en recuperación de la tierra mal habida, su devolución al legítimo propietario o la aplicación a desarrollos campesinos o de reivindicación de desplazados. Al mismo tiempo, se requiere toda la determinación en la defensa del propietario honesto y del tenedor de buena fe y en la sanción del reclamante de mala fe. La falta de compromiso para defender al propietario honesto y la demagogia para estimular el reclamo de mala fe son factores generadores de violencia, cuyos asesinatos ya se conocen.
16. Los impuestos a la tierra deben estimularla como bien de producción y como función social. Infortunadamente el discurso del Gobierno avanza hacia un catastro expropiatorio, propio de economías mafiosas y especulativas y dañino del ánimo productivo. Debe recordarse, que durante los ocho años de nuestros Gobiernos, introdujimos estímulos tributarios y financieros al campo y también se le gravó. En efecto, el avalúo rural total del país pasó, aproximadamente de 30 a 86 billones. La realidad ha sido otra a aquella que difunde el obsoleto discurso agrarista de la ambición política urbana.
17. Se reclama con justa razón acelerar el avance en infraestructura que este Gobierno ha desacelerado. Primero dijeron que el proyecto que dejamos en marcha y con velocidad, de riego y acueductos, del Rio Ranchería en la Guajira, era un elefante blanco. Después, solamente cuando la comunidad los presionó, se dieron cuenta que era una necesidad, no obstante, perdieron valioso tiempo. Es necesario concluir y operar grandes proyectos como el Triángulo del Tolima o los del Huila e iniciar otros. Además, replicar los exitosos experimentos de pequeños distritos que se adelantaron en Nariño y Boyacá. Un tema por resolver es definir esquemas administrativos eficientes, cuya ausencia sigue siendo notoria en buena parte del País.
18. Las obras de drenaje están vinculadas, en muy buena parte, al dragado de grandes ríos, cuyas sedimentaciones agravan inundaciones.
19. El campo necesita las grandes vías, las secundarias y las terciarias. En Antioquia hay un buen programa departamental de mejoramiento de vías terciarias. En otras partes de Colombia, apenas ahora, en vísperas electorales, el Gobierno Nacional se ha interesado en anunciar giros a los municipios para darles mantenimiento. No solamente se criticó a nuestro Gobierno por el Plan 2500 de vías municipales, sino que esta Administración ha carecido de la voluntad de concluirlo.
20. A pesar de alivios tributarios en insumos, estos siguen siendo comparativamente costosos. Encontrar cómo garantizar un precio más reducido es un gran reto. Debemos mirar los ejemplos de producción y mercadeo de insumos por intermedio de organizaciones gremiales y cooperativas.
21. Nosotros preferimos la seguridad en el campo que la impunidad al terrorismo. Esta dará titulares de medios, discurso de reelección y será partera de nuevas violencias. No podemos aceptar que el Gobierno que se eligió con la bandera de la seguridad, nos someta hoy al juego de ordenar al Ejército el combate a los criminales mientras a estos se les convierte en sus nuevos mejores aliados e inspiradores del futuro agropecuario. El Gobierno no resuelve sobre concesiones de terrenos, sin que salgan del dominio del Estado en la Altillanura, no hay ni desplazados ni empresarios en Carimagua, todo congelado. Estos temas parecen ser desconocidos por el Ejecutivo. Tampoco se atiende la necesidad de poner tiempo y vigilancia a la consulta a las comunidades para las grandes obras. Pero si se discute primero con el terrorismo, por ejemplo, las zonas de reserva campesina, utilizadas algunas como refugios de delincuentes, con la premisa de someter lo acordado a posterior decisión de la comunidad, que muy probablemente estará interferida por la ilusión mediática de la paz, que crea el riesgo de anular la reflexión sobre el daño de la impunidad y de la sustitución de los espacios de diálogo popular y democrático por unos terroristas que estaban en proceso de desarticulación. Creemos conciencia de que no puede haber un milímetro del territorio sin presencia de todas las instituciones del Estado, incluidos los policías y soldados que son la fuerza Constitucional de la Nación.
22. Estas líneas contribuyen a tener un primer borrador de propuesta sobre el campo colombiano. Pido a todos nuestros compañeros difundirlas, complementarlas, mejorarlas. A través de medios de comunicación, reuniones, grupos de estudio, redes sociales, difundamos aquello que debe acometerse para los trabajadores rurales, los campesinos, los medianos y grandes empresarios. Estudiemos cómo cuidar el agua y el bosque, cómo ser más competitivos. Pidamos a los periodistas que las miren más allá de nuestra obligada critica al actual Gobierno que ayudamos a elegir y que resultó, contrario a todo lo que anunció, convertido en el mejor aliado de los fracasos de Venezuela y Cuba, y en el mejor protector, no de los pobres de Colombia sino de los cabecillas terroristas, que eran valiosos objetivos militares de campaña electoral, ahora convertidos en valiosos colaboradores para que el País que empezaba a ser sobresaliente en seguridad, en inversión, en política social, en austeridad en el gasto suntuario, en diálogo popular, esté de regreso a la mediocridad. Con nuestros candidatos y compañeros trabajemos para que Colombia no sea condenada de nuevo a la mediocridad que solamente ha dejado pobreza e ilustrada discusión bizantina en lugar de dinamismo creativo. Elijamos un Gobierno que llegue a cumplir, a pasar con velocidad del dicho al hecho, a ser consecuente con la aspiración de los electores.
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I. Sobre las autopistas de doble calzada este Gobierno se ha lucido entregando tramos contratados por Andrés Uriel, de resto, perdió tiempo precioso con la justificación de que necesitaban consultorías de detalle. Ahora, apurados por las encuestas y la proximidad de las elecciones, han renunciado a la disculpa, y, han abierto procesos de contratación para que los adjudicatarios completen los diseños antes de empezar las obras, como lo había decidido nuestro Gobierno. Y lo que duele mucho, allí donde los congresistas los presionan anuncian autopistas, y en otros sitios, como en Antioquia y en la Costa Caribe, eliminan la posibilidad de los tramos progresivos a las anteriores concesiones y recortan las dobles calzadas. Qué error es esto! Argumentan que los retornos de tráfico de vehículos solamente darán para doble calzada en el año 2030. Tengamos en cuenta que casi ninguna doble calzada en nuestro medio en pagable con peajes, en su defecto, requieren cuantiosos aportes de Gobierno como lo entendimos y practicamos nosotros. En el caso de la Ruta del Sol entre Bogotá y Santa Marta, los peajes alcanzarán para el mantenimiento, la construcción va contra el presupuesto nacional. Si queremos competitividad tenemos que mirar las dobles calzadas con el criterio moderno de su contribución a que la economía crezca sostenidamente por encima del 6% y no con la estrecha visión de someterlas a la imposible condición de que los vehículos paguen la inversión. Si el país se pone por mejor camino, las ahora llamadas Autopistas de la Prosperidad, en poco tiempo quedarán saturadas y la segunda calzada será una lucha de otras, varias generaciones.
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