NO HABRA CAGUAN

17 DE MAYO DE 2011

No habrá Caguán
ASTRABILIOSO



Por Erika Salamanca


La Ley de Orden Público fue la primera norma legislativa que firmó el presidente Santos en diciembre de 2010, en ella se prohíben las zonas de despeje para los grupos violentos y también se especifica que no habrá zonas vedadas para la Fuerza Pública. Muchos colombianos celebramos la sanción de la Ley, pues ella nos garantiza que el Estado no volverá a ceder ni un centímetro cuadrado del territorio nacional, no tendremos que someternos nunca más a entregar el país al terrorismo como lo hizo en su momento el gobierno de Andrés Pastrana con sus negociaciones en el Caguán y en cierta medida garantiza la presencia de la Policía en todos los rincones del país.

Entonces ¿por qué tenerle miedo a un Caguán II? El cambio en las políticas prometidas en campaña y el enfoque que le ha dado el presidente Santos a su gobierno nos han hecho dudar de ello, pero la Ley que él mismo firmó nos garantiza que no caerá en el juego de una zona de distensión. Sin embargo, ello no quiere decir que no pueda haber una negociación con las FARC o con otros grupos narcoterroristas.

El reconocimiento que ha hecho el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, al declarar que en Colombia sí hay conflicto interno armado, ha liberado sin ningún pudor, toda la felicidad de quienes abiertamente y sin temor de ser juzgados, son conocidos como simpatizantes, colaboradores y embajadores de las FARC. Para la muestra sólo hay que leer la última columna de Piedad Córdoba, en la que un aparte dice:
Por supuesto, nuestra mayor aspiración es que tras el reconocimiento que ya de manera irreversible ha producido al actual gobierno colombiano, se conjuguen todos los esfuerzos para potenciar una salida política negociada al conflicto armado, para una paz con justicia.

En mi calidad de coordinadora de Colombianas y Colombianos por la Paz, en el curso de 2010 y 2011 he recibido comunicaciones directas y expresas de las máximas comandancias de las organizaciones rebeldes FARC-EP y ELN, en las que se manifiesta su voluntad de regular o humanizar el conflicto armado.

A nadie debe quedarle duda, que el gobierno está abriendo la puerta y ha dado el primer paso para iniciar una negociación con las FARC, negociación, que, como lo decía al principio, no será objeto de zonas de distensión, dada la prohibición contemplada en la norma citada, pero que con toda certeza, se realizará en territorio internacional, en un país “amigo,” en donde las FARC se sientan como en casa. ¿Ideas? Aunque Hugo Chávez está dispuesto a ofrecer suelo venezolano para éste fin, el mandatario del hermano país no pasará de ser un “facilitador” en el proceso, pero ¿quién duda de la hospitalidad que puedan brindar Raúl y Fidel Castro? Sin manto de duda, los hermanos Castro abrirán las puertas de su isla para que ésta sea sede de los diálogos “farcsantes”.

No sería la primera vez, Cuba ha sido partícipe de diálogos previamente, Fidel estará feliz de volver a ser anfitrión. Por su parte, el gobierno de Colombia, anticipándose a los hechos, designó a un embajador de lujo en la isla, un ex vicepresidente de la República. ¿Alguien se pregunta por qué el Dr. Bell no está en una embajada en Europa y en cambio prefirió pasar una temporadita en la Habana? Les dejo la reflexión.

Lo cierto es que Colombia no puede devolverse a las épocas en las que se negociaba con terroristas, nada bueno quedó de ello. Antes de cualquier intento de negociación, los narcoterroristas del ELN, FARC, Paramilitares, etc., deben entregar a todos los secuestrados, comprometerse a no cometer actos terroristas y estar dispuestos a confesar sus crímenes bajo el marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz. Recordemos que la misma Ley de Orden Público mantiene las facultades al presidente de la República para iniciar procesos de paz. Sin embargo, vale la pena destacar que esta misma impide que se otorguen indultos individuales o colectivos a quienes hayan sido responsables de crímenes de lesa humanidad y hayan reclutado menores de edad, no importa que los actores de dichos delitos se acojan a procesos de paz.

Basado en lo anterior, es necesario que el gobierno colombiano deje claro a los grupos terroristas, que un diálogo de paz no abrirá ninguna posibilidad de indulto, tendrán que pagar cárcel. Entonces ¿querrán estos grupos tener una salida negociada? Juzguen ustedes mismos.