Peligroso precedente de la CSJ

Flaco servicio le hace al país la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con su auto inhibitorio a favor del ex congresista Wilson Borja, al descalificar como prueba de sus nexos con la guerrilla de las Farc los correos contenidos en los discos duros y las USB, incautados durante la operación ‘Fénix’ de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra el campamento de ‘Raúl Reyes’ en Ecuador, el 1 de marzo de 2008.

EDITORIAL EL MUNDO.COM 

Por la forma tan contundente como se echa por tierra ese arsenal probatorio, pareciera avanzar en el país una peligrosa izquierdización de la justicia, en la que no se juzga con el mismo rasero a todos los presuntos criminales.

Conocida la decisión y en vista del inmenso revuelo que causó, el presidente de la CSJ, Camilo Tarquino, quiso dar ayer un parte de tranquilidad diciendo que la misma no afectaba otras investigaciones “porque cada proceso es distinto y las pruebas varían en uno u otro caso”, lo cual sería una simple perogrullada si no se tratara, como en este caso, de un material probatorio tan excepcionalmente valioso que desde los más encopetados juristas –el procurador Ordóñez, entre muchos otros– hasta el ciudadano raso, entendíamos que era el punto de partida incuestionable para descorrer el velo sobre el funesto capítulo de la Farc-política y los nexos no sólo de políticos sino de personajes de la economía, el periodismo y la vida social con la organización narcoterrorista.

Dice el magistrado Tarquino que “la Corte lo que hizo fue un análisis jurídico de las pruebas recopiladas y respetó la operación militar que dio con la muerte de Raúl Reyes” y agrega que “la ilegalidad de la prueba se da porque fue recogida en Ecuador por personal de las FF. MM. colombianas sin la participación ni dar aviso al Gobierno ecuatoriano sobre este procedimiento”. Mal podía dar aviso a un gobierno al que no le tenía la mínima confianza. En el auto inhibitorio, según cita El Tiempo, se dice que las pruebas fueron obtenidas ilegalmente porque se violó un convenio de cooperación judicial suscrito con el vecino país en 1996, “convertido en ley y declarado exequible por la Corte Constitucional”. Extraña que la Corte ignore en su fallo el alegato jurídico que debió dar el Gobierno ante organismos internacionales, con la tesis de la legítima defensa del Estado ante la agresión terrorista que se fraguaba y se ejecutaba de mucho tiempo atrás desde territorio ecuatoriano, a ciencia y paciencia de altas autoridades de ese país. En esas instancias, Colombia demostró que en esos computadores estaba la prueba no sólo de la tolerancia, sino de la connivencia y aun colaboración de que gozaban en Ecuador y de ahí su decisión de atacar el campamento de ‘Reyes’ sin contar con ese gobierno, pues resulta obvio que hacerlo habría puesto en grave riesgo el éxito de la operación. 

Y en cuanto a la invalidez de la prueba porque fue recogida por el Ejército, lo que está documentado, incluso en videos ampliamente difundidos, es que fue la Policía, partícipe del operativo, la encargada de recoger esos computadores y entregarlos a la autoridad judicial competente para su guarda. En la decisión de la Corte de negar validez a esos elementos incautados, está implícita una acusación inaceptable de que la Policía colombiana en alguna forma modificó, desfiguró o alteró el contenido de esos discos.

Precisamente, la certificación de que no se violó la cadena de custodia ni se alteró en lo más mínimo el contenido, la dio meses después la Interpol, a solicitud del Gobierno de Colombia. Y para mayor abundamiento, hace apenas una semana, el Centro Británico de Estudios Estratégicos presentó los resultados de dos años de análisis del contenido total de esos computadores, y no sólo avaló académicamente lo que ya habían certificado los peritos de Interpol, sino que llegó a conclusiones que muchos encontraron sorprendentemente valiosas y de las que nadie puede decir que tuvieran algún tinte de parcialidad.

Por la forma tan contundente como se echa por tierra ese arsenal probatorio, pareciera avanzar en el país una peligrosa izquierdización de la justicia, en la que no se juzga con el mismo rasero a todos los presuntos criminales. Es obvio que, de prosperar la tesis de la Sala Penal, se vendrían abajo los procesos de la “Farc-política”, y por eso respaldamos y alentamos al señor Procurador para que siga dando la batalla jurídica contra ese exabrupto.