Carta de abogado defensor del ex ministro
Andrés Felipe Arias a MARÍA JIMENA DUZÁN
Columnista Revista Semana
Carta de abogado defensor del ex ministro Andrés Felipe Arias a una columnista.
Bogotá D.C., 5 de julio de 2011
Señora
MARÍA JIMENA DUZÁN
Columnista
Revista Semana
Ciudad
Señora periodista:
En el caso de AIS, como en todos los demás en donde he prestado mis servicios de abogado, por respeto a mis clientes, a la verdad y a la justicia, he tenido por costumbre no polemizar con ningún medio de comunicación cuando con fines inconfesables se valen de cualquier publicación para tergiversar los hechos e inducir decisiones judiciales proclives a sus intereses políticos. Y esto ha sido para mí una norma de conducta debido a mi indeclinable convicción de que los debates jurídicos y la respuesta a las imputaciones penales deben darse por las partes en los estrados judiciales, a donde son convocadas para esos precisos fines. Esa la razón para abominar la justicia espectáculo, más aún cuando está atada a sesgos políticos.
Pero las tendenciosas aseveraciones que usted hace en su columna del último número de la Revista Semana, titulada “Poncio Arias”, en la cual no sólamente cuestiona la lealtad del doctor Andrés Felipe Arias con sus ex compañeros del Ministerio de Agricultura, sino también la moral del señor Procurador General de la Nación como cabeza del Ministerio Público, obviamente para presionar un fallo disciplinario en contra de aquél, e igualmente pone en vilo la ética profesional del suscrito y la de su compañero de bufete; ha sobrepasado el límite de una tolerancia razonable y de mi piadoso silencio respecto de las abusivas presiones mediáticas al sistema judicial.
Para todos los abogados defensores de los ex funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que hasta ahora hemos intervenido en el caso AIS, como no podía ser de otra manera si se mira sin sesgos políticos este programa que tiene como exclusivo fundamento una ley de la República, la defensa tanto técnica como material se ha hecho sobre la base de que en la gestación, contratación y ejecución de los distintos convenios del programa Agro Ingreso Seguro se procedió conforme a la Ley y por consiguiente tales acciones no pueden ser constitutivas de ningún delito, contrario a lo que sin fundamento probatorio ha sostenido la Fiscalía.
Lo anterior significa que ni una sola persona de las que de una u otra manera participaron en cualquiera de las etapas de dicho programa pudo incurrir en ninguna conducta punible, llámense ministros, viceministros, secretarios, jefes de oficina jurídica, asesores técnicos, en general funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incluidos los de la administración actual que restablecieron y prorrogaron los convenios por dos años, ni los funcionarios del IICA o sus expertos, como tampoco la inmensa mayoría de los beneficiarios del programa.
Esta realidad, que no ha sido refutada, hace imposible la “incompatibilidad” o el conflicto de intereses entre los injustamente imputados, e inconcebible una descarga de responsabilidades de unos en otros, imaginada con el deseo por usted, menos cuando las manipuladas declaraciones del ex ministro Arias en la Procuraduría, acerca del rol que cada quien cumplió en la contratación o en la implementación de los convenios, están referidas a una actuación, mayor o menor según las propias competencias, desarrollada siempre en el estricto marco de la legalidad, como así lo han reconocido invariablemente todos los ex funcionarios imputados.
Otra cosa es lo sucedido con unos pocos beneficiarios, quienes, para obtener más beneficios de los debidos, engañaron al IICA y al Ministerio valiéndose de documentos falsos y de otras maniobras fraudulentas, según lo dicho por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al aprobar las conciliaciones a que se llegó con ellos en la Procuraduría, y lo ratifican los allanamientos a las imputaciones o los preacuerdos que los primeros han hecho en la Fiscalía.
Es esto último lo que motivó el escándalo y podría constituir el único acto de corrupción posible en AIS, pero paradójicamente esos aislados desmanes también fueron suficientes para que los detractores del ex ministro satisficieran su odio satanizando todo el programa, llevándose de calle no sólo la honorabilidad de éste sino también, y con igual saña, la de todos los que de alguna manera tuvieron que ver con AIS, al punto de lograr para ellos, es decir para los engañados, el injusto e indignante calificativo de “personas peligrosas para la sociedad”.
Así pues, aunque un poco tarde, apelo a su ética profesional, pero especialmente a su debido respeto a la justicia y a sus lectores, para que continúe ejerciendo un periodismo de denuncia pero sin arrogarse la condición de juez o al menos sin las pretensiones abusivas de inducir decisiones judiciales al conjuro de sus pasiones políticas.
Atentamente,
Jorge Aníbal Gómez Gallego
Abogado defensor
La semana que termina hoy ha tenido unos contrastes dolorosos.
