Explosivo auto inhibitorio
Por Eduardo Mackenzie
25 de mayo de 2011
Los nueve magistrados de la CSJ que declararon ‘ilegal” la documentación decomisada en el campamento ecuatoriano de “Raúl Reyes”, pretenden destruir la prueba más contundente que el Estado colombiano tiene sobre la amplitud y peligrosidad de la actividad de las FARC.
Con su auto inhibitorio ellos pretenden desbaratar las investigaciones en curso, y las futuras, sobre la guerra subversiva (militar y política) que adelantan las FARC contra el Estado y contra la sociedad colombiana. Pretenden borrar las actuaciones ilegales de los presidentes Chávez y Correa a favor de esa organización narco-terrorista, reveladas por el abatido “Reyes” en sus archivos electrónicos.
Buscan crear una base artificial para la rehabilitación de gente cuestionada como Wilson Borja y Piedad Córdoba y otros delincuentes de las FARC. La suspensión del proceso en Chile contra el comunista Manuel Olate, pedido por Bogotá por sus vínculos con las FARC, es apenas un primer efecto externo de la absurda medida.
Esos magistrados quieren borrar del ámbito judicial toda huella del alcance de las operaciones de las FARC, de la perversidad de sus acciones y, sobre todo, de su infiltración en la sociedad colombiana. Las víctimas de las FARC, los que están y los que fueron secuestrados por ellas, y las familias de quienes murieron o fueron heridos, mutilados y extorsionados por las FARC, no olvidarán nunca lo que acaban de hacer esos nueve magistrados.
Al cuestionar la Operación Fénix, un acto de legítima defensa de Colombia, respaldado en legislación internacional vigente, los nueve cruzaron una línea que ningún colombiano, salvo los miembros de las FARC, había osado cruzar.
El presidente de la CSJ dice que el auto no cuestiona la incursión militar en Sucumbios, pero que las pruebas recogidas allí son ilegales. El y los otros firmantes del auto no saben ahora cómo salir de esa contradicción. El pretexto de que Colombia, al recoger esas pruebas, violó un pretendido “tratado de cooperación judicial” entre Colombia y Ecuador, es débil. Ese “tratado” nunca fue respetado por Quito, sobre todo cuando los intereses de las FARC estaban de por medio.
Los nueve se comportaron, por eso, como tinterillos de dos regímenes detestables, enemigos de Colombia, el de Chávez y el de Correa, y como instigadores de hecho de futuros litigios internacionales contra Colombia, cuya forma final nadie podrá predecir. La responsabilidad de lo que ocurra en ese campo recaerá sobre los nueve.
Los alcances anti colombianos del absurdo auto inhibitorio son enormes. Chávez y Correa soñaban con darle un golpe brutal a nuestro país pero ello había sido imposible hasta ahora. La situación ha cambiado. Colombia está ahora expuesta a cualquier aventura. La estrategia del caballo de Troya está dando resultados espectaculares.
Por una combinación muy especial, que algún día el país descubrirá, esa gente y las FARC obtuvieron un formidable regalo judicial. Y, lo peor: consiguieron eso al mismo tiempo que lograban la neutralidad del gobierno de Juan Manuel Santos. Este, que dice estar “respirándole en la nuca” a Alfonso Cano, recibió la noticia del explosivo auto inhibitorio sin inmutarse. El nuevo golpe de la CSJ contra la seguridad y la estabilidad nacional no le quita el sueño a ningún miembro del gobierno actual. Lo cual muestra una cierta miopía, pues el coletazo de esa decisión podría llegar hasta el mismo presidente Santos, quien hizo parte, como ministro de Defensa en esa época, de la cadena de mando de la incursión en Ecuador.
Este episodio deja otra impresión desagradable: que los nueve obraron con criterio político inspirados por la agenda de terceros países, donde la justicia fue transformada en instrumento de persecución política y de lucha revolucionaria.
El grupo que dirige la CSJ es el mismo que violó la Constitución colombiana al retirarle de hecho al presidente Álvaro Uribe la potestad de nombrar Fiscal General. Ante la impotencia de los poderes públicos para bloquear esa grave deriva, la clique prosigue su labor: desmontar, capítulo tras capítulo, nuestro sistema político, pues éste, parece, es un obstáculo a la realización de la justicia “social”.
Con el triste episodio del auto inhibitorio el país constata, una vez más, que un organismo de justicia ha substituido a la justicia, y que ese organismo no elegido por nadie exhibe pretensiones que van más allá de lo que un colombiano puede tolerar: un gobierno en la sombra que obra por encima del gobierno visible, y que solapadamente lleva al país hacia la dependencia de una tiranía extranjera.
Esos esfuerzos arteros, si las mayorías colombianas no los desbaratan, mediante una movilización masiva y permanente de repudio a tales engendros, terminarán en algo terrible: en una dictadura castrista en nuestro suelo, o en una guerra civil, pues Colombia no se dejará llevar a esa catástrofe sin reaccionar y sin organizar su resistencia acudiendo a todos los medios posibles.
Con el mismo libreto y casi todos los mismos actores, las Farc y sus cómplices nacionales e internacionales, tendieron una nueva celada al gobierno colombiano durante la celebración de la populista cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), realizada la semana pasada en Caracas-Venezuela. Y Santos cayó en la trampa a pesar de que dice que "al perro no lo capan dos veces".
