LA “JUSTICIA” QUE SUFRIMOS

Por Rafael Nieto Loaiza

No cesa el palo de los jueces a nuestra fuerza pública. Primero las sentencias absurdas y contrarias a los tratados de derechos humanos, antes contra el general Uscátegui y después contra el coronel Plazas Vega y el general Arias Cabrales. Son condenados sin que el crimen esté probado, sin pruebas contra ellos, con testigos falsos, en abierta violación de los principios de no retroactividad y de favorabilidad en materia penal, sin delito pretederminado y con base en una interpretación amañada de una doctrina penal que lleva a concluir que las Fuerzas Militares son una organización criminal y no el aparato legítimo para usar la fuerza del Estado. Unas semanas más tarde la joya de la “Suprema”, que ampara a los criminales de las Farc y que hace jurídicamente inviable el uso de las memorias informáticas de Raúl Reyes, la más valiosa información que se haya tenido nunca en la lucha contra los terroristas. Ahora la decisión del Consejo de Estado de condenar a la Nación por la toma de las Delicias, con el argumento de que al Gobierno le faltó previsión cuando ubicó la base militar en ese lugar.

Olvida el Consejo que esas bases deben estar precisamente en lugares peligrosos, que es de la naturaleza de la tarea de militares y policías enfrentar esos riesgos, y que la situación de la Fuerza Pública en esos años era sumamente precaria. Militares y policías no contaban entonces con los medios y presupuestos de hoy (el Ejército, por ejemplo, no tenía aviación y los helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea eran pocos y estaban en mal estado) y tampoco tenían el apoyo del Gobierno o de la ciudadanía. La consecuencia de esa situación no puede ser, sin embargo, como se deduce de la sentencia del Consejo, que el Estado no podía instalar bases militares en áreas de peligro. Con esa argumentación la Nación siempre saldrá perdiendo: la condenarán por no haber protegido a la población que tenía que sufrir a las Farc y la condenarán también por enviar a militares y policías a cuidar a los civiles en condiciones que, como en las Delicias, estaban lejos de ser las ideales.

Miguel Angel Beltrán, (alias Jaime Cienfuegos) profesor de la Universidad Nacional, miembro de las FARC

Para rematar, el Consejo pide investigar penalmente a las autoridades militares y civiles de la época. La consecuencia de la decisión del máximo tribunal de lo contencioso será una seguidilla de sentencias contra el Estado por casos en que las Farc y el Eln atacaron bases militares y cuarteles de la policía y otra vena abierta para el desangre del presupuesto nacional. Y, claro, una sonrisa macabra en el rostro de la guerrilla que verá como los colombianos terminamos pagando por los crímenes que ella comete.

Porque no tengo duda de que después de ésta vendrán otras decisiones similares, tal y como empezó a ocurrir con el auto inhibitorio de la “Suprema” en el caso Borja. En el mejor de los escenarios el magistrado Tarquino, presidente de ese tribunal, es un ingenuo que sostiene que ese auto no afecta otras investigaciones “porque cada proceso es distinto y las pruebas varían en uno u otro caso”. Ingenuo, digo, para no decir otras cosas que ofendan a la “Suprema”, ahora tan sensible como una insegura adolescente. Los jueces, sin embargo, no son ingenuos. Y ya el primero decidió dejar en libertad a Jaime Cienfuegos, el profesor dedicado a hacerle proselitismo y reclutar estudiantes para las Farc, como está plenamente demostrado en los computadores de Reyes.

Pobre país nuestro, con esta “justicia” que sufrimos.

Junio 05 de 2011

Niegan libertad al señalado de ser editor de la página de Anncol

Niegan libertad al señalado de ser editor de la página de AnncolJimmy Ávila | Junio 16 de 2011

Ante la juez Séptima especializada, la defensa de Joaquin Pérez Becerra, conocido como alias 'Alberto Martinez' pidió la nulidad del proceso al considerar que su cliente no hace parte de la organización y que no se puede tomar como referencia la información hallada en los computadores de alias 'Raul Reyes', incautados en territorio ecuatoriano porque la Corte Suprema de Justicia los rechazó como prueba al igual en el caso del exsenador Wilson Borja militante del Polo Decromatico otro proceso que se derrumbó fue contra el profesor de la Universidad Nacional Miguel Angel Beltran.

La juez además dijo que se abstiene de analizar la legalidad de las pruebas, al decir que no es el momento procesal.

Sin embargo, la fiscal 19 Nancy Pardo dijo que no se puede aplicar la absolución por que tiene ademas cuatro testimonios que incriminan a Pérez Becerra.

Alias Alberto Becerra capturado en Venezuela es sindicado de hacer parte de la red internacional de las Farc y editor de la agencia de noticias Anncol.

El ‘profesor Cienfuegos’

El ‘profesor Cienfuegos’

Admirables, por decir lo menos, las intervenciones de la procuradora Mónica Sánchez y del fiscal Ricardo Bejarano el viernes pasado durante la audiencia pública en la que una jueza penal de Bogotá absolvió de todos los cargos al “profesor universitario” Miguel Ángel Beltrán Villegas, conocido entre las autoridades con el alias rimbombante de “Jaime Cienfuegos”.

Pese a que Sánchez y Bejarano tenían claro que sus argumentos -tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal todo lo relacionado con los computadores del extinto cabecilla de las Farc Raúl Reyes-; pese a que tenían claros sus argumentos, digo, y a que en el contexto del caso sería como arar en el desierto, ninguno se arredró y, por el contrario, demostraron ser dos funcionarios judiciales a los que les duele el país.

Al referirse al bombardeo del primero de marzo de 2008, en el que las fuerzas militares de Colombia dieron de baja en territorio ecuatoriano a Raúl Reyes, la procuradora Sánchez explicó que el hallazgo de los computadores del mencionado jefe rebelde no fue parte “de una operación de registro y allanamiento… Estamos -precisó- en un escenario donde hay actos urgentes que desplegar, en el contexto de fuego hostil en que se recuperan parte de los hallazgos y las evidencias”.

Es decir, en concepto del Ministerio Público, el objetivo de la legítima “Operación Fénix” era abatir a Reyes, y lo encontrado e incautado por el Ejército y la Policía de Colombia en el campamento guerrillero era un agregado, era una ganancia. 

Con ese argumento, en consecuencia, se desprende que como el operativo militar fue legal, contra el terrorismo y en defensa de los intereses de la República, el contenido de los computadores de Reyes no puede considerarse ilegal.

Beltrán fue capturado en México en mayo de 2009. Este sujeto -según las autoridades colombianas- tenía como meta reclutar para las Farc estudiantes en la capital mexicana. Así mismo, afirman que este personaje participaba en eventos internacionales afines a una organización a la que la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos consideran terrorista.

Con base en los correos electrónicos que se cruzó con Reyes, dijo en la audiencia del viernes el fiscal Bejarano, las autoridades plantearon la hipótesis de que Beltrán Villegas y “Jaime Cienfuegos” serían la misma persona, aunque él y su defensa siempre lo han negado. 

Se estableció, por ejemplo, que cuando Beltrán estaba en Medellín o en Bogotá o en Cali, los correos de “Jaime Cienfuegos” hablaban de una persona que para esos mismos momentos, casualmente, estaba en esas ciudades. Los PC de Reyes eran definitivos para definir ese asunto.

Pero la jueza del caso “Beltrán-Cienfuegos” no podía pasar por alto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que todo lo relacionado con las computadoras de Reyes es ilegal. Por eso absolvió. A la salida de la audiencia pública en el complejo judicial de Paloquemao, en el centro de la capital colombiana, les dijo a los reporteros: “Triunfó la libertad”…

Ahora sigue el derrumbe de los otros 28 procesos que la Fiscalía colombiana abrió con base en los computadores del “filántropo” Raúl Reyes. En cuestión de días la defensa de Joaquín Pérez Becerra -director, jefe de redacción, gerente y administrador de Anncol, o el portal oficial en Internet de las Farc- también pedirá su libertad y el juez del caso -así no lo quiera- tendrá que concederla.

En Chile, donde se sigue un proceso de extradición a Colombia del ciudadano de ese país Manuel Olate Céspedes, deben estar burlándose de nosotros hasta el desmayo. Ya no importan las fotos en las que este supuesto diseñador gráfico está abrazado con Raúl Reyes e Iván Márquez. 

Lo importante ahora es que según la jurisprudencia, los abrazos de “Cienfuegos” con Reyes y Márquez no deben existir en ningún proceso judicial porque fueron abrazos “ilegalmente conseguidos” (No quiero ahondar en los casos de la española Remedios García Albert y de la mexicana Lucía Morett porque se me acabó el espacio).

P.D. Alguna vez dos personajes llamados Guillermo León Sáenz Vargas y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga estuvieron detenidos en cárceles colombianas. Inexplicablemente alguien permitió que quedaran libres o, mejor, que se fugaran. Hoy son, respectivamente, “Alfonso Cano” y “Oscar Montero. El primero es el máximo cabecilla de las Farc. El segundo comanda la sanguinaria columna móvil “Teófilo Forero” de esa organización guerrillera. ¿Si será cierto que los ejemplos son odiosos?

Juan Carlos Moncada
Kienyke.com

Auto de caso 'Reyes' es 'alta traición a la patria': fiscal Ricardo Bejarano

Por: Elespectador.com

Así calificó el investigador la decisión de la Corte en la audiencia donde fue absuelto el profesor Beltrán por Farcpolítica.

Como un caso de “alta traición a la patria” calificó el fiscal Ricardo Bejarano la decisión de la Corte Suprema de declarar ilícitas las pruebas recaudadas en el campamento donde fue abatido el número 2 de las Farc Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, minutos antes de la absolución del profesor Miguel Ángel Beltrán, quien había sido sindicado de ejercer labores diplomáticas en favor del grupo insurgente.
 
“En mi criterio respetuoso, considera la Fiscalía, su señoría, que ese fallo de la Corte es un fallo sesgado  de la realidad; es un fallo que constituye una alta traición a la patria”, indicó el representante de laUnidad Nacional Antiterrorismo del ente acusador.
 
Agregó que la Sala Penal “usurpó las funciones de un tribunal internacional”, que era el único competente para emitir un juicio en ese sentido. Señaló que cuando se desconoce la existencia de un conflicto y el derecho del Estado colombiano a defenderse del terrorismo se le genera un costo altísimo a las instituciones. 
 
“Parece que definiera de tajo, a través de las competencias del tribunal internacional, lo ocurrido a través de la ‘Operación Fénix’”, sentenció el fiscal, quien aclaró que respeta el contenido del auto que, según sus reflexiones, ni siquiera podía ser valorado en el proceso del profesor Beltrán.
 
Bejarano señaló que aún cuando es un oficial en uso de buen retiro y que “le gustan las Fuerzas Militares”, ello en nada menoscaba su actuación dentro del proceso, pues son sus reflexiones y análisis sobre la Ley y la Constitución las que sostienen el por qué de su postura en el caso. Dijo que al profesor Beltrán se le juzgaba por haber colaborado con “una organización terrorista”, como Las Farc, y no por su pensamiento crítico frente a la realidad nacional.
 
Dijo que la academia debía sentirse traicionada por Beltrán, quien gozando de una gran capacidad para aportarle intelectualmente al país, terminó poniendo sus conocimientos al servicio de la insurgencia armada.
 
Miguel Ángel Beltrán Villegas había sido privado de su libertad desde el 22 de mayo de 2009, cuando fue detenido en ciudad de México, sindicado de pertenecer a la Comisión Internacional de las Farc, hecho que terminó siendo desvirtuado en desarrollo del juicio que por más de dos años afrontó.
 
El sociólogo había sido acusado de rebelión y concierto para delinquir con fines definanciación del terrorismo, cargos que para la juez Cuarta Penal Especializada de Bogotá no podían prosperar, porque no había indicio de que el acusado fuera realmente el hombre identificado en los archivos de ‘Reyes’ como ‘Jaime Cienfuegos’, quien parecía ejercer labores de difusión y propaganda del grupo guerrillero en el exterior.
 
Entre otros elementos, la operadora jurídica también tuvo en cuenta el señalamiento de la Corte en el caso del excongresista Wilson Borja, archivado por la Corte Suprema de Justicia, que en el auto inhibitorio que emitió en ese entonces declaró la ilicitud de los elementos de prueba hallados en el campamento del extinto ‘Raúl Reyes’.