Prohibida la defensa

HÉCTOR HERNÁNDEZ AYAZO

Nuestro sistema penal ha dado un audaz paso. Al acusado se le prohíbe ser diligente para armar su defensa. Es el corolario forzado que brota de la argumentación empleada para enviar a la cárcel al exministro Andrés Felipe Arias, por sus actuaciones en el caso Agro Ingreso Seguro.

El respeto que se profese al poder judicial no basta, en este caso concreto, para impedir que se piense que la pasión política prevalece sobre el derecho y el espíritu de venganza desplaza el ánimo de justicia.

Si existen claras y contundentes pruebas de andaduras delictuosas de Arias, no tiene justificación que se acuda a construir una tesis que significa una verdadera amenaza a la libertad. La razón aparente para llevar a la cárcel a Arias es la infatigable actividad desplegada para construir su defensa, lo que desde luego incluye hablar con sus antiguos colaboradores, algunos de ellos ya detenidos por el mismo sonado caso de los subsidios. Arias hacía lo mismo que debe estar haciendo el alcalde Moreno Rojas o que debió hacer la Fiscal cuando fue acusada ante la Corte Suprema por la absolución de Samper.

Quiérase o no, la lectura del hecho traduce que Arias es mandado a prisión porque su libertad pone en peligro los designios de acusarlo y condenarlo. Es necesario que carezca de pruebas para que la caricatura de juicio tenga apariencias de proceso serio.

¿Por qué no se aplica la misma doctrina a la Farcpolítica? ¿Por qué no hay justicia igual para todos bajo el imperio de una misma ley?

Libre, Arias puede hablar con quienes trabajaron con él, recordar hechos, buscar documentos, ser ayudado a localizar testigos, conversar con éstos, tener reuniones con quienes defienden a otros inculpados en el mismo caso de Agro Ingreso Seguro. En suma, Arias puede defenderse y la máxima venganza que la politizada justicia tiene contra Uribe se pone en peligro. Se teme que Arias pueda demostrar que no ha delinquido. Para evitarlo, hay que encerrarlo.

¿A quiénes puede pedirle Arias información para reconstruir hechos, rememorar explicaciones de las decisiones adoptadas, encontrar documentos, identificar la participación de cada uno en el largo proceso de trámites e instancias del programa AIS sino a sus antiguos colaboradores? ¿Acaso podrían hacerlo los bomberos de Bogotá, los empleados de un hospital o sus enemigos políticos?

Arias es culpable por ser allegado a Álvaro Uribe, es “Uribito”, y su escape es una derrota infamante para la empresa de venganza contra el expresidente.

La Fiscalía puede ofrecer principios de oportunidad y rebajas de pena a los mismos que visitó Uribito si declaran contra él o puede proyectar la sombra ominosa de una petición de condena máxima contra quien no colabore en comprometerlo. Es decir, la Fiscalía puede usar el soborno o el chantaje jurídicos. El acusado debe quedar inmóvil, atado a un poste, esperando que se fragüen las evidencias en su contra y se prenda la hoguera.

Este episodio es la negación del derecho de defensa y una campanada más para que el pueblo colombiano se alerte y reclame una nueva constituyente que nos libere de unas instituciones judiciales sin control que, hoy, son una amenaza para más de un ciudadano de bien.

*Abogado – Docente de la Universidad del Sinú – Cartagena

hhernandez@costa.net.co

¿Fiscales y Magistrados o inquisidores ideológicos?

¿Fiscales y Magistrados o inquisidores ideológicos?

Bladimir Diaz

Justicia: Principio moral que guía las acciones humanas según la verdad, el respeto a los demás y el reconocimiento de lo que toca o pertenece a cada quien: 

Los jueces deben a su vez, actuar con justicia, buscar la justicia, aplicar sus fallos mirándola solo a ella con el ejemplo diáfano del sentido de justicia. 

Los abogados a su vez en ejercicio de su encargo, coadyuvarán a la sana aplicación de este principio consagrado en la ley del hombre y para el hombre, concurrir para que su administración por parte de los jueces y las instituciones judiciales sea conforme a los mandamientos que el mismo hombre escribió para someterse a ella y en nombre de la justeza velar por su defendido, con honor e hidalguía: al ciudadano amo y a la vez subordinado de ella, por naturaleza le corresponde pedir justicia, presentarse ante la justicia, acatar la justicia, cumplir lo que en justicia justa sus jueces resuelvan. 

Eso y solo eso es lo que pediría en nombre de la Constitución y del Estado de Derecho, a cualquier funcionario que no es precisamente cualquiera, y que está encargado de ese sagrado y preciado principio humano, ¿será que eso es muy difícil? Seguro que NO lo es. 

¿Será acaso que no se puede? ¿No se quiere? ¿O no les importa? Pareciera que fuera lo último. No les estamos pidiendo a fiscales y jueces que odien, que inventen, que maltraten, que humillen, mucho menos que tomen las armas y combatan a los violentos, o que desactiven bombas, ni minas anti personas, ni que rescaten secuestrados, tampoco les pedimos que combatan a los narcotraficantes, ni que sean sacerdotes, o médicos, NO. 

No les pedimos eso. Señores solo les pedimos algo muy sencillo, cumplan la constitución, la ley, y el juramento que hicieron nada más. Magistrados Corte Suprema de Justicia Señores jueces, señores fiscales, los valores superiores de la nación y del pueblo Colombiano, no son negociables, no son materia de interpretación, la dignidad de esta patria está por encima de las motivaciones egoístas que cargan las ideologías políticas, religiosas y las mezquinas motivaciones personales como el odio, la ira, la prepotencia y el desprecio entre las más dañinas y que han asomado en los extremos de la década pasada y comienzos de esta, no solo en la argumentación y justificación de atropellos, sino en su fútil actuar frente a algunos ciudadanos. 

De niño me enseñaron en la materia de cívica y urbanidad, que LA VENDA que lleva en sus ojos la imagen que simboliza la justicia, sentencia que en su aplicación no habrá distinciones que es una reafirmación de garantía e imparcialidad, LA BALANZA como instrumento de cálculo sugiere la búsqueda de un resultado cierto, justo en el sentido de exacto. 

La balanza cumple además con una función alegórica de referirse al acto de juzgar, cortar, separar, dividir, poner final al conflicto como parte de su fundamento y deber, LA ESPADA, según Gustav Radbruch, es un atributo colocado por los griegos a Temis y a Diké, que más tarde los romanos dieron a su Aequitas el atributo de la balanza y a los que posteriormente, en la temprana Edad Media, se unen los símbolos de la balanza y la espada. 

LA MIRADA No tiene mirada, se la suele representar con los ojos vendados significando que el juez no necesita, ni debe saber, ni verlo todo del justiciable, que ha de limitar su juicio al hecho y sólo al hecho concreto, asegurando la vida tranquila de los ciudadanos. 

Pero la justicia en Colombia, no por culpa de ella, sino de quienes la representan y ejercen, no tiene el mínimo de esas concepciones doctrinarias milenarias de la raza humana, la justicia nuestra actúa en muchas ocasiones como los depredadores terroristas de las Farc y las BACRIM, intimidando al ciudadano en vez de darle garantías y confianza, soslayando las responsabilidades y culpas de unos, y atizando persecución injusta y sesgada en muchos casos contra quienes no son afines a algunas ideologías perversas y asolapadas, donde la verdad pareciera depender del color político del odio o de la prueba de la simpatías de quien ejerce justicia. 

Señores su simpatía debe ser la constitución y la ley, No se olviden de la relevancia de la venda para la imparcialidad, tampoco que la verdad es incolora porque es una sola, la verdad no tiene ni se sustenta en matices, sino en prueba cierta, real, irrefutable, y de testimonios cotejados. 

Pero pareciera que muchos de ellos esa máxima la desechan y acusan y condenan según la prueba de sus estados de ánimos, su odio o perversidad ideológica.

Bladimir Díaz.

EL QUE ES HONESTO SIEMPRE PIERDE

Por Rafael Gómez Martínez

PERIODISMO SIN FRONTERAS

“El justo castigo de los delincuentes es el primer resultado práctico que debe producir la justicia penal. La sociedad necesita ver y comprobar que los delitos no quedan impunes y que las investigaciones se realizan en un ámbito de equidad y dentro de una manifiesta eficacia de los sistemas investigativos”.

Son palabras de Álvaro Gómez Hurtado, consignadas en el editorial de El Siglo del miércoles 6 de abril de 1977. Más adelante, comentaría sobre cómo en Colombia se puede ser deshonesto u honesto por las mismas sentencias que emiten los entes judiciales. Algunas veces carentes de criterio porque se dejan llevar por el factor emocional (el querer) y no por el racional, (las pruebas).

En Colombia, el sustento de las pruebas es muy endeble porque la justicia, con minúscula, así lo es. Si a todo lo anterior se le suma la violación de la reserva sumarial por parte de los medios de comunicación, falsos testigos, firmas falsas, retractación de testigos, etc…

La desmoralización de la sociedad colombiana se encuentra en el orden del día, desde que se avaló el comportamiento delictivo como tal. A tal punto que, hoy por hoy, no contamos con un referente moral. Por eso, quien es honesto tiene todos los problemas que tiene. Y, por esta razón, quien es honesto siempre pierde.

La descomposición moral de la sociedad comienza desde su célula básica y primaria que es la familia. La familia, debería ser la encargada de cimentar los valores de convivencia en la misma sociedad.

Como la sociedad decidió convivir con el delito, este comportamiento delictivo, a su vez, llegó a la familia. De tal forma que, hoy día ser infiel, por ejemplo, es un modus vivendi. Entonces, la culpa siempre será del sofá y no de quien fue infiel.

Álvaro Gómez Hurtado, su crimen sigue en la impunidad

De la misma manera se pretende culpar al busto de Laureano retirándolo de la calle 94. Cuando lo que se debería exigir es que el Estado garantice vida, honra, bienes y seguridad. La culpa es del sofá.

La sociedad del siglo XXI, en general, tiene un concepto más de libertinaje que de libertad. La libertad se consigue con el orden y como el Estado ha perdido la capacidad de garantizar el orden, el busto de Laureano lo desprotegieron a pesar de las amenazas, la sociedad ha perdido todo el concepto de lo que ese valor significa.

En un país como Colombia, donde la inversión de los valores se encuentra a la orden del día, el hombre honesto siempre tendrá las de perder. Si en Colombia se quiere avanzar hacia la paz, el primer valor de la sociedad debería ser la Justicia. Bajo este criterio, los entes de control encargados de impartirla, tienen una gran oportunidad.

Puntilla. ¿De cuándo acá, una alcaldesa encargada con menos de quince días de posesión, realiza una campaña de divulgación sobre la gestión de su gobierno? Samuel, nada que renuncia. No tiene vergüenza.

Julio 02 de 2011

CORTE A LA FARCPOLÍTICA

CORTE A LA FARCPOLÍTICA

21 de mayo de 2011 | La Claridad | Por: Paloma Valencia Laserna

Olvida la Corte el principio constitucional según el cual prima el derecho sustancial sobre el procesal. El derecho sustantivo tutela un bien jurídico que el procedimiento intenta resguardar.

 La Corte Suprema acogió los argumentos que ha venido esgrimiendo la defensa de Wilson Borja y Piedad Córdoba sobre la ilicitud de las pruebas provenientes del computador de ‘Raúl Reyes’. Se destruye así la posibilidad de aplicar sanciones a quienes han colaborado con los terroristas de las Farc. Los enjuiciamientos que surgen de la información de ese computador son fundamentales para el proceso que adelanta el país de reparación de víctimas. Justicia: castigo a los cómplices de secuestros y asesinatos; eso es lo menos que esperan quienes han sufrido.

Las pruebas de ‘Reyes’ no son válidas, según la Corte, porque no cumplieron con la normatividad que rige la evidencia en el extranjero, pues las autoridades ecuatorianas no participaron en la colecta de evidencia. No reconoce la Corte que el computador fue incautado en un operativo nacional, donde se siguieron los procedimientos que están establecidos para ello. 


Olvida la Corte el principio constitucional según el cual prima el derecho sustancial sobre el procesal. El derecho sustantivo tutela un bien jurídico que el procedimiento intenta resguardar. La cadena de custodia busca que nadie pueda implantar elementos que desfiguren la veracidad de la prueba. En este caso, la evidencia fue tratada como tal y las autoridades colombianas tuvieron todo el cuidado necesario, pero el recelo sobre ella fue aún más allá: fue enviada a la Interpol para su verificación. La Interpol certificó que la información no había sido alterada y que los contenidos estaban en el aparato antes de que las autoridades colombianas los tuvieran en su poder; dijo, además, que lo encontrado en el computador podía ser considerado como plena prueba en los procesos internacionales. Es decir, el procedimiento que se siguió con esta evidencia fue incluso más riguroso que el exigido. Mal hace la Corte al desestimarla; para proteger un derecho de los acusados que no se vulneraría en el juicio, vulneró el derecho de las víctimas a la justicia y el de los colombianos a la verdad.


La decisión de la Corte no sólo afecta a Wilson Borja, sino que genera un precedente que afectará otros importantes procesos contra colaboradores de las Farc. Piedad Córdoba, usando este truco leguleyo, seguramente impetrará una tutela para liberarse de la sanción que justamente le impuso el Procurador. Tendrá la Corte Constitucional la oportunidad de evaluar el asunto y hacer prevalecer el derecho sustancial. La prueba es real, pues su autenticidad en términos de no haber sido alterada, ha sido verificada.


En las manos del intérprete constitucional está ahora el destino de una evidencia que es definitiva para comprender los lazos del terrorismo y la política. El uso de la fuerza de las Farc sobre el territorio ha derramado sangre y con ella se han teñido banderas de falsos ideales. 


Sorprende que Chávez esté tan bien sintonizado con la Corte, pues hace unos días, cuando apareció la publicación del instituto inglés que analiza los correos del computador de ‘Raúl Reyes’, donde hay sendos capítulos que lo vinculan, el vecino Mandatario sostuvo que nuestra Corte había despreciado aquellas pruebas. ¿Se refería al corto pronunciamiento que hizo la Corte sobre el caso de la ex senadora Córdoba o ya tenía conocimiento sobre esta nueva decisión?


¿Dónde está el computador del ‘Mono Jojoy’? ¿Cuándo vamos a conocer su contenido?

El País - Cali - Colombia