Trascendental testimonio en el proceso contra el senador Iván Moreno

Trascendental testimonio en el proceso contra el senador Iván Moreno

Ex Senador IVAN MORENO ROJAS

Carlos Collins socio de los Nule, de la construcción doble calzada Bogotá Girardot, aseguró que Miguel Nule le solicitó que le entregara las zonas aledañas de la carretera para que la esposa de Iván Moreno, Lucy Luna de Moreno instalara estaciones de gasolina.

TAPADOS CON LA MISMA COBIJA

Por Ricardo Puentes Melo

PERIODISMO SIN FRONTERAS

http://www.periodismosinfronteras.com/tapados-con-la-misma-cobija.html

Aquí no se ha dicho toda la verdad. El multibillonario robo cometido contra las arcas públicas bogotanas tiene los mismos cómplices de otros robos y peculados en otras coordenadas geográficas y temporales de la nación.

Se trata de una poderosa asociación de nombres y apellidos de prestancia ancestral que, siguiéndoles la pista a través del tiempo, se hallan una y otra vez relacionados en un amasijo repugnante de familias que se han enriquecido a costa nuestra, a lo largo de décadas y décadas de sonambulismo social que ha permitido a los mismos seguir en las mismas, robando también a los mismos.

Hojeando el caso del atraco a Bogotá cometido por el Polo Democrático, algunos de cuyos fundadores y responsables se pasaron para el Partido Verde y el neo partido de Petro, con el fin de cambiarle de uniforme a la bandola para seguir repitiendo el libreto, encontré unos vasos comunicantes que explican el eterno desfalco que pagan siempre lo más pobres.

Y son unos magos para eso.

La más reciente modalidad para atracar a los colombianos de bien, fue utilizada por los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, alcalde de Bogotá y senador de la República respectivamente.

Facsimil del recorte de prensa donde aparece el escándalo del robo de más de 5 mil millones de pesos durante la gestión de Baena

Ellos, junto a Luis Alfredo Baena (un hombre que se enriqueció fabulosamente durante la alcaldía de Juan Martín Caicedo Ferrer, en la cual se desempeñó como Secretario de Salud y luego Secretario de Gobierno) fueron socios de empresas “offshore”, un tipo de sociedades cuyo domicilio se registra en paraísos fiscales, que se utilizan para lavar dinero de toda clase, ya sea aquél procedente del narcotráfico o capitales cuyo origen puede ser el pago de sobornos o el de pagos de comisiones de contratos públicos, como parece ser el caso del gran carrusel de contratos del Polo Democrático en Bogotá.

Mientras en unas empresas aparece como socio de los Moreno Rojas, Emilio Tapia, un mayordomo que se volvió millonario de la noche a la mañana, después de apoyar a Samuel Moreno en la campaña al Senado, en otras aparece Luis Alfredo Baena, el suertudo que también se hizo rico con Juan Martín Caicedo Ferrer, primero, y luego con Iván Moreno Rojas su compañero de farra, negocios y desorden.

Como estas sociedades “offshore” tienen su domicilio en paraísos fiscales –como ya se dijo- no hay manera de conseguir que los países donde están residenciadas envíen información a Colombia sobre los flujos de dinero que ha pasado por estas lavadoras de activos.

Hasta aquí no hay muchas sorpresas. Pero éstas empiezan a surgir cuando encontramos, por ejemplo, que Baena no solamente aparece relacionado con este monumental despojo a Bogotá, sino que tiene un largo historial en estas lides, desde sus pinitos en la alcaldía de Caicedo Ferrer, pasando por la presidencia de Ernesto Samper, donde fue Superintendente de Subsidio Familiar y en cuya gestión se embolataron 5.460 millones de pesos (cerca de U.S 300.000) que iban a ser destinados para vivienda de los menos favorecidos.

En este zafarrancho de nombres y apellidos relacionados, encontramos el nombre del magistrado Augusto Ibáñez, en ese entonces abogado de Luis Alfredo Baena quien estaba –aún lo está- denunciado por estafa y otros delitos en un caso aberrante de robo de acciones empresariales. Ibáñez, como abogado de Baena, solicita preclusión del proceso contra su cliente Luis Alfredo Baena y, extrañamente, cuando Augusto Ibáñez es nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, este organismo precluye el proceso a favor de su “ex cliente”, Baena.

Magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte Suprema, cuota de Vargas Lleras, abogado de Luis A. Baena

Augusto Ibáñez, como todos saben, se hizo célebre por su ponencia sobre la masacre de La Gabarra (21 de agosto de 1999), en la cual declaró culpables de este crimen a miembros del Ejército.

El magistrado Ibáñez no solamente es un declarado opositor del ejército, sino que también es un notorio enemigo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando Ibáñez llega a la Corte Suprema lidera la guerra contra el entonces presidente Uribe.

Detalle importante es que Augusto Ibáñez, según lo menciona el ex presidente Uribe Vélez, fue nombrado en la Corte gracias al movimiento de influencias de Germán Vargas Lleras. Y es necesario recordar también que Augusto Ibáñez fue candidato al Senado de la República en las listas de Cambio Radical, el partido político liderado por Vargas Lleras.

Interesante este dato, ya antes de que Ibáñez llegue a la Corte Suprema, Germán Vargas Lleras se convierte en enemigo de Uribe Vélez. Así que es lícito pensar que el magistrado Ibáñez se prestó desde la Corte Suprema de Justicia para ayudar en la guerra de Vargas Lleras contra el presidente Uribe. Guerra que ganó el equipo de Vargas Lleras ya que lograron hundir definitivamente la segunda reelección del presidente Uribe usando triquiñuelas tan sucias y efectivas como la operación tortuga y otras maniobras legislativas en el Congreso.

Luis Alfredo Baena es también socio de un señor llamado Juan Carlos Salazar Torres, un abogado desleal que se pasa al lado de Baena y su abogado, Augusto Ibáñez, en esa estafa a un joven empresario que ha dado la pelea desde entonces, y cuyo caso lo trataremos a profundidad en próximos artículos.

Pero les dejo este pequeño avance para que se vayan dando cuenta de la putrefacción que está acabando con Colombia: Juan Carlos Salazar Torres, el abogado desleal, no solamente se convirtió en socio de Baena y compañero de causa de Augusto Ibáñez…. Resulta que Juan Carlos Salazar Torres tiene un costosísimo apartamento en compañía de nada más y nada menos, que del poderoso ministro Germán Vargas Lleras.

Así que los nombres de Luis Alfredo Baena, Augusto Ibáñez, Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Salazar Torres, los hermanitos Moreno Rojas, y otros más, van a estar sonando mucho en un gran escándalo político y financiero –de más de 150 millones de dólares- que Periodismo Sin Fronteras destapará en las próximas entregas.

Iremos entendiendo por qué ciertos políticos fieles a Uribe Vélez han ido a parar a la cárcel. Con todo el aparato político y judicial del lado de los enemigos del ex presidente, esto es apenas predecible.

Todos, tapados con la misma cobija. Para alquilar balcón.

Vargas Lleras, celebrando la aprobación de la controvertida Ley de Víctimas, que arruinará el país

Julio 06 de 2011

EMPEZO EL VENTILADOR DE LOS NULE

Alcalde y su hermano exigieron 30 mil millones de pesos de comisión: Manuel NuleCaracol |

El diario El Espectador entrega hoy detalles del testimonio de los integrantes del grupo Nule a la Contraloría General en donde vuelven a arremeter contra el alcalde de Bogotá Samuel Moreno y de su hermano el ex senador Iván Moreno. Esta vez por cuenta de la cesión que tuvieron que hacer del contrato de la Fase III de Transmilenio en febrero de 2010. En reciente declaración, en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal, Manuel Nule aseguró que el proceso de cesión del contrato fue “una farsa”, que se hizo por sugerencia del contratista Emilio Tapia y también para atender una exigencia económica de los Moreno de $30 mil millones.

Sigue diciendo el periódico que el testimonio fue aportado el pasado 15 de junio, pero antes de inculpar de nuevo a los hermanos Moreno, se fue lanza en ristre contra la propia Contraloría. Recalcó que no se han tomado medidas cautelares contra todos los involucrados en el escándalo, y que al denunciarlos a él y a sus familiares ante la justicia penal y de promover procesos ante la justicia civil, administrativa y fiscal, es porque de antemano los consideran culpables. Además sostuvo que la Contraloría está perdiendo el tiempo buscándole bienes en el exterior que no existen.

El periódico revela que según Manuel Nule, aunque su grupo empresarial ganó en diciembre de 2007 la licitación para construir parte de las obras de la Fase III de Transmilenio en Bogotá, desde el mismo momento de la adjudicación del contrato empezaron a generarse inconvenientes y retrasos por la falta de diseños y de predios, responsabilidad que le correspondía al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Y que incluso, varias solicitudes de multas de la interventoría no pudieron aplicarse porque el IDU nunca pudo objetar sus propios errores. 

Sin embargo, relató Nule, a finales de 2009 la compañía aseguradora Segurexpo lo contactó para decirle que no estaba satisfecha con la ejecución del contrato por parte de la Unión Temporal Transvial, en la que ellos participaban, y que lo mejor era que cedieran el contrato. Nule añadió que esta petición coincidió con varias reuniones con el contratista Emilio Tapia y el abogado Álvaro Dávila, en los cuales ellos le dijeron que Iván y Samuel Moreno estaban muy molestos porque no les pagaban las exigencias económicas que hacían, sigue diciendo El Espectador.

Luego insistió que a principios de 2010 siguieron las presiones del alcalde, el IDU y la aseguradora para que Transvial cediera el contrato 137 de 2007, y fue cuando volvió a aparecer la aseguradora para solicitar que le cedieran el contrato a la firma Conalvías. Es decir, resumió Nule, los hermanos Samuel e Iván Moreno, la directora del IDU, Liliana Pardo, Segurexpo y Conalvías “diseñaron toda una estrategia para obligar a ceder el contrato y para que la única empresa que se interesara fuera Conalvías”.

Nule fue más allá y aseguró que además de que fue absurdo que después de la cesión se hiciera una adición al precio global de la obra de $94 mil millones, notó que la cifra de adición ascendió a $30 mil millones, “la cual casual y sospechosamente coincidió con el monto que Emilio Tapia había manifestado con anterioridad que estaban exigiendo los hermanos Moreno para repotenciar el contrato”. Por eso recalcó que la amenaza de la Alcaldía de caducar el contrato, “sólo fue una estrategia para que Samuel e Iván Moreno pudieran cobrar”.

En su explosiva declaración, inusual en Manuel Nule, quien hasta ahora había sido el más ponderado de los primos, y también el cerebro técnico del grupo, que revela el periódico El Espectador, el hoy detenido socio de 87 empresas concluyó diciendo que la Unión Temporal de ellos nunca pidió modificaciones al precio global, y que apenas cedieron el contrato se lo aumentaron a Conalvías y le redujeron la cantidad de obras. “Esto es escandaloso, no lo comparto y evidentemente genera un detrimento al patrimonio público”, puntualizó Manuel Nule Velilla.

Días antes, sobre el polémico tema de la cesión, ya había declarado el representante legal del Grupo Empresarial Vías de Bogotá SAS, más conocido como Conalvías, Andrés Jaramillo López. Su versión es que como ellos estaban construyendo otro tramo de la Fase III de Transmilenio, a principios de 2010 lo contactó el presidente de Segurexpo, Juan Pablo Luque, para preguntarle si le interesaba aceptar la cesión del contrato que iba a dejar Transvial. Jaramillo agregó que se interesaron y presentaron su propuesta en febrero.

Conalvías aceptaba ser el cesionario del contrato que dejaba el consorcio de los Nule siempre y cuando lo aprobara el IDU y no tuvieran que aceptar aspectos relacionados con facturación de obras construidas o acreedores tributarios, con entidades financieras y laborales. Según Jaramillo, Transvial aceptó “de manera plena e integral la propuesta”, sin recibir un peso en calidad de anticipo. “Fue una oportunidad técnica y económica que el mercado nos brindó y teníamos capacidad técnica y financiera”, precisó Jaramillo, de acuerdo con el testimonio conocido por el diario El Espectador.

No obstante, el delegado de la Contraloría le requirió explicación del porqué el costo de una obra contratada por $315 mil millones pasó a una propuesta de $467 mil millones cuando la sumió la empresa Conalvías. Andrés Jaramillo replicó diciendo que nunca hubo una propuesta de su empresa y que lo que sucedió fue un ejercicio técnico, “serio y juicioso, y acorde a los costos reales para construir el proyecto para el cual el IDU contrató. Un ejercicio y una evaluación económica que fueron acompañados por la interventoría”.

La Contraloría consultó también al representante legal de Consorcio Intercol, Jorge Alberto Salamanca, cuya empresa cumplió gestiones como interventora del polémico contrato de los Nule en la Fase III de Transmilenio, y quien de entrada destacó que “la falta de diseños completos comenzó a afectar el avance de la obra a partir del sexto mes, en especial por los ajustes en la separación de la red de aguas lluvias y aguas negras”. Estos obstáculos, según Salamanca, generaron atrasos y fueron debidamente reportados.

Salamanca advirtió que desde el primer momento la interventoría dejó constancia del mal manejo del anticipo de $81 mil millones, y que incluso sus reportes, dirigidos al IDU y a la aseguradora, fueron determinantes para concluir que se debía pagar el siniestro causado por la deficiente ejecución del anticipo. No obstante, destacó que las pruebas del manejo irregular posterior sólo las conoció su empresa al momento de liquidar el anticipo, por lo cual le resultó imposible acudir ante la justicia, ya que no tenía las pruebas contra el contratista.

Obviamente, en este nuevo capítulo del escándalo Nule, esta vez por la cesión del contrato, no podía faltar el suspendido alcalde Samuel Moreno, quien reiteró una vez más que su gestión no comprende ser el gestor fiscal de los recursos del IDU ni de ninguna entidad del Distrito, y que en tal sentido y por mandato legal, el IDU tuvo exclusiva responsabilidad sobre la contratación. Además recordó que cuando asumió como alcalde de Bogotá, tres días antes de su posesión ya había sido adjudicada la obra de la Fase III de Transmilenio.

La Contraloría le preguntó qué tuvo en cuenta para que Liliana Pardo, nombrada durante la gestión de Lucho Garzón, fuera ratificada en el IDU. Samuel Moreno respondió que lo hizo porque se iniciaba el cobro de la contribución por valorización y porque además, por una norma, no participaba en la designación o retiro de los servidores de esta entidad. Además, insistió Moreno, nunca fue informado de que la obra tuviera inconvenientes en materia de diseños, como lo afirmó después Manuel Nule en su declaración.

Samuel Moreno detalló que sólo hasta finales de 2009 fue informado por el IDU de los reiterados incumplimientos de la Unión Temporal Transvial, y de que ya había 40 requerimientos de la interventoría. En octubre de 2010, sostuvo el alcalde, la firma Segurexpo tuvo que cancelar la totalidad del anticipo, incluidos los intereses, y en diciembre del mismo año, a través del IDU, se presentó una denuncia penal contra el consorcio de los Nule. El suspendido alcalde insistió en que no le constan las irregularidades en la cesión del contrato.

Recordemos que desde el pasado 11 de marzo, la Contraloría General de la República dispuso el cierre de la indagación preliminar y la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Ya ha recaudado la mayoría de los testimonios solicitados por la delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales. 

En próximos días tendrá que tomar una decisión respecto a los daños económicos que le causó a la ciudad el escándalo Nule, sólo en el caso de la Fase III de Transmilenio. Pero ronda un interrogante en el ambiente: ¿Es cierto que la cesión de la obra se hizo para que Iván y Samuel Moreno cobraran $30 mil millones? La justicia sigue indagando los pormenores de la crisis, termina diciendo el periódico El Espectador.

ESTE DELITO ES QUE QUE DEBA CASTIGARSE CON RIGOR Y EXTREMA ENERGIA, NO PODEMOS PERMITIR QUE SE SIGAN ROBANDO LOS DINEROS PUBLICOS Y LUEGO LES DEN CASA EN LA PLAYA CON TODOS LOS LUJOS DEL MUNDO POR CARCEL, COLOMBIA ES UN PAIS CON UNA INEQUIDAD TERRIBLE, QUE LES QUITEN TODO LO QUE TIENEN Y LOS METAN PRESOS A LA PICOTA COMO VULGARES LADRONES.. 

Exfuncionario del IDU prende ventilador por 'carrusel de contratación'Carlos Arturo Gómez | Junio 22 de 2011

El exfuncionario del IDU, Inocencio Meléndez, uno de los investigados por el "carrusel de contratos en Bogotá dio a conocer nuevos datos sobre la adjudicación de los contratos 071 y 072 para la adecuación de la malla vial.

En declaración que rindió ante el Procurador General, Alejandro Ordóñez, Meléndez dijo entre otras cosas, que recibió una llamada en 24 de diciembre de 2008 de Julio Gómez donde mostraba su preocupación sobre la contratación que iba adjudicada por la administración distrital. 

Igualmente, reveló que el exdirector del IDU, Néstor e Ramírez, era cuota del contratista Emilio Tapia y que, durante la etapa del estudio de la contratación descubrió que una funcionaria del IDU le suministraba información sobre a algunos de los socios de las empresas contratistas. 

También dijo que al senador Iván Moreno Rojas lo denominaban como “el jefe” mientras al alcalde Samuel Moreno le decían “la doctora”.