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martes, 3 de abril de 2012

EL MONTAJE CONTRA LUIS CARLOS RESTREPO

EL MONTAJE CONTRA LUIS CARLOS RESTREPO
Por Eduardo Mackenzie
27 de marzo de 2012
El 7 de marzo de 2006, entre 63 y 70 guerrilleros de las Farc se rindieron y entregaron sus armas al Ejército de Colombia en La Tebaida, municipio de Alvarado (Tolima). En ese acto, el jefe del grupo que se desmovilizaba, Julián Ríos, dijo ante la prensa: “Que Colombia nos perdone, que Colombia entera nos reciba y que el Estado nos proteja para poder seguir desmovilizando estructuras de las Farc.”

miércoles, 14 de diciembre de 2011

EL ÚLTIMO DESVARÍO

EL ÚLTIMO DESVARÍO

Por Plinio Apuleyo Mendoza
Diciembre 11 de 2011
No sobra decirlo. No sobra reiterarlo. Le cabe toda la razón a María Isabel Rueda cuando afirma que nuestro Ejército está desmoralizado y “empanicado” por los riesgos que una obtusa justicia ordinaria, contaminada por sesgos políticos o ideológicos, hace correr a oficiales y soldados. El mayor temor que los acecha no es el de pisar una mina o recibir un tiro en el fragor de un combate, sino el de quedar detenidos por una injusta medida judicial.

domingo, 27 de noviembre de 2011

EL PC2 Y LAS FARC

EL PC2 Y LAS FARC




José Obdulio Gaviria
Por José Obdulio Gaviria
Noviembre 22 de 2011.
Colombia no está combatiendo contra ‘llaneros solitarios’. Cada organismo creado durante los 80 años de historia por el PC2 tiene un papel.


lunes, 29 de agosto de 2011

¿UN NUEVO CONEJO SALDRÁ DEL CUBILETE DEL MAGO?

¿UN NUEVO CONEJO SALDRÁ DEL CUBILETE DEL MAGO?
Por Eduardo Mackenzie
Agosto 28 de 2011
Qué mal perdedor es el colectivo de abogados Alvear Restrepo.
En lugar de admitir que el derrumbe del inicuo proceso que le montó al coronel Alfonso Plazas Vega es ineluctable, pues las tres únicas “pruebas reina” que había avanzado contra él terminaron desinfladas, gracias a la acción de la defensa del coronel y de algunos periodistas independientes, sin olvidar la sabia posición adoptada por la Procuraduría General, que nunca creyó en la culpa de Plazas y recepcionó el desmentido contundente del verdadero suboficial (r.) del Ejército Edgar Villamizar Espinel, ese grupo de litigantes izquierdistas intenta ahora una maniobra desesperada para impedir el naufragio definitivo de su causa.

LA “NUEVA PRUEBA REINA”, OTRO GROTESCO MONTAJE DEL COLECTIVO

LA “NUEVA PRUEBA REINA”, OTRO GROTESCO MONTAJE DEL COLECTIVO

Por Rica
rdo Puentes Melo
Agosto 28 de 2011
Hace unos días recibí unos mensajes donde me aseguraban que el coronel Plazas Vega no sería liberado de su injusto cautiverio porque la ex fiscal Ángela María Buitrago y el Colectivo Alvear Restrepo estaban montándole un nuevo testigo para tratar de evitar su inminente libertad. Me dijeron también que el odio de la Buitrago hacia Plazas y, en general, hacia el ejército, era un asunto puramente personal. Se atrevieron a mencionar que alguien muy cercano a la Buitrago pertenecía o había pertenecido a la subversión. Habrá que comprobarlo.

miércoles, 3 de agosto de 2011

El gran fraude

EDITORIALES

El gran fraude
Jose Obdulio Gavira

Editoriales de Jose ObdulioHay que saber navegar en los escritos del 'Colectivo Alvear Restrepo' para entender cómo ellos promueven las peores injusticias, siempre acompasadas con vil apología de la 'oposición armada'.




lunes, 18 de julio de 2011

EL COLECTIVO ALVEAR RESTREPO, VIOLADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

EL COLECTIVO ALVEAR RESTREPO, VIOLADOR DE LOS 

DERECHOS HUMANOS


Por Ricardo Puentes Melo
La prensa de izquierda –que es casi toda-, al servicio de los intereses de la guerrilla, publicó con gran escándalo un supuesta agresión contra el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, frente a sus oficinas en el centro de Bogotá.
Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo y ha sido reproducida por salas de prensa de sindicatos ultraizquierdistas, ONG de Derechos Humanos, y un sinnúmero de organizaciones que muestran como prueba de la agresión a un grupo de hombres de la tercera edad en actitud calmada, a damas elegantes y tranquilas, y a un puñado de jóvenes pacíficos que sostienen una de las pancartas de apoyo a los militares injustamente perseguidos por este tenebroso Colectivo Alvear Restrepo.
Aquí están los "peligrosísimos" manifestantes que "agredieron" al Colectivo Alvear Restrepo
Para satanizar la protesta, el Colectivo Alvear miente una vez más –como ya es usual en ellos- y dice que el plantón fue una “agresión” encabezada por el ex senador Enrique Gómez Hurtado, el activista Rodrigo Obregón y el director Jurídico de Unoamérica, Jaime Restrepo; “agresión” –dicen los Alvear- que se originó por la “justa labor en defensa de los Derechos Humanos”.
La verdad es que esta protesta contra el colectivo Alvear Restrepo, y en defensa de los militares sobre los que ellos han caído con saña, se viene realizando desde el 2 de julio de 2010, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y es organizada por la unión de Movimientos Nacionales Por Colombia, MONACO, con la participación de la inmensa mayoría de organizaciones de víctimas de la guerrilla, de Derechos Humanos, de reservistas; fundaciones de familias de secuestrados por la guerrilla (guerrilla que los Alvear defienden), y asociaciones civiles que buscan una Colombia libre de guerrilleros y narcotraficantes.
El Partido Conservador se unió en esta ocasión porque se estaba protestando también por el denuncio que interpuso el Colectivo Alvear Restrepo ante la CAC contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, disque por traición a la patria. ¡Qué cinismo..! Una ONG profariana, que defiende guerrilleros y ataca a quienes sostienen la democracia, acusando a Uribe de traición a la patria. ¡Si al colectivo Alvear les importa un bledo la patria..!
Tampoco es cierto lo de la tal “agresión”. Ni Rodrigo Obregón, ni Enrique Gómez, ni Jaime Restrepo agredieron a nadie. Y de ellos, solamente Restrepo tomó el megáfono para lanzar las consignas de protesta contra estos mañosos oenegeros.
Eduardo Carreño Wilches, presidente del Colectivo Alvear Restrepo, y Carlos Lozano, acusado por sus relaciones con las FARC
Para que se den una idea de lo sucedido, les cuento que las oficinas del Colectivo Alvear Restrepo quedan en el piso 25 de un edificio que da frente al parque Santander, diagonal al Museo del oro de Bogotá. El pequeño grupo de manifestantes llegó hasta al parque y se ubicó a más de 50 metros de la entrada del edificio, donde funcionan muchísimas entidades y oficinas de particulares. El Colectivo, como ya se dijo, tiene un piso completo por el que paga cerca de tres mil millones de pesos (Un millón y medio de dólares) que quién sabe cómo hará para conseguir, aunque suponemos que los recibe de negocios varios e innombrables, porque ni siquiera el negociazo que tienen montado con las víctimas da para tanto.
El asunto es que la protesta era muy simbólica, más para poner en conocimiento de los transeúntes las maquinaciones de los Alvear Restrepo, que con el propósito de que estos abogados nos escucharan desde su blindado y ultra lujoso piso 25 del edificio de Avianca.
A los diez minutos de iniciada la protesta pacífica y simbólica, un piquete de energúmenos apareció saliendo del edificio cargando pancartas de las supuestas víctimas de crímenes de Estado. Estos personajes, que parecían haber salido de un pabellón de alta peligrosidad de alguna cárcel, comenzaron a lanzar improperios de grueso calibre contra las señoras y los ancianos, y se dedicó a provocar a los jóvenes de la protesta quienes, no obstante, guardaron compostura y no cedieron a ese juego a sabiendas de que, si lo hacían, al otro día estarían acusados de intento de asesinato o quién sabe qué idiotez macondiana de las que se inventan estos roñosos abogados que tienen en sus manos a la mayoría de jueces y fiscales de Colombia y que, por ello, han puesto tras las rejas a decenas de militares y hombres de bien utilizando falsos testigos y manipulaciones que en un país decente ya los tendrían a todos los del Colectivo Alvear y sus auxiliadores en la cárcel.
La misma razón que unió a diversos movimientos patriotas en MONACO, es la que los congrega cada día Primero de cada mes: La defensa de nuestra patria contra los ataques infames de la dupla narcotráfico y guerrilla que hoy, sin abandonar los fusiles y las minas antipersona, han abierto otro frente que ha puesto fuera de combate a nuestros héroes. Y éste es la guerra jurídica contra militares, que ha enviado a decenas de ellos a la injusta prisión. Lo más curioso de los Alvear Restrepo, es que persiguen a quienes más han golpeado  a la guerrilla y el narcotráfico.
Nadie puede negar que el Colectivo de abogados Alvear Restrepo es la ONG que más ha perseguido a colombianos de bien. Tenemos la íntima convicción de que ellos son el brazo jurídico de la guerrilla.  Entre sus más codiciados trofeos de caza, están oficiales como el coronel Plazas Vega, los generales Arias Cabrales, Uscátegui, Rodriguez, Fracica y varios más que han sido valientes combatientes contra la guerrilla y el narcotráfico.
Ya es de público conocimiento que entre los miembros del Colectivo Alvear Restrepo hay integrantes amnistiados de la guerrilla, defensores de guerrilleros y terroristas activos. No por nada está afiliado a la FIDH, una ONG europea que ha liderado campañas virulentas y mentirosas contra nuestro país.
Es por eso que no nos sorprende que una ONG que supuestamente defiende los Derechos Humanos, pretenda negarnos el legítimo Derechos a manifestar nuestra opinión públicamente de una manera pacífica y legítima. Así son los terroristas en todo el mundo: asesinan y violan los derechos humanos de los demás, y luego –cuando surge la protesta en su contra- claman como si fueran ellos las víctimas.
Ese mismo colectivo de abogados Alvear Restrepo, que lanza alaridos por la defensa de los Derechos Humanos, es quien realmente los viola en este país valiéndose de argucias, de falsos testimonios, de calumnias y mentiras; atropellan los más elementales derechos de los ciudadanos y se ufanan de su incalculable flujo de dólares y euros, de su casi omnipotente poder, de su control sobre la justicia y del apoyo recibido por entidades internacionales que creen en sus mentiras o que son abiertamente sus cómplices.
Este Colectivo Alvear Restrepo tiene un negocio muy bien montado con las supuestas víctimas de crímenes de Estado de este país. Donde quiera que el ejército combate a la guerrilla, acuden al sitio, adoctrinan a la población de las cercanías, les montan la película, les hacen aprender el libreto y les pagan una irrisoria suma para que la “víctima” permita que el Colectivo Alvear Restrepo la represente. En un plazo de alrededor de cinco años, la demanda de los Alvear contra la nación les produce millones de dólares. Y ellos sólo han pagado unos 150 dólares a quien representan. Todo un negociazo.
Por estas cosas y otras, es que tenemos la convicción íntima y personal (amparada en la Constitución como Derecho), de que el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo es aliado de la guerrilla y que se ha mimetizado desde hace mucho tiempo como una organización defensora de Derechos Humanos, nada menos que con estatus consultivo ante la OEA. Ha engañado con bastante éxito al mundo entero mediante sus oficinas en Bruselas, Suiza y otros países desde donde se manejan las finanzas y la guerra política internacional.
Como ya mencionamos, aquí en Colombia funcionan en el edificio Avianca en un piso completo, totalmente blindado, avaluado en cerca de TRES MIL MILLONES DE PESOS mensuales. Poseen una flotilla de vehículos blindados para movilizar a los cabecillas de la organización narcoterrorista a quienes defienden.
Debido a su fabuloso poder financiero y político, el Colectivo Alvear Restrepo ha logrado infiltrar y manipular a ciertos sectores de la Fiscalía, la Procuraduría, varias ONG, la Defensoría del Pueblo y numerosos jueces a quienes corrompen con los recursos a su alcance. También utilizan su poder e influencias para comprar a los grandes medios de comunicación que publicitan sus comunicados y hacen eco de sus injurias. Se sabe que el Colectivo manipula con ofrecimientos de ascensos, comisiones en el exterior e invitaciones a otros países pagas por los destinatarios. ¿Sería con algo de esto que la juez Jara –la que condenó injustamente a Plazas Vega, cometiendo prevaricato- viajó a estudiar fuera de Colombia, con todo pago..?
Para nadie es desconocida la antigua estrategia narcosubversiva respecto a utilizar la desinformación y la presión a través de los medios masivos de comunicación y de los entes gubernamentales que garantizan los derechos fundamentales, hacia los fallos judiciales.
Debido a este historial tétrico, es que la ciudadanía protesta legítimamente contra este Colectivo de Abogados que defiende terroristas y bandidos de la guerrilla. Y con esto no pretendemos ignorar el derecho a la legítima defensa que tiene cualquier persona, por más criminal que sea. Pero también pedimos que los ciudadanos de bien, habilidosamente expuestos como delincuentes por estos señores del Alvear Restrepo, dispongan de ese derecho sin que se sigan comprando testigos falsos en su contra y sin que se les siga prohibiendo el derecho al debido proceso, como hasta ahora ha sucedido.
Pedimos con ansias que el gobierno Nacional investigue el origen de las finanzas del Colectivo Alvear Restrepo, y que si se comprueba nuestra sospecha –de que éstas provienen de grupos narcoterroristas- se les aplique todo el peso de la ley, sin importar cuán poderosos sean ni qué ríos de dólares y euros entren en sus arcas.
Solicitamos con justa razón que el gobierno nacional deje de lado el miedo al Colectivo Alvear Restrepo –sea cual fuere la causa de éste, si la extorsión o la coacción- y se comprometa con los militares perseguidos política y jurídicamente por las organizaciones narcoterroristas. Los militares están enfrentando esta guerra solos, sin más acompañamiento ni solidaridad que las protestas que estamos realizando cada mes.
Reclamamos que el Ministerio del Interior y Justicia, en cambio de reunirse con los magistrados y jueces a tomar chocolatico con queso, tome las acciones necesarias para garantizar que los fallos de segunda instancia estén ausentes de presión política, y que se obre exclusivamente en Derecho
Rogamos también para que el gobierno nacional sea el que lidere la batalla jurídica, política y financiera contra las organizaciones proguerrilleras, y que se expongan a sus cabecillas que hoy se pasean impunemente por el Congreso, las gobernaciones, y hasta en las candidaturas presidenciales.
Se haga o no se haga esto, nosotros, los patriotas verdaderos, estaremos reuniéndonos cada día primero de cada mes para protestar pacíficamente contra la alianza de la narcoguerrilla con la justicia que tiene sindicados a ciudadanos de bien como si fueran hampones.
La unión de Movimientos Nacionalistas Colombianos, MONACO, exige desde ya que, al igual que otros protagonistas de la historia, como Francisco de Paula Santander, Nariño o José María Córdoba, el coronel Alfonso Plazas Vega sea reconocido como un héroe nacional por sus invaluables servicios a Colombia y sus aportes a la paz y la justicia. Exigimos que el coronel Plazas Vega sea reconocido por lo que es: un patriota ejemplar, un militar valiente y un defensor incansable de los Derechos Humanos, como ningún otro.

LOS ALVEAR RESTREPO Y SUS JEFES EXTRANJEROS

LOS ALVEAR RESTREPO Y SUS JEFES EXTRANJEROS

PERIODISMO SIN FRONTERAS

Por Eduardo Mackenzie
¿Quién puede creer en la pertinencia de la demanda por “traición a la patria” que el llamado “colectivo de abogados Alvear Restrepo” acaba de  registrar contra el presidente Álvaro Uribe?
Sólo un grupo de fanáticos sin escrúpulos, y sin respeto por el país, puede inventarse una acusación más estrafalaria y provocadora.
Esa demanda no tiene sentido desde el punto de vista factual, ni  legal. Es cierto, la Corte Constitucional declaró “inexistente” la ampliación del acuerdo de cooperación y defensa entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, de octubre de 2009, pero lo hizo invocando unos supuestos errores técnicos de trámite, no un asunto de fondo. Una nueva ley será presentada al Congreso y restablecerá y ampliará el acuerdo.
Lo dijo muy bien El Colombiano, de Medellín, este 6 de septiembre: “Ningún juez probo y competente del mundo podría calificar la celebración de [ese] convenio como un acto que tienda a menoscabar la integridad territorial de Colombia, ya que lo que se busca con él es combatir a la guerrilla narcotraficante y terrorista en nuestro país. Tampoco podría considerarse que al permitirse la colaboración de Estados Unidos, ya sea a través de estos convenios o del Plan Colombia, se esté sometiendo el país a un domino extranjero. Más bien lo que vemos es una manifiesta persecución contra el Presidente Uribe, y un ánimo de figuración de varios abogados… que no juristas. ¡No hay derecho!”.
El “colectivo de abogados” no es autónomo. Es dirigido, en realidad, por la FIDH, una Ong basada en París y controlada por  fuerzas políticas.  Esa Ong “de derechos humanos”, cuyo financiamiento es muy opaco, durante ocho años soñó con la destitución del Presidente Uribe. Ahora, ella tiene una sola obsesión: montar un juicio contra al ex mandatario colombiano, en Colombia, o en el extranjero, para  castigarlo por su excelente desempeño en defensa del sistema democrático. Para orquestar ese hostigamiento, la FIDH envió a Bogotá hace unos meses a uno de sus abogados, quien llegó pidiendo “garantías” de todo género. El es miembro del citado “colectivo”.
Nadie olvida que la FIDH criticó violentamente  a los millones de colombianos que el 4 de febrero de 2008 expresaron, en inmensas manifestaciones, en Colombia y en el extranjero, su repudio a las Farc. En cambio, la acción sectaria pro-Farc del 6 de marzo de 2008 fue respaldada por la FIDH.
Miembros de la FIDH, jefes del Colectivo Alvear Restrepo
La FIDH viene preparando la operación judicial contra los responsables colombianos desde  el 7 de marzo de 2008 cuando lanzó un comunicado en el cual  presentó  la muerte del jefe terrorista Raúl Reyes, ex número dos de las Farc, como un “crimen internacional” y como una “ejecución extrajudicial”.
En esos días, esa Ong redactó  un borrador para entablar una demanda en París contra el jefe de Estado colombiano, pero  echó marcha atrás pues vio que no tendría éxito. Ya había conocido un estruendoso fracaso, en octubre de 2007, cuando intentó hacer arrestar en Alemania y/o en Francia al ex secretario norteamericano de Defensa, Donald Rumsfeld.
Dos responsables de la FIDH fueron enviados enseguida a Quito y a México para  recabar apoyo diplomático para la nueva campaña anticolombiana. Entraron en contacto con familiares de las 24 otras personas que perecieron en el campamento de Raúl Reyes  el 1 de marzo de 2008, para utilizarlos como masa de maniobra.
Meses después lograron la apertura del proceso penal de Sucumbios, donde lideres colombianos fueron acusados, como el ministro de Defensa en ese momento, Juan Manuel Santos, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, el general Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo. Ellos fueron acusados de “crimen internacional” y “ejecución extrajudicial”.
En junio de 2009, el juez Daniel Méndez, de la Corte Superior de Justicia de Sucumbíos, ordenó la captura de Juan Manuel Santos. El 2 de octubre de 2009,  el juzgado tercero de Sucumbíos pidió a la Corte Nacional de Justicia, la extradición de Santos. Todo eso les fracasó ante el claro rechazo expresado por el presidente Álvaro Uribe. Durante la reunión sostenida en Cancún, en febrero de 2010, Uribe se lo dijo de frente a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa. “Una nación como la nuestra, azotada por tanto tiempo por el terrorismo, no puede abandonar a quienes han librado la batalla contra el terrorismo”, remató Uribe.
La farsa de Sucumbios estaba diseñada para que un fiscal colombiano firmara órdenes de captura contra esas personalidades. No lo logró pero el asunto avanza al ritmo de las necesidades del gobierno de Quito. Cuando Rafael Correa finge querer restablecer las relaciones con Colombia, pues necesita comprarle a Bogotá energía eléctrica, el juicio parece olvidado. Cuando quiere  mostrar otra cara, el juicio resurge intacto.
En abril pasado, un juez anuló parte de ese juicio por fallas procesales, pues los acusados no habían sido notificados. Ahora, el 3 de septiembre de 2010, en Lago Agrio, la Fiscalía ecuatoriana volvió a acusar al general Montoya, hoy embajador en Santo Domingo,  y a pedir “prisión preventiva” para él.  Ese es el juego de esa gente: mantener la tensión para demoler psicológicamente a sus víctimas.
Nunca antes en su historia, la República de Colombia había visto amenazada la libertad de su Presidente y de un ex Presidente, y de altos miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, la movilización contra esas intimidaciones parece mínima, pues el principal instrumento de éstas, el colectivo Alvear Restrepo sigue siendo intocable.
Es hora de que las autoridades y la opinión colombiana conozcan  el origen y la cuantía de la financiación de ese “colectivo de abogados”, en qué bancos depositan sus dineros, cuál es su nómina completa y cuáles son sus relaciones exteriores. Un organismo que pretende acusar y enjuiciar a un ex presidente de Colombia por “traición a la patria”, y que mantiene en salmuera una grave acusación contra el Presidente en ejercicio, debe mostrar, por lo menos, su legitimidad y su lealtad a Colombia.  Hasta hoy el tal “colectivo” no llena esas dos condiciones. Nadie sabe en Colombia qué es realmente ese colectivo, ni quien lo dirige exactamente, aunque si conoce los nefastos efectos de su labor.  Los inicuos procesos contra los militares que se jugaron la vida en la defensa del Palacio de Justicia, en 1985,  la ola de obscuras acusaciones por los llamados “falsos positivos” contra cientos de militares y policías, lo que mina de hecho la moral de las tropas que defienden la seguridad del país, es en gran parte obra de ese curioso organismo.
El proceso de Sucumbios, y la demanda contra el ex presidente Álvaro Uribe por “traición a la patria”, hace parte de una misma operación. Esta buscaba en 2008 desestabilizar la presidencia de Uribe y hoy busca encerrarlo, a él y a los altos mandos mencionados, incluido el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una nueva farsa judicial.
La FIDH recibe subsidios del Estado francés y de la Unión Europea, entre otros. ¿Un organismo así financiado puede jugar con la estabilidad interna de un país democrático y amigo de Francia? ¿La Cancillería  colombiana no tiene derecho a preguntarse y a investigar por qué la FIDH se embarcó en esa aventura contra el buen nombre y la libertad y la integridad física y moral de dos jefes de Estado de Colombia?

miércoles, 22 de junio de 2011

SUPLANTACIÓN…. NO RETRACTACIÓN

Periodismo sin Fronteras

Ricardo Puentes Melo

SUPLANTACIÓN…. NO RETRACTACIÓN



Montaje fotográfico muy diciente acerca de lo que sucede con la Fiscalía
Por Jaime Granados Peña
Un medio de comunicación de circulación nacional, que al momento de emitir informaciones respecto del caso del Palacio de Justicia únicamente expone el punto de vista de la Fiscalía y del Colectivo de Abogados JAR, ha asumido como propia la tarea de tratar de desacreditar el testimonio del verdadero Édgar Villamizar Espinel, quien libremente concurrió ante la Procuraduría a manifestar que él nunca había declarado en el proceso contra el Coronel Plazas Vega, y que nunca estuvo en Bogotá en los sucesos del 6 y 7 de noviembre de 1985.
Ante la tergiversación de las informaciones, consistentes en una entrevista con la antigua fiscal instructora del caso, y una columna de un antiguo director del DAS, es menester poner las cosas en su lugar.
Primero, el caso de Édgar Villamizar es de suplantación, no de retractación, como tendenciosamente se quiere hacer creer. Esto es, alguien compareció con los datos de Villamizar, tal vez con una cédula falsa, rindió una declaración absolutamente falsa, y estampó una firma falsa.
Ello se puede comprobar de varias formas: la falta de correspondencia entre las firmas, las flagrantes equivocaciones del impostor respecto de los “generales de ley” del verdadero Villamizar, el haber consignado como su nombre “Villareal” en varias partes del acta, la ausencia de fecha de la diligencia.
Muy extraño, además, el hecho de que siendo el testigo estrella en contra del Coronel Plazas Vega, aparte de su primera y única respuesta, al supuesto Villamizar no se le hiciera una sola pregunta adicional, ni por la Fiscalía ni por el Procurador presente.
De otra parte, hay información de que en la diligencia realizada por la Procuraduría hubo práctica de pruebas que corroboraron la plena identificación e individualización del verdadero Villamizar.
Segundo, no veo coherente atacar al Procurador porque tenga una línea de pensamiento en particular, o porque haya integrado el Consejo de Estado que exoneró de responsabilidad disciplinaria al General Arias Cabrales, cuando la diligencia del verdadero Villamizar se hizo dentro de la órbita de las competencias del Ministerio Público.
Sería equivalente a decir que la exfiscal, por ser egresada de una universidad donde muchos de los magistrados fallecidos habían sido sus maestros, no podía adelantar la instrucción del caso, por no ofrecer la garantía de objetividad e imparcialidad necesarias. Con todo, se tiene conocimiento de que el Procurador Ordóñez no intervino en la diligencia con el verdadero Villamizar.
Tercero, las investigaciones del periodista Ricardo Puentes Melo han comprobado ser sólidas y documentadas, como en el caso de René Guarín, antiguo miembro del M-19, quien convenientemente se guardó durante muchos años ese pequeñísimo detalle de su pasado, que lo hacía testigo dudoso, por abierta parcialidad e interés en el resultado del proceso. Guarín no tuvo alternativa que reconocer su militancia en la banda.
Y no se olvide que Puentes Melo ya anunció que ubicó con vida, en Panamá, a uno de los supuestos desaparecidos. Poner en tela de juicio a un periodista por sostener una determinada línea de pensamiento, es muestra de relativismo moral.
Cuarto, antes de que apareciera el verdadero Villamizar, sin perjuicio de las múltiples inquietudes que ya había elevado esta defensa por el irregular testimonio de quien suplantó a Villamizar, el Juzgado 51 Penal de Bogotá, que lleva el caso del General Arias Cabrales, dijo lo siguiente: “… Dicha prueba resulta ineficaz, toda vez que no se aviene a los postulados del debido proceso, erigidos como derecho fundamental por el artículo 29 de la Constitución Política (…) presenta manifiestas irregularidades como carecer de fecha verificable y haber sido suscrito por el deponente de nombre Édgar Villareal. Tales falencias indiscutiblemente generan incertidumbre respecto de la escrupulosidad del elemento de juicio y más aún, sobre la real identidad del exponente, que en esas condiciones se advierte nebulosa, anomalías que a estas alturas resulta imposible superar como a la postre acaeció a lo largo del proceso…”.
Los hechos confirmaron las inquietudes de ese juzgado respecto de las evidentes irregularidades en el testimonio de quien, ya lo sabemos, suplantó a Villamizar.
Será la justicia la que diga si la antigua fiscal instructora fue víctima de buena fe de un “embuchado” que prepararon otros, o si ella tuvo participación activa en esa suplantación. Y es el Tribunal Superior de Bogotá el que tiene la palabra respecto de la situación jurídica del Coronel Plazas Vega.
Junio 21 de 2011

miércoles, 8 de junio de 2011

Teorías en vez de pruebas Plinio Apuleyo Mendoza

EDITORIALES
Editoriales de Plinio Apuleyo
Plinio Apuleyo Mendoza

Teorías en vez de pruebas
Una monstruosidad jurídica, ha dicho el general Hárold Bedoya. Atroz, abominable, indignante son también algunos de los calificativos que llueven con toda razón sobre la sentencia que condena a 35 años de prisión al general Arias Cabrales.

Quien haya leído las 361 páginas de esta sentencia firmada por la jueza María Cristina Trejos no puede decir otra cosa. Como en el caso del coronel Plazas Vega, no hay una sola prueba que permita hacer responsable al general Arias de la desaparición forzada de 11 sobrevivientes del Palacio de Justicia.

Muchas fallas advierten los juristas en estas sentencias. La primera es la de no haber tomado en cuenta que en 1985 no existía el delito de desaparición forzada y que una ley posterior a esa fecha no puede tener un alcance retroactivo. 

Pero algo más perturbador: no se ha podido demostrar que quienes han sido señalados como desaparecidos lo fuesen realmente. Se han registrado falsos testimonios. Por ejemplo, René Guarín, antiguo secuestrador del M-19 y propulsor de manipuladas protestas públicas, dijo haber reconocido a su hermana Cristina entre quienes salían del Palacio, pero la persona por él señalada resultó ser una real sobreviviente, la ascensorista María Nelfy Díaz.

El libro ‘Desaparecidos’, del coronel Plazas Vega, presentado ayer, recuerda la reciente revelación de los 27 cadáveres sin identificar que desde el año 2000 están guardados en la Fiscalía. Además estudia, uno por uno, el caso de los 11 supuestos desaparecidos y concluye que, después de haber salido con vida del Palacio de Justicia, sólo Irma Franco fue una real víctima de agentes del Estado. “No fue desaparecida -escribe con toda honestidad Plazas Vega- sino asesinada, pero no por las fuerzas operacionales que rescataron al Palacio sino por integrantes de organismos de inteligencia”. Este caso fue, por cierto, investigado por la Justicia Penal Militar.

En resumen: si no hubo reales desaparecidos, la sombra inquietante que uno advierte en los procesos y fallos puestos en manos de la jueza María Stella Jara, en el caso de Plazas, y de la jueza María Cristina Trejos, en el caso de Arias Cabrales, es el de una ciega presunción de culpabilidad. 

¿Cómo se explica? Creo que un común desvío ideológico las lleva a ver comprensivamente a los asaltantes del M-19 y a los militares como movidos por un ciego afán represivo, el mismo que se hizo visible bajo las dictaduras de Chile y Argentina. A ese sesgo se suma el de los abogados del colectivo Alvear Restrepo, interesado, además, en configurar crímenes de Estado para obtener las cuantiosas indemnizaciones (500 mil dólares) que ahora deben pagarse a los familiares de cada supuesta víctima.

El dinero, en efecto, juega un gran papel en estos procesos. Es lo que debió mover a un extraño testigo para suscribir con un nombre falso (Villarreal en vez de Villamizar) una declaración también falsa contra el coronel Plazas, para luego desaparecer.

 ¿Quién le pagó? Por cierto, la jueza Trejos desechó a ese testigo y la jueza Jara la tomó como base de su condena. Es que la primera, en realidad, ha sabido maquillar mejor su desvío ideológico, vistiéndolo de especulaciones de alto nivel para lograr que la teoría cubra la falta de pruebas. Su sentencia, como bien lo señala Eduardo Mackenzie, recopila doctrinas de diverso origen; entre ellas, la cuestionada teoría del “actor mediato” o “del hombre de atrás”, que extiende toda culpa a las máximas jerarquías.

Con estos argumentos, a tiempo que terribles asesinos pagan solo siete u ocho años de cárcel, el general Uscátegui paga 40 años, Plazas 30 años y ahora Arias Cabrales, 34. Tiene razón Rafael Nieto Loaiza: nuestro sistema judicial se debate entre el desastre y la vergüenza.

Plinio Apuleyo Mendoza
Eltiempo.com
Mayo 13 de 2011