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jueves, 28 de julio de 2011

Comisión de Comunicación aprobó todos los artículos de Ley de Medios

Comisión de Comunicación aprobó todos los artículos de Ley de Medios

Noticias la HORA

Cerca de las 09:30, la Comisión de Comunicación de la Asamblea empezó su sesión para debatir el informe complementario a la Ley de Comunicación que se tramita en el parlamento. Todo el informe fue aprobado por el oficialismo.

En la mañana, los legisladores de la bancada oficialista promovieron votar los 12 primeros artículos inherentes a calificación de contenidos, prohibiciones, medidas administrativas. La oposición rechazó la propuesta, pero finalmente no tuvieron apoyo y se procedió a votar. Los artículos se aprobaron con 6 votos a favor de los 11 que conforman la Comisión. 

A la sesión llegaron miembros del movimiento denominado “Cabreados”. Ellos permanecieron en el lugar tapándose la boca y con carteles alusivos a su movimiento como medida de protesta. Luego quisieron intervenir, pero no tuvieron la oportunidad de expresarse debido a que el presidente de la comisión, Mauro Andino, no se lo permitió. 

Ya en el debate, la asambleísta Lourdes Tibán dijo que era necesario revisar el texto “Andino”. “Por qué nos cerramos a hacer un trabajo dictatorial y no revisamos el informe”, expresó Tibán.

El asambleísta Jimmy Pinoargote apoyó la tesis de Tibán y pidió que se lea la propuesta presentada por la oposición. 

Ante ello, Mauro Andino dijo que hay dos posiciones claras y hay que tomar decisiones. “No quiero aplicar el reglamento y limitar las intervenciones”, subrayó Andino lo cual fue replicado por Fausto Cobo quien mencionó que “el tiempo parece que les apremia”.

En la tarde se reinstaló la sesión a las 14:30 y hasta las 17:20 se terminó de aprobar todo el informe con la misma votación de la mañana. Es decir, 6 a favor. Mientras se votaba, la oposición abandonó la sesión e hicieron un llamado a la ciudadanía para luchar por la libertad de expresión.

Entre los artículos polémicos aprobados está el 10. En principio este pretendía regular las redes sociales, pero en el informe aprobado se eliminó la parte que decía plataformas tecnológicas debido a la gran presión que hubo en torno a un supuesto control de redes sociales.

Lo que sí se aprobó fue el contro que los medios electrónicos deben tener de quienes comentan. Concretamente el artículo quedó así:

Art. 14.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá
lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos civil y administrativo, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona .
Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas enlas páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidosserán responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que losmedios omitan cumplir con las siguientes acciones:
a) Informar de manera clara al usuario sobre la responsabilidadpersonal respecto de los cometarios emitidos; o,
b) Generar mecanismos de registro de los datos personales quepermitan su identificación, como nombre, dirección física, direcciónelectrónica, correo, cédula de ciudadanía o identidad; o,
c) Diseñar e implementar mecanismo de autorregulación que evitenla publicación, denuncia y eliminación de contenidos que lesionen lahonra, reputación y demás derechos consagrados en la Constitución de laRepública y esta ley.

Frente nacional por libertad de expresión se arma en Ecuador

Frente nacional por libertad de expresión se arma en Ecuador

Noticias LA HORA del Ecuador
AUTORIDAD. El prefecto azuayo convocó ayer a defender las libertades, desde Guayaquil.



El Consejo de Regulación no debería estar integrado por miembros del Ejecutivo, ya que serían juez y parte”. 


Fanny Reyes 
Integrante del grupo ciudadano ‘Los Cabreados




Quito y Guayaquil

El caso de El Universo no deja de generar reacciones. Ayer, tres organizaciones civiles manifestaron su preocupación por esta situación e hicieron un llamado para defender la libertad de expresión.

El prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, se sumó ayer al planteamiento del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sobre defender la libertad de expresión en el país.

Para ello, dijo, es necesario que se concrete la construcción de la "unidad nacional con diálogo democrático".

"Esta debe contar con la participación de la ciudadanía, pero, sobre todo, con esperanza de recuperar la libertad de expresar nuestras ideas, sueños y propuestas", indicó, tras referirse a la sentencia contra diario El Universo, sus directivos y el exarticulista Emilio Palacio.

Desde el Colegio de Arquitectos del Guayas, Carraso enfatizó que ningún extremo es bueno, "pero tampoco se puede tener en el país un modelo de Estado que va avanzando al control absoluto de todos los sectores de comunicación y societario".

Agregó que todas las organizaciones sociales, donde los ciudadanos pueden
expresarse, "están siendo dilapidadas y atacadas por el Gobierno".
Respaldó a El Universo "por su historia y, fundamentalmente, porque su caso está representando la lucha contra la libertad de expresión en el país".

Carrasco anotó que "un verdadero Gobierno revolucionario, permite la libre expresión y más bien debe dejar la rencillas personales y dedicarse a luchar contra la pobreza, el desempleo, la inseguridad y que la economía se sustente".

Hasta diciembre de este año, el prefecto azuayo espera tener respuesta de todos los sectores para armar "un gran frente nacional" para hacer un seguimiento a los procesos de libertad de expresión que tienen que darse en el país.

‘Los cabreados’

Por su parte, Fanny Reyes, miembro del grupo ciudadano autodenominado ‘Los cabreados’, que empezó a realizar manifestaciones desde 2009 en la Asamblea Nacional para mostrar su inconformidad con el proyecto de Ley de Comunicación, dijo que, actualmente, en el país la “libertad de expresión es nula”. “Uno no puede hablar libremente, porque pueden enjuiciarle o ponerle una demanda millonaria”, advirtió.

Asimismo, ella aseguró que el actual Gobierno ha implementado un “clima de terror y persecución”, que ha hecho que periodistas como Carlos Vera, expresentador de Ecuavisa; Jorge Ortiz, de Teleamazonas; y Emilio Palacio, exarticulista de El Universo, dejen sus espacios. “Ellos se han autocensurado (…) y tal vez luego (con la Ley de Comunicación) todos los medios, por temor, podrían hacer lo mismo”, indicó.

Cauce Democrático

“La intromisión del Gobierno en un proceso judicial del interés personal del ciudadano Rafael Correa Delgado, contra el diario El Universo, fue tan audaz que sólo faltó que el Presidente de la República firmara la sentencia con la que un juez temporal, que deshonra a la Función Judicial, le otorgó una exorbitante indemnización de 40 millones de dólares y condenó a tres años de prisión a sus directivos y al periodista Emilio Palacio”, reza un comunicado enviado por la organización Cauce Democrático.

Páez insta a dialogar

El asambleísta Andrés Páez (ID), hizo un llamado a hacer mesas de diálogo permanentes sobre la ley de comunicación a fin de garantizar que no se rompa la libertad de expresión.

“Esta ley atañe a un derecho fundamental de las personas, no de los medios de comunicación. Sin libertad de expresión no hay posibilidad de ejercer los demás derechos, como el de asociación, el de credo, el de libre circulación. Aquí no defendemos intereses de nadie, defendemos derechos”, señaló.


El DATO

Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió en su última visita a Ecuador que la libertad de expresión está en “riesgo”.

sábado, 23 de julio de 2011

La condena al Periódico El Universo 

en Ecuador 



Editorial

El Mundo, julio 23 de 2011

Se cae de su peso que mientras esté Correa en el poder, esa obligatoria reforma de su obsoleto Código Penal no va a ser posible y a los colegas sólo les queda esperar un “milagro” en la Corte para salir mejor librados del embrollo.
El pasado 19 de julio, en la ciudad de Guayaquil, un juez provisional dictó un fallo contra tres directivos y un periodista del diario El Universo, a todas luces violatorio de las normas y tratados internacionales sobre libertad de expresión y sus sucedáneos – libertad de opinión y de prensa – y que resulta insólito por la forma relámpago en que fue dictado, y draconiano y desproporcionado en su pretensión de reparar el daño causado al presidente Rafael Correa, presunta víctima de una “injuria calumniosa”.
La prensa ecuatoriana y el propio diario en el banquillo, destacan la sorprendente “eficiencia” – digna de figurar en los Guinness Record – del juez Juan Paredes, quien en solo 33 horas tomó posesión del cargo, sustanció la audiencia de juzgamiento, estudió más de 5.000 folios del expediente, escribió 156 páginas de su sentencia, notificó a las partes y entregó el cargo al titular del juzgado 15º de Garantías Penales.
El fallo condena a tres años de prisión al director, Carlos Pérez, a sus hermanos César y Nicolás, copropietarios y miembros de la junta directiva, y al exeditor de Opinión, Emilio Palacio, autor de una columna publicada el 6 de febrero pasado, en que hace duras críticas al mandatario por el manejo que dio a la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010.
Aparte de la pena, la máxima que establece la ley ecuatoriana para ese delito, el fallo establece una indemnización a favor del agraviado por US$ 40 millones, más US$ 2 millones de costas del proceso.
El castigo económico es tan desproporcionado que la familia propietaria del medio ya manifestó que “esa plata no la hemos visto, no la tenemos”, y que no alcanzaría ni todo el patrimonio de la empresa, amasado durante 90 años de historia periodística, ni otros 40 años de trabajo “sin invertir las utilidades, sin subir sueldos, para poder entregarle esa plata al ciudadano Rafael Correa”.
Los colegas tienen todavía los recursos de apelación y de casación ante la Corte Nacional de Justicia, pero cualquiera sea el final de esa tragicomedia, como dice El Universo en su breve editorial de ayer, “el insólito tratamiento al proceso judicial y lo desmesurado de la sentencia”, ponen a Ecuador ante una opinión pública internacional que “no comprende estos hechos en un país que se define como democrático”.
¿Cuál fue el “crimen” del periodista Palacio y el de sus jefes, condenados como “autores coadyuvantes”, que desató la ira del señor Correa? 
El columnista escribió que “El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”.
El lenguaje es injurioso, claro está, y para desgracia de los encartados, hay varios artículos del Código Penal ecuatoriano que castigan a quien formule “falsa imputación de un delito” o “toda otra expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio de una autoridad”, y específicamente, el artículo 493 establece penas de multa y de uno a tres años de prisión a quienes “hubieren dirigido a la autoridad imputaciones que constituyan injuria calumniosa”.
Sin embargo, a favor de la causa de los colegas de El Universo acaba de pronunciarse la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una tesis que pone las cosas en su lugar, luego de un pormenorizado examen del proceso y de la sentencia del juez de marras.
Dice la CIDH que “la existencia y aplicación de normas que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos o leyes de desacato, resultan contrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión…
La utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos vulnera el artículo 13 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión.
No hay un interés social imperativo que justifique esta utilización, la cual resulta innecesaria y desproporcionada, y además puede constituir un medio de censura indirecta, dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público”.
Se cae de su peso que mientras esté Correa en el poder, esa obligatoria reforma de su obsoleto Código Penal no va a ser posible y a los colegas sólo les queda esperar un “milagro” en la Corte para salir mejor librados del embrollo.

La libertad amenazada EN ECUADOR GOBIERNA UN TIRANO

La libertad amenazada



Editorial

El País, julio 22 de 2011

Ayer, las páginas de opinión de El Comercio de Quito salieron en blanco, con apenas pequeños comentarios de los columnistas y un breve editorial demostrando la solidaridad del periodismo ecuatoriano con su colega El Universo de Guayaquil, castigado por atreverse a publicar una nota de su colaborador Emilio Palacio que criticó al presidente Rafael Correa por su bochornosa actuación en los hechos del 30 de septiembre de 2010.

Revela el editorial que la decisión fue tomada “por un juez encargado, en el último minuto de su temporal función”. Fue un “apurado fallo” emitido “tras la lectura sumarísima de 5.000 páginas y la redacción a una velocidad inusitada de 156 fojas”. Con lo cual expresa el rechazo enérgico a la mordaza con la cual Correa quiere callar a la prensa que no le es afecta y a los periodistas que levantan su voz para criticarlo por actuaciones y desaciertos como el que cometió al desafiar a policías que reclamaban alzas en sus salarios. En este caso, la sanción por 30 millones de dólares y la orden de encarcelamiento al columnista y a los directivos del diario no le fue satisfactoria.
El presidente Correa quiere más y por eso apeló. Desea, por ejemplo, que la indemnización se eleve a los 80 millones de dólares que él reclamó. No le importó que la decisión del juez fuera casi una sentencia de muerte para el periódico. Como le tenía sin cuidado que le hubieran ofrecido sus páginas para controvertir la columna titulada ‘No a las mentiras’, donde Palacio lo calificó como dictador y criticó con dureza las actuaciones del Mandatario el día en que los policías se le rebelaron.
Es la nueva manera de acallar la prensa libre abusando del poder, creando leyes, interviniendo la Justicia y usando la investidura para perseguir a los disidentes. Es lo que se riega en América detrás de un pretendido socialismo, fachada con la cual se cubre un totalitarismo populista e intolerante que crea leyes para proteger su imperio. Que usa las leyes para silenciar a los críticos y persigue la prensa libre con obsesión digna de mejor causa.
Claro, Correa también quiere extender el proceso para usarlo como cortina de humo que cubra sus desaciertos como gobernante. Es la nueva versión de pan y circo, muy propia ya de este trópico suramericano donde los buenos gobiernos son desplazados por la retórica que usa los problemas sociales para tomarse el poder. Son regímenes cuyas actuaciones no resisten la crítica, se enfrentan al poder fiscalizador del periodismo y aplastan sus libertades con la legalidad que ellos construyen a propósito.
Lo ocurrido en el Ecuador es inédito en el mundo democrático: el presidente de una república que usa su poder para lograr una sentencia judicial con la cual impone sanciones confiscatorias a un diario por una columna de opinión. ¡Vaya la capacidad de Correa para amedrentar a sus contradictores! Por eso es oportuno repetir la frase que Emilio Palacio pronunció tras su condena: “En Ecuador hemos perdido una libertad muy importante, mencionada por Franklin Roosevelt: la libertad a no tener miedo”.