Dramático llamado a los magistrados de la Corte Constitucional

Dramático llamado a los magistrados de la Corte Constitucional

Señores

Honorables Magistrados de la Corte Constitucional de Colombia

Atentamente Dr. Juan Carlos Henao y Dr. Gabriel E. Mendoza M.

Bogotá

Honorables Señores Magistrados:

Estando la Corte Constitucional en la inminencia de fallar una tutela que pide aprobar el derecho a adoptar por parte de las “parejas” homosexuales, deseo unirme a este dramático llamado promovido por el Centro Cultural Cruzada por el que solicitamos respetuosamente que se vote en contra.

De hecho, la mayoría del pueblo colombiano desea que nuestra patria continúe respetando los valores de la Civilización Cristiana, que dieran origen a nuestra identidad nacional, sentimiento colectivo tan bien interpretado por la reciente declaración del Arzobispado de Medellín.

Tememos que una sentencia a favor venga a alterar gravemente el orden jurídico y la convivencia nacional, pues terminará constriñendo nuestras conciencias; además, ocasionaría un irremediable daño a la familia tradicional al dejarla en pie de igualdad frente a referentes contra natura.

No podemos favorecer a diminutas minorías homosexuales contra una nación entera, máxime que sería pasar por encima del Congreso quien tiene las atribuciones constitucionales para legislar.

Es oportuno recordar a V. Excias. que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”, como señala el artículo 44 de la Constitución Nacional. Estos derechos quedarán gravemente afectados porque sería contrariada la necesidad natural de los niños de tener un padre y una madre. Además por exponer a niños indefensos a un alto riesgo de ser víctimas de pedofilia, del Sida (1), de la violencia doméstica (2) y de los desórdenes psiquiátricos, tan frecuentes en los homosexuales, según demuestra el Dr. George A. Rekers, profesor de Neuropsiquiatría y Ciencias de Conducta de la Universidad de Carolina del Sur (Estados Unidos).

En su estudio (3) concluye: “permitir la adopción de niños por pervertidos homosexuales equivale a destruirlos psicológicamente.” ¿No sería el caso, pues, de efectuar estudios similares en Colombia para evitar daños irreparables por efecto de la aprobación de la reforma en debate?

Rogamos a la Santísima Virgen de Chiquinquirá que ilumine a cada uno de los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional de manera a que rechacen un fallo aprobatorio que suscita tantos riesgos para el País; que se substraigan a las presiones de los lobbies nacionales e internacionales que pugnan por la homosexualidad y la destrucción de la familia; que se sumen valientemente a la resistencia de más de setenta países que se oponen explícitamente a las presiones de la agenda homosexual (4) y que permitan que el País continúe progresando por el sendero grandioso de la Civilización Cristiana.

NOTAS DE PIE DE PAGINA

(1) "En USA. Uno de cada cinco hombres homosexuales tiene SIDA". Ver en http://cruzadacentrocultural.org/articulo-en-usa-uno-de-cada-cinco-hombres-homosexuales-tiene-sida. Tambien en "Advierten descontrol de epidemia de SIDA entre gays". Ver en http://cruzadacentrocultural.org/articulo-advierten-descontrol-de-epidemia-de-sida-entre-gays. Tambien 

(2) "En Defensa de una Ley Superior", pag. 174. Ver en http://cruzadacentrocultural.org/archivos/En%20defensa%20de%20una%20ley%20Superior2261.pdf

(3) Ver resumen en http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=11324&id_seccion=21

(4) "79 naciones resisten a presión pro homosexual de Unión Europea". Ver en http://cruzadacentrocultural.org/articulo-79-naciones-resisten-a-presion-pro-homosexual-de-union-europea

	Magistrados, rechacen derecho de adopción a homosexuales ENVIAR

¡Háganlo por los niños de Colombia!

SUPLANTAR… HE AHÍ EL VERBO

La ex fiscal Ángela María Buitrago está en serios problemas de carácter penal

Por Jaime Jaramillo Panesso

Dizque un gobierno republicano es aquel donde están equilibradas armónicamente las ramas del poder público.

Eso era cuento del profesor de Derecho Constitucional hace muchos años, porque según la solemne declaración de los magistrados presidentes de las Cortes, estamos en la era milenaria de “siglo de los jueces”. Por lo tanto el Poder Judicial (o el eufemístico Poder Jurisdiccional) ha decidido en Colombia estar por encima de cualquiera otra expresión orgánica de la Constitución  Nacional. En cualquiera otra nación, esto equivaldría a un golpe de estado incruento, progresivo e indoloro. Pero no inoloro. Porque aquí huele a materia humana podrida. O al azufre luciferino que el diablo del odio y del resentimiento político, ideologizado desde algunas facultades de Derecho, impregna una buena parte de sus egresados en ejercicio.

Está al descubierto el más inmoral “indebido proceso” aplicado a un coronel que participó en el rescate del Palacio de Justicia, 1985, cuando la sede de la Corte Suprema fue asaltada por una célula guerrillera al mando de un paranoico llamado Andrés Almarales.  En el holocausto cayeron esclarecidos magistrados y un sinnúmero de ciudadanos corrientes y comunes. ¿Sabemos acaso cuántos miembros de la Fuerza Pública? Lo cierto es que este magnicidio dejó una profunda huella en la historia, tan honda que el odio y el escarnio entre las familias de las víctimas, proclaman la continuidad de su resentimiento. ¿Lo estimulan los jueces y el derecho positivo para que no haya perdón? En Colombia casi nunca las guerras tienen fin porque la revancha es cíclica y el cobro de la ofensa pasa por los abogados y por los vengadores de vidas propias y ajenas. En el caso en comento, para sentenciar al Coronel Plazas Vega se apeló a la suplantación de un testigo, base para su condena. Edgar Villareal fue presentado en la investigación como cabo del Ejército que llegó de emergencia desde Granada, Meta, en un helicóptero. Se puso a órdenes de Plazas Vega, lo escuchó dar la orden de desaparecer a personas rescatadas.

Resulta que Villareal no es Villarreal, sino Edgar Villamizar Espinel, que nunca estuvo en el lugar de los hechos, no conoce al Coronel Plazas Vega, ni la firma ni el documento aportado al proceso corresponden al presunto testigo. Descubierto este fraude procesal, el procurador Alejandro Ordoñez ha solicitado al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena de Plazas Vega y, además, investigar a la Fiscal Cuarta Delegada ante la CSJ, Ángela María Buitrago. Y contra esta evidencia e injusta condena, el defensor de las familias de los desaparecidos argumenta que la prueba es extemporánea.

Los colombianos parados en la orilla del tiempo, debemos reconocer que los militantes supérstites del M19 pidieron perdón, se desmovilizaron y han cumplido con los compromisos adquiridos en democracia. No podemos tampoco convertir el pasado en un garrote inequitativo contra los militares a quienes, por lo menos, debe aplicarse la justicia transicional. Pero que unos funcionarios de la rama judicial hagan trampa para condenar a un colombiano meritorio es la catástrofe del “siglo de los jueces”.

¿Qué pensarán los sencillos y honestos centenares de jueces municipales, los fiscales que trabajan en recónditos lugares y en ciudades distintas a la encopetada e inmarcesible cúpula cortesana?

¿Qué sentirán los magistrados de provincia cuyas sentencias y autos van palo arriba del sofoco moral?

Como decía el poeta: “¿Qué dirán mis arzobispos, qué dirán tus sinagogas?”.

Julio 06 de 2011

Las cortes contra nosotros

Jorge Giraldo Ramírez

Las cortes contra nosotros

En 1990, el filósofo estadounidense Ronald Dworkin escribió un influyente artículo sobre el carácter democrático de lo que en su ámbito se denomina la "revisión judicial". 

No puedo reproducir su argumento ahora, pero su tesis es que la acción judicial puede y debe ser democrática. Y, a menos que se quiera falsear la palabra democracia, esto significa que las decisiones judiciales tienen que representar "cierta función de las decisiones individuales de los miembros de la comunidad".

En lo que va de este año hemos tenido tres decisiones de las altas cortes muy mortificantes, bien por el fallo en sí mismo, por los argumentos usados o por las consecuencias de los mismos. Ellos son: la inexequibilidad de la segunda emergencia por el invierno, la ilicitud de las pruebas de los computadores de Reyes y la condena al Estado por el ataque de las Farc a Las Delicias.

La Corte Constitucional declaró inexequible la segunda emergencia por el invierno del año pasado con el argumento de que el gobierno nacional había presentado la solicitud un día después del término que tenía para hacerlo. No les importaron a los magistrados la calamidad evidente ni los dos millones de damnificados que había en diciembre ni el terrible obstáculo que su fallo representaba para las tareas de Colombia Humanitaria.

La Corte Suprema de Justicia declaró ilícitas todas las acciones del Estado colombiano vinculadas a la acción de guerra contra el campamento de Raúl Reyes. 

Los magistrados desconocen la diferencia entre el derecho penal y el derecho de guerra, ignoran la realidad extraterritorial de las acciones bélicas en el mundo contemporáneo y otro sinnúmero de factores asociados al tema. Pero lo más grave es que ignoren el hecho de que las Farc le han declarado la guerra al Estado y a la sociedad colombianos, y que, a su vez, todo el Estado -con la aparente excepción de las cortes- y toda la sociedad -con excepción del 2% según Invamer- han aceptado el desafío.

El Consejo de Estado, a su vez y por boca de su presidente, declaró, a propósito del fallo sobre Las Delicias que los magistrados no pueden tener en consideración los gastos que le representan al Estado sus decisiones. Es decir, que no les importa. El erario, el patrimonio a partir del cual hay que cumplir con los preceptos constitucionales y garantizar los derechos fundamentales de todos los colombianos, no entra en las consideraciones de los magistrados. Ellos suponen que no existen los carteles de abogados, ni las cadenas del "yo legislo", "tú te equivocas", "él demanda", "nosotros nos repartimos las indemnizaciones".

No me interesa lo que pasa con las abstracciones legalistas que abundan en un país que no mejoró cuando los abogados remplazaron a los gramáticos. Lo que me importa es señalar que las decisiones de las altas cortes son antidemocráticas por una simple razón: porque perjudican al pueblo, a todos los ciudadanos: a los tres millones de damnificados por el invierno, a los 40 millones que han dicho "no más Farc", a los 45 millones que formamos el erario y de cuya gestión dependen nuestros derechos y nuestras libertades. 

Llorar por los dos ojos

Llorar por los dos ojos

José Manuel Acevedo
Vanguardia Liberal, Bucaramanga.

Grises días para la justicia en Colombia. No porque los jueces hayan amanecido con ganas de aplicar rigurosamente los códigos procesales o porque resolvieran ser todo lo estrictamente exégetas que les haya venido en gana.

Los tiempos que corren son lamentables porque algunos magistrados decidieron con su prédica distintiva que su vocación no era la de administrar derecho sino la de ejercer política con la toga puesta.

Mi problema no es pues con las formas establecidas para la obtención de una prueba sino con la notoria desidia y con la selectividad descarada. Mi enojo es, en fin, con quienes se empeñan en hacer de los fallos judiciales mecanismos de desquite o herramientas electorales.

Los colombianos tenemos evidencias suficientes para afirmar que el fallo en el que se dejó sin efectos el material probatorio hallado en los computadores de Raúl Reyes, no responde sino al viejo deseo de unos magistrados que quieren hacernos creer que la farc-política nunca fue.

En enero de 2010 afirmaba en la extinta Revista Cambio que año y medio después de haberse iniciado la ‘parapolítica’, algo más de una veintena de congresistas habían sido llamados por la Corte y varios de ellos detenidos preventivamente. 

En igual número de meses se abrieron investigaciones preliminares por nexos con las Farc a menos de 10 parlamentarios y ninguno fue detenido por ‘farcpolítica’, mucho menos condenado. 

Un 60% de estos últimos casos ha terminado en autos inhibitorios y otros, como el de la senadora Piedad Córdoba, no avanzan en la Corte pese a que la Fiscalía allegó copias del contenido de los computadores de ‘Reyes’ desde el 21 de mayo de 2008. 

Ahora ya sabemos en qué parará su juicio. La celeridad e implacabilidad con que se abordan los asuntos de la parapolítica en el Tribunal Supremo de Colombia no es pues ni medianamente comparable con aquellos criterios laxos, casi cómplices, que se aplican en materia de nexos con las Farc.

La Corte desde un comienzo renegó de los computadores de Raúl Reyes. Eso sí, consideró suficientes las pruebas que han salido del computador de ‘Jorge 40’ en cuyo caso apenas pidió que el aparato cumpliera una aceptable cadena de custodia mientras que con los de ‘Reyes’ la Corte afirmó que el examen de la Interpol no era suficiente y pidió una inverosímil segunda revisión de Scotland Yard. 

Está claro ahora: los magistrados nunca quisieron tener esos computadores como prueba. Por eso digo que la Corte Suprema de Justicia no sabe lo que es llorar por los dos ojos. De unos se desquita. A otros  ni los toca.

Dicen pues que este es el siglo de los jueces. Yo más bien creo que este es el siglo de los políticos que van vestidos de jueces.

José Manuel Acevedo
Vanguardia Liberal, Bucaramanga.
Mayo 23 de 2011

Acerca del Fallo de la Corte que legaliza a las FARC

Explosivo auto inhibitorio

Por Eduardo Mackenzie

25 de mayo de 2011

One Million Voices Against FARC

Los nueve magistrados de la CSJ que declararon ‘ilegal” la documentación decomisada en el campamento ecuatoriano de “Raúl Reyes”, pretenden  destruir la prueba más contundente que el Estado colombiano tiene sobre la amplitud y peligrosidad de la actividad de las FARC.

Con su auto inhibitorio ellos pretenden desbaratar las investigaciones en curso, y las futuras, sobre la guerra subversiva (militar y política) que adelantan las FARC contra el Estado y contra la sociedad colombiana. Pretenden borrar las actuaciones ilegales de los presidentes Chávez y Correa a favor de esa organización narco-terrorista, reveladas por el abatido “Reyes” en sus archivos electrónicos.

Buscan crear una base artificial para la rehabilitación de gente cuestionada como Wilson Borja y Piedad Córdoba y otros delincuentes de las FARC. La suspensión del proceso en Chile contra  el comunista Manuel Olate, pedido por Bogotá por sus vínculos con las FARC, es apenas un primer efecto externo de la absurda medida.

Esos magistrados quieren borrar del ámbito judicial toda huella del alcance de las operaciones de las FARC, de la perversidad de sus acciones y, sobre todo, de su infiltración en la sociedad colombiana. Las víctimas de las FARC, los que están y los que fueron secuestrados por ellas, y las familias de quienes murieron o fueron heridos, mutilados y extorsionados por las FARC, no olvidarán nunca lo que acaban de hacer esos nueve magistrados.

Al cuestionar la Operación Fénix, un acto de legítima defensa de Colombia, respaldado en legislación internacional vigente, los nueve cruzaron una línea que ningún colombiano, salvo los miembros de las FARC,  había osado cruzar.

El presidente de la CSJ dice que el auto no cuestiona la incursión militar en Sucumbios, pero que las pruebas recogidas allí son ilegales. El y los otros firmantes del auto no saben ahora cómo salir de esa contradicción. El pretexto de que Colombia, al recoger esas pruebas, violó un  pretendido “tratado de cooperación judicial” entre Colombia y Ecuador, es débil. Ese “tratado” nunca fue respetado por Quito, sobre todo cuando los intereses de las FARC estaban de por medio.

Los nueve se comportaron, por eso, como tinterillos de dos regímenes detestables, enemigos de Colombia, el de Chávez y el de Correa, y como instigadores de hecho  de futuros litigios internacionales contra Colombia, cuya forma final nadie podrá predecir. La responsabilidad de lo que ocurra en ese campo recaerá sobre los nueve.

Los alcances anti colombianos del absurdo auto inhibitorio son enormes. Chávez y Correa soñaban con darle un golpe brutal a nuestro país pero ello había sido imposible hasta ahora. La situación ha cambiado. Colombia está ahora expuesta a cualquier aventura. La estrategia del caballo de Troya está dando resultados espectaculares.

Por una combinación muy especial, que algún día el país descubrirá, esa gente y las FARC  obtuvieron un formidable regalo judicial. Y, lo peor: consiguieron eso al mismo tiempo que lograban la neutralidad del  gobierno de Juan Manuel Santos. Este, que dice estar “respirándole en la nuca” a Alfonso Cano, recibió la noticia del explosivo auto inhibitorio sin inmutarse. El nuevo  golpe de la CSJ contra la seguridad y la estabilidad nacional no le quita el sueño a ningún miembro del gobierno actual. Lo cual muestra una cierta miopía, pues el coletazo de esa decisión podría llegar hasta el mismo presidente Santos,  quien hizo parte, como ministro de Defensa en esa época, de la cadena de mando de la incursión en Ecuador.

Este episodio deja otra impresión desagradable: que los nueve obraron con criterio político  inspirados por la agenda de terceros países, donde la justicia fue transformada en instrumento de persecución política y de lucha revolucionaria.

El grupo que dirige la CSJ es el mismo que violó la Constitución colombiana al retirarle de hecho al presidente Álvaro Uribe la potestad de nombrar Fiscal General. Ante la impotencia de los poderes públicos para bloquear esa grave deriva, la clique prosigue su labor: desmontar, capítulo tras capítulo, nuestro sistema político, pues éste, parece, es un obstáculo a la realización de la justicia “social”.

Con el triste episodio del auto inhibitorio el país constata, una vez más, que un organismo de justicia ha substituido a la justicia, y que ese organismo no elegido por nadie exhibe pretensiones que van más allá de lo que un colombiano puede tolerar: un gobierno en la sombra que obra por encima del gobierno visible, y que solapadamente lleva al país hacia la dependencia de una tiranía extranjera.

Esos esfuerzos arteros, si las mayorías colombianas no los desbaratan,  mediante una movilización masiva y permanente de repudio a tales engendros, terminarán en algo terrible: en una dictadura castrista en nuestro suelo, o en una guerra civil, pues Colombia no se dejará llevar a esa catástrofe sin reaccionar y sin organizar su resistencia acudiendo a todos los medios posibles.