Gabriela Calderón de Burgos
El CATO, Guayaquil, Ecuador, junio 08 de 2011
Los periodistas independientes suelen entender por derecho a la libertad de expresión esto: (1) “El Estado no puede obstaculizar mi libertad de expresión o de prensa”1. El gobierno y sus partidarios parecen entender esto: (2) “El Estado debe garantizar mi derecho a expresarme donde, cómo y cuándo yo quiera”. No percatarse de la diferencia genera grandes confusiones.
De ahí que muchas personas que han sido despedidas de medios privados o no han obtenido un espacio en ellos, protestan diciendo que estos medios son inconsistentes porque defienden la libertad de expresión pero luego “censuran” a los que, por ejemplo, no corresponden con su línea editorial.
Esto es como si una persona protestara por “censura” luego de que Facebook le cancele su cuenta por postear anuncios racistas. Lo que esta persona olvida es que el derecho de uno termina donde empiezan los derechos de otros. Si el Estado obligara a Facebook a publicar la expresión de esta persona, estaría violando el derecho de propiedad privada de los dueños de Facebook. Después de todo, son los dueños los que sufrirán los resultados —positivos o negativos— de la elección del contenido.
Si el lunes por la mañana usted decide ver canal 5 en lugar de canal 3, usted está aumentando el rating del primero y este venderá más publicidad para ese horario. En este caso, su control remoto es su voto y esta es la democracia en el mercado de la información. Puede que no nos guste lo que la mayoría elige ver, leer o escuchar, pero la única alternativa a esta elección democrática de la programación es que una autoridad o grupo de personas iluminadas nos impongan sus gustos personales.
Un estudio2 de 2001 analizó la propiedad de los medios en 97 países. El estudio concluyó que en los países donde la mayoría de los medios son de propiedad privada hay más libertad de prensa (los periodistas son más independientes y son atacados o encarcelados con menor frecuencia). Además, el estudio señala que la propiedad estatal de los medios tiene un efecto negativo sobre los derechos humanos de los ciudadanos y socava la lucha contra la corrupción. “No hay evidencia perceptible de algún beneficio derivado de la mayor propiedad estatal de la prensa”, dicen los autores.
Los medios de comunicación de propiedad privada, con todos sus defectos, están expuestos al castigo de los consumidores en el mercado. Un canal o radio que persiste en transmitir información que solo favorece los intereses particulares de sus dueños solo lo puede hacer perdiendo credibilidad (y finalmente, dinero).
Lenin se preguntaba: “¿De quién es libre la prensa?” Unos pensarán, como él, que es mejor que sea libre de los capitalistas, pero olvidan que eso la somete al poder político. Esa prensa será libre de publicar lo que los políticos de turno le permitan sin sufrir nuestro castigo en el mercado. Por ejemplo, en Ecuador, incluso los que no leemos ese diario “libre de los capitalistas” (El Telégrafo) estamos obligados a pagar sus pérdidas con nuestros impuestos.
Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 8 de junio de 2011.
Referencias:
1. Libertad de expresión entendida como derecho negativo y como consta en la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.
2. Djankov, Simeon; McLiesh, Caralee; Nenova, Tatiana; Shleifer, Andrei. “Who Owns the Media?” National Bureau of Economic Research. 2001. Mayo de 2011.
La desaforada cacería al error, o a lo que pueda disfrazarse de tal, sobre el gobierno de Álvaro Uribe ha conllevado a las flagrantes tergiversaciones de los hechos y a la procacidad en las acusaciones. Consecuentemente, las múltiples inconsistencias en los procesos son inocultables.
Con vehemencia, el exmandatario dijo que sigue en la política y apoyando a varios candidatos porque "tengo la autoridad moral de haber manejado pulcramente los recursos del Estado".
