EL CARTEL DE LA TOGA

junio 2, 2011 por Ricardo Puentes Melo

Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

Yo trato de imaginarme cómo pudieron haber sido esos paseos de los Magistrados de la Corte Suprema junto a los mafiosos Giorgio Sale y Ascencio Reyes, en avionetas pagadas por los últimos (o uno de los dos, da igual).

Los imagino bebiendo whisky en la avioneta del narco, junto a vagabundas pintorrejeadas de carmesí, en calzones o sin ellos, y esnifando coca repartida por alguna de las meretrices en bandeja de plata, como sucede en las películas de mafia, y como sucedió tantas y tantas veces en la zona de distención del Caguán, a donde iban los funcionarios del gobierno Pastrana a revolcarse con guerrilleras y guerrilleros (dependiendo de los gusticos), gastando dinero a montones en parrandas apocalípticas, pagas con nuestros impuestos, mientras engañaban al pueblo con quiméricas conversaciones de paz.

Sin embargo, nuestra Corte Suprema de Justicia no siempre fue receptora de regalos e invitaciones de mafiosos; eso hay que decirlo. No viajaban en avionetas de capos ni se emborrachaban en los festivales vallenatos mientras recibían recomendaciones pegadas a un grueso fajo de dólares para absolver o condenar, según fuera el caso.

En alguna época estuvo compuesta de juristas probos y rectos como un roble. Por ello, porque nuestros magistrados no se dejaban comprar por la mafia, fue que sucedió la terrible matanza de noviembre de 1985 donde la alianza narcoguerrillera del M-19 y Pablo Escobar cobraron venganza asesinando a sangre fría a los magistrados que no quisieron echar atrás sobre su decisión de extraditar hampones a Estados Unidos, y quemando los expedientes de la mafia –junto a civiles- que se encontraban en el cuarto piso del Palacio de Justicia.

Después de ese día, la Corte no volvió a ser la misma. Ayudados por el presidente César Gaviria Trujillo, los terroristas fueron indultados y muchos de ellos pasaron a formar parte del aparato judicial, de la Fiscalía, del DAS, de entidades territoriales y demás, infectando como un cáncer la institucionalidad del país.

Pronto, los matones tuvieron licencia gavirista para ser ministros, candidatos presidenciales, gobernadores de Nariño, concejales de Bogotá, diplomáticos y, por supuesto jueces y fiscales. Otros entraron directamente al servicio de Gaviria quien conformó su equipo de asesores con aquellos que tuvieran rostro angelical y se dejaran seducir por este pervertido que tanto daño hizo a Colombia colocando los intereses de la nación muy por debajo de sus deseos para satisfacer sus desviaciones sexuales.

Gustavo Petro, un ejemplo de la injusticia de este país. Este terrorista fue indultado y ha sido congresista, candidato presidencial y hoy candidato a la alcaldía de Bogotá. Sus víctimas están muertas y, otras, en la cárcel, pagando condenas injustas

La majestad de la justicia entró en barrena y los estrados judiciales se fueron convirtiendo en armas letales de la mafia contra quienes los habían combatido alguna vez. La narcoguerrilla comunista ya había entendido claramente que mediante las armas jamás podrían vencer al ejército colombiano ni a quienes lo apoyaran, pero mediante las sentencias judiciales les sería muy fácil hacerlo. La tradición civilista de Colombia y su respeto a las decisiones judiciales, así lo demostraban.

Los hampones con estudios de Derecho fueron reclutados por las universidades para dar clases a las nuevas generaciones y por ello entendemos adefesios como el de Ramón Ballesteros, un abogado de “reputada trayectoria”,  profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien fue descubierto por la DEA como lo que siempre fue: una ficha de la mafia incrustada en el aparato judicial que, para esta época, está casi totalmente en manos de la narcoguerrilla.

Por eso es que también encontramos explicación en la presencia de Yesid Ramírez en la más alta dignidad de la Justicia, haciendo comentarios con rateros y mafiosos respecto al presidente Álvaro Uribe, de quien dijo que la Corte ya lo “tenía agarrado de las pelotas..”

Por eso es que entendemos por qué los magistrados y sus esposas vivían recibiendo costosísimos regalos de la mafia internacional del narcotráfico.

Por eso es que entendemos por qué algunos magistrados cobran entre 2 y 4 millones de dólares para mover sus influencias e impedir la extradición de sus amigos narcos.

Por eso es que entendemos que aliados de la narcoguerrilla, mencionados en las computadoras de Raúl Reyes, ya pueden descansar tranquilos porque con una sentencia estos desvergonzados que tenemos como magistrados han deslegitimado para siempre la valiosa información encontrada en los ordenadores rescatados durante la Operación Fénix.

La mafia narcoguerrillera está celebrando porque ya tiene tras las rejas a los militares que los combatieron.

Sentencias ridículas, amañadas y con claro hedor a prevaricato condenaron de por vida al coronel Plazas Vega y al general Arias Cabrales. A Plazas Vega con el testimonio de un testigo que no existe, y al general Arias Cabrales con el testimonio de un supuesto defensor de Derechos Humanos, René Guarín Cortés, quien resultó ser un terrorista, un guerrillero del M-19 (misma narcoguerrilla que se tomó el Palacio de Justicia, mismo caso por el que se condenó a los dos oficiales), y cuya hermana no es una “desaparecida”, como afirma Guarín, sino una guerrillera de la misma banda que murió en su propia ley. El testimonio de Guarín, un secuestrador que debería estar tras las rejas porque no ha pagado por ese delito de lesa humanidad, tiene más validez para los señores de la toga negra, que las pruebas irrefutables presentadas por estos dos hombres que salvaron al país de caer en las garras de la alianza firmada entre la guerrilla comunista del M-19 y el cartel de Medellín. Pero de nada valieron esos esfuerzos…. Hoy ya estamos bajo las garras de ese monstruo. Un monstruo que es mucho más grande de lo que parece.

Porque, hay que decirlo sin susto, aquí los medios han querido confundir a la opinión pública pretendiendo mostrar a la guerrilla como perteneciente a la “izquierda” y a los mal llamados “paramilitares”, como de derecha. Tenemos serios indicios de que pertenecen al mismo bando.

Si sabemos que “paramilitares” y guerrilleros son paridos por el mismo engendro, es que podemos entender las reuniones de los magistrados de la Corte con personajes como Mancuso, a quien los de la toga le dejaban en la Enoteca (su restaurante) servilletas llenas de labiales de prostitutas con mensajes de agradecimiento por las parrandas pagas.

Por ello entendemos que personajes como Mario Iguarán, de reconocida filiación izquierdista, conocido en el mundo gay como “Carlota”, asistiendo a reuniones con Giorgio Sale, socio de Mancuso.

Por eso es que entendemos por qué la Corte decide poner tras las rejas al doctor Mario Aranguren, director de la

Mario Aranguren

Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), quien llevaba una investigación sobre varios magistrados y el modo como se han enriquecido con dineros procedentes de la droga.

El mismo Mario Aranguren entregó documentos que prueban que la justicia colombiana sí sabía de los negocios mafiosos de Giorgio Sale para la época en que los magistrados de la Corte salían de parranda por el país en avionetas del hampa.

Y, como la mafia es la que tiene control sobre los organismos de investigación y justicia, quien terminó tras las rejas fue Mario Aranguren.

Y ni qué hablar de la Fiscalía General de la Nación, hoy dirigida por la esposa de un terrorista narcotraficante del M-19, aliado también de los mafiosos paras; la Dra. Vivián Morales fue la principal defensora del presidente de la mafia, Ernesto Samper y logró que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo absolviera; a cambio de millones de dólares procedentes del Cartel de Cali, por supuesto. Esta fiscal general no solo ha recrudecido su ataque contra los miembros del gobierno de Uribe que combatieron a narcoguerrilla, sino que también nombró a varios compañeros de delito de su esposo en cargos de importancia dentro de la Fiscalía.

Si existe justicia, algún día estos magistrados corruptos deberán ser juzgados y puestos presos. Nuestra magistratura, como en los peores días de la Cosa Nostra y Al Capone en Chicago, es corrupta, mafiosa y cómplice por igual de narcotraficantes y terroristas de las FARC.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia han hecho evidentes sus vínculos con la mafia y la guerrilla y ahora les llega un nuevo ayudante para sus fallos a favor de los amigos: Baltasar Garzón.

Baltasar Garzón, el juez español acusado en su país de Prevaricato, Cohecho, interceptaciones ilegales y otros delitos, es recibido con los brazos abiertos por su compañero ideológico, Juan Manuel Santos

Baltasar Garzón, otro juez que está evadiendo la cárcel en su país, España, por delitos de prevaricato, cohecho, interceptación ilegal de llamadas, cometidos en su accionar como “juez”, ha sido traído a Colombia por el neosocialista de la Tercera Vía, Juan Manuel Santos (el camarada Santos), para que ayude en el proceso de paz con las FARC, que está diseñando a espaldas del país. Nadie debe olvidar que Baltasar Garzón fue diputado en el Congreso español por el Partido Socialista. Un juez socialista y prevaricador viene a auxiliar nuestra justicia.. !Qué bribón..!

Baltasar Garzón, de filiación socialista (repitámoslo), y cuyo hijo le ha hecho tantísimos favores a las FARC, llega con ese doble propósito: Allanar el camino jurídico internacional para que los terroristas de las FARC no paguen por sus delitos, y llevar a Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Penal Internacional, en castigo por los golpes dados por éste a los amigos del juez.

Nadie dice nada porque los jueces conceden casa por cárcel a asesinos peligrosos, narcotraficantes y sicarios al servicio de los narcos; ni les parece extraño que mientras los hampones gocen de estos privilegios, personas íntegras como Mario Aranguren hayan sido hundidas en calabozos inmundos llenos de matones y mafiosos que él ayudó a poner tras las rejas.

Nadie volvió a tocar los informes de Aranguren que vinculaban con actividades criminales al expresidente del Consejo de Estado, Rafael Osteau de Lafont Pianeta, al magistrado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez Bastidas, al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo, y al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Isaac Náder.

Nadie se pregunta por qué Mario Iguarán archivó el caso, y nadie protestó cuando fue nombrado embajador en Egipto, probablemente como premio a su gestión en favor de la mafia.

Nadie se preguntaba por qué los congresistas y políticos vinculados con las FARC jamás fueron condenados.

Nadie se atreve a preguntar por qué el gobierno del camarada Santos tiene tan estrecha relación con esta gente. Nadie quiere saber por qué la Corte no ha investigado las denuncias de un narcotraficante que asegura haber financiado la campaña de Vargas Lleras. Ni nadie le quiere preguntar al presidente con quién iba a cazar patos por los lados de Córdoba.

Miguel Samper Strouss, el hijo del presidente Ernesto Samper -elegido con dineros de la mafia-, ocupa en el gobierno Santos un altísimo cargo en el ministerio de Justicia. Controla todo lo referente a víctimas y victimarios. Y nadie se queja de este nombramiento

Tampoco nadie quiere saber qué hace Miguel Samper Strouss en el gabinete de Santos; Samper Strouss es  hijo del presidente de la mafia, Ernesto Samper, y ocupa un cargo que controla la justicia de este país. Es Director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia, y tiene bajo su control los temas que tienen que ver con las víctimas y los victimarios. Aunque ya sabemos que este gobierno excluye de la Ley de Víctimas a las víctimas de las guerrillas.

Todos cierran sus ojos ante la presencia en el gabinete de Santos de Juan Camilo Restrepo, a quien las FARC querían poner de presidente de Colombia una vez terminara el gobierno de Pastrana. Este hombre –sépanlo de una buena vez- entregará a la narcoguerrilla la administración de lo pertinente con la Ley de Tierras y Ley de Víctimas, una vez avancen los diálogos de paz con las FARC.

Para mí todo está clarísimo. Aquí gobierna una mafia más peligrosa que la de las drogas: El Cartel de la Toga.

Y este Cartel de la Toga, junto a este gobierno de clara filiación chavista, entregará al país a la Tercera Via, el eufemismo usado por Santos para referirse al Socialismo del Siglo XXI que impone con furor en Latinoamérica su nuevo mejor amigo.

Junio 02 de 2011