Las cortes contra nosotros

Jorge Giraldo Ramírez

Las cortes contra nosotros

En 1990, el filósofo estadounidense Ronald Dworkin escribió un influyente artículo sobre el carácter democrático de lo que en su ámbito se denomina la "revisión judicial". 

No puedo reproducir su argumento ahora, pero su tesis es que la acción judicial puede y debe ser democrática. Y, a menos que se quiera falsear la palabra democracia, esto significa que las decisiones judiciales tienen que representar "cierta función de las decisiones individuales de los miembros de la comunidad".

En lo que va de este año hemos tenido tres decisiones de las altas cortes muy mortificantes, bien por el fallo en sí mismo, por los argumentos usados o por las consecuencias de los mismos. Ellos son: la inexequibilidad de la segunda emergencia por el invierno, la ilicitud de las pruebas de los computadores de Reyes y la condena al Estado por el ataque de las Farc a Las Delicias.

La Corte Constitucional declaró inexequible la segunda emergencia por el invierno del año pasado con el argumento de que el gobierno nacional había presentado la solicitud un día después del término que tenía para hacerlo. No les importaron a los magistrados la calamidad evidente ni los dos millones de damnificados que había en diciembre ni el terrible obstáculo que su fallo representaba para las tareas de Colombia Humanitaria.

La Corte Suprema de Justicia declaró ilícitas todas las acciones del Estado colombiano vinculadas a la acción de guerra contra el campamento de Raúl Reyes. 

Los magistrados desconocen la diferencia entre el derecho penal y el derecho de guerra, ignoran la realidad extraterritorial de las acciones bélicas en el mundo contemporáneo y otro sinnúmero de factores asociados al tema. Pero lo más grave es que ignoren el hecho de que las Farc le han declarado la guerra al Estado y a la sociedad colombianos, y que, a su vez, todo el Estado -con la aparente excepción de las cortes- y toda la sociedad -con excepción del 2% según Invamer- han aceptado el desafío.

El Consejo de Estado, a su vez y por boca de su presidente, declaró, a propósito del fallo sobre Las Delicias que los magistrados no pueden tener en consideración los gastos que le representan al Estado sus decisiones. Es decir, que no les importa. El erario, el patrimonio a partir del cual hay que cumplir con los preceptos constitucionales y garantizar los derechos fundamentales de todos los colombianos, no entra en las consideraciones de los magistrados. Ellos suponen que no existen los carteles de abogados, ni las cadenas del "yo legislo", "tú te equivocas", "él demanda", "nosotros nos repartimos las indemnizaciones".

No me interesa lo que pasa con las abstracciones legalistas que abundan en un país que no mejoró cuando los abogados remplazaron a los gramáticos. Lo que me importa es señalar que las decisiones de las altas cortes son antidemocráticas por una simple razón: porque perjudican al pueblo, a todos los ciudadanos: a los tres millones de damnificados por el invierno, a los 40 millones que han dicho "no más Farc", a los 45 millones que formamos el erario y de cuya gestión dependen nuestros derechos y nuestras libertades.