Esta es la historia de cómo los Rodríguez Orejuela ocultaron sus bienes

Esta es la historia de cómo los Rodríguez 

Orejuela ocultaron sus bienes

Comenzó en Bogotá el juicio contra los allegados de los ex jefes del Cartel de Cali, extraditados a Estados Unidos, implicados en el lavado de 140 bienes. ¿Cómo lograron esconder su riqueza?

Más de 20 personas vinculadas a drogas La Rebaja, entre ellas, Claudia Pilar Rodríguez Ramírez, Amparo Rodríguez de Gil y Soraya Muñoz Rodríguez, hija, hermana y sobrina respectivamente del ex capo del Cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela, deberán responder por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos.

Por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de 140 bienes, avaluados en más de 30 millones de dólares, deberán responder Claudia Pilar Rodríguez Ramírez, Amparo Rodríguez de Gil y Soraya Muñoz Rodríguez, hija, hermana y sobrina respectivamente del excapo del Cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela.

En esta diligencia que se adelanta ante el juzgado Primero Especializado de Bogotá, los tres familiares de los extraditados hermanos Rodríguez Orejuela, y otras 23 personas, se enfrentarán en un juicio por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos.

Estas personas habrían ocultado en cooperativas, bienes y otras propiedades en las principales ciudades del país, violando así el acuerdo de culpabilidad suscrito por los hermanos Rodríguez Orejuela en el año 2006, en el que se comprometieron a entregar bienes derivados del narcotráfico.

En el inicio del juicio, el juez negó la solicitud de nulidad del proceso presentada por la defensa de los acusados, aduciendo que “no existe ninguna prescripción y esta diligencia debe continuar como se tenía programada”.

Los otros procesados son: Alfonso Gil Osorio, Pedro Nicolás Arboleda Arroyave, Pablo Emilio Daza Rivera, María Consuelo Duque Martínez, Alexander Celis Pérez, Diego Vallejo Bayona, Tiberio Fernández Luna, Fernando Gamba Sánchez, Luis Fernando Franco Beltrán, Luis Carlos Rozo Barón y José de Jesús Naizaque.

¿Cómo lo hicieron?

Las compañeras del curso de repostería que tomaba en Cali Amparo Rodríguez de Gil, no salían del asombro luego de que su amiga fuera capturada en un amplio operativo adelantado en la madrugada del miércoles 25 de febrero de 2009, por la Dijín y la DEA.

No lo podían creer porque, según decían, “nunca demostró ser una persona ostentosa ni llegaba con escoltas o en carros lujosos”. Es más, decían para reafirmar su convencimiento, “Doña Amparo estaba levantando dos nietos que le mandaron desde los Estados Unidos, y como no siempre le alcanzaba la plata, preparaba y vendía tamales”.

Pero la fe que le tenía ese grupo a la hermana de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, no la compartían la Fiscalía en Colombia, ni la Oficina del Tesoro en los Estados Unidos.

Para ambos entes, la captura de 28 personas, incluidos siete familiares de los capos del cartel de Cali, era un paso más en la ardua tarea de desmantelar esa organización criminal.

Las raíces del engaño

“Alexandra me pidió contactar a un señor de una inmobiliaria que tenía toda la documentación de sus inmuebles: escrituras, informes de cartera, cuentas por pagar, es decir, la contabilidad”, señaló el contador Gustavo Hernán Romy, durante una declaración rendida el 9 de abril de 2008 y que hace parte de las pruebas de la Fiscalía contra el clan Rodríguez.

Por las manos de este hombre, quien luego de convirtió en un testigo protegido de la DEA, pasaron los documentos de más de cien inmuebles de esa familia. La información contenida en los documentos fue integrada a un software diseñado por él, en el que se describen más de 500 propiedades de los dos capos.

“Recibí 120 inmuebles. Los involucré en la base de datos y realicé un informe detallado con ciudad, clase, número de escritura, propietario, valor de la compra, matrícula inmobiliaria y el estado actual de los bienes”, explicó.

La estrategia utilizada para ocultar estos bienes a través de testaferros tenía su propio código, al parecer creado por María Alexandra Rodríguez, quien fue señalada por la Fiscalía de incurrir en el delito de lavado de activos.

“Fue mi jefe inmediata y su instrucción era que no habláramos por teléfono de asunto y que si por cualquier razón lo hacíamos, utilizábamos sus códigos”, señaló Romy.

De acuerdo con el testigo principal del caso, la propiedad real de los inmuebles se guardaba aparte, para no confundir si eran de Miguel, de Gilberto o de ambos.

“Entre las pruebas mostramos dos listados unos bajo la letra X y otro bajo la letra X2, donde se comprueba la existencia física de esos códigos”, indicó Enrique Rojas, el fiscal del caso en ese momento.

El trabajo de inventario realizado por el contador permitió establecer que la familia había constituido una red de entre 70 a 75 testaferros.

En su testimonio Romy reveló que era el encargado de coordinar, con cada uno de los abogados, la creación de las escrituras abiertas que se les entregaban a los testaferros.

“Elaboraban contratos a nombre de terceros para darle apariencia de legalidad”, explicó el fiscal, quien aseguró que los capturados conseguían a las personas que servirían de testaferros.

Romy aclaró que nunca tuvo contacto con los testaferros, pero aseguró que la mayoría eran familiares de los Rodríguez.

Gran parte de las propiedades que presuntamente ocultaron los hijos de Gilberto Rodríguez, tenían precios inferiores a su valor comercial. A las personas que fungían como testaferros les daban comisión.

Romy también le contó a la Fiscalía que una cuenta de ahorros a su nombre también fue utilizada para consignar dinero producto de los arrendamientos de los inmuebles ocultos.

El último día que Romy trabajó con los Rodríguez fue el 14 de agosto de 2007. Según él, “por cuestiones de seguridad y amenazas por parte de la guerrilla”, salió del país rumbo a Estados Unidos.

Cabe recordar que el 16 de enero del 2006 se entregó en Panamá, William Rodríguez Abadía, el mayor de los hijos de Miguel.

En mayo del mismo año fue condenado a 21 años de cárcel tras admitir que se hizo cargo de la organización por orden de su padre, y aceptar cooperar con la Fiscalía de Estados Unidos en contra de los ex jefes del Cartel de Cali.

Luego un tribunal de La Florida confirmó la rebaja de la pena del ex jefe del denominado cartel de Cali de 21 a 5 años de prisión.

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