Corte Penal Internacional ADVIERTE A LAS FARC Y ELN

Corte Penal Internacional ADVIERTE A LAS FARC Y ELN

Como una verdadera advertencia a las Farc y Eln deben tomarse las palabras de la Fiscal de la Corte Penal Internacional Dolores Delgado, Fiscal Delegada de la Audiencia Nacional de España, quien también hizo referencia a la inactividad de la Corte Suprema de Justicia colombiana frente a la llamada farcpolítica.

Colombia ha ratificado el Estatuto de Roma y por ello rige, respecto de los crímenes cometidos en su territorio y que puedan ser competencia de la Corte, el principio de complementariedad, por lo que depende de la justicia y de las instituciones colombianas que esa intervención no tenga lugar. Si cada uno cumple con su rol y la justicia se aplica obteniendo sentencias y resarciendo a las víctimas, no tiene por qué producirse una intervención foránea. Si el proceso se anquilosa, esa circunstancia podría llegar a producirse, manifestó la funcionaria judicial.

No puede referirse a cosa distinta que a los procesos contra los terroristas de las Farc y Eln, sus apologistas y auxiliadores, porque de lo único que se preocupa nuestra institucionalidad judicial es de perseguir y condenar a militares (con las más altas penas desproporcionadas a las conductas o el daño social producido), a quienes hicieron parte de las autodefensas ilegales o los políticos que se aprovecharon de ellos.

Incluso llegando hasta el extremo de la falsedad procesal al introducir pruebas ilícitas o dando toda credibilidad a los delincuentes por encima de las pruebas documentales o testimoniales que a favor de los militares puedan concurrir. De ahí que organizaciones de militares de la reserva activa estén pensando en llevar esos casos a cortes internacionales ante la evidente violación del debido proceso y el derecho a la defensa.

Al ser preguntada sobre el futuro de las Farc (y Eln de contera), la fiscal española aseveró con certeza que en ningún país democrático del mundo tiene justificación la violencia por motivos políticos. Además de ser una acción delictiva que causa grave daño a los ciudadanos, no puede determinar la agenda de ningún gobierno ni decidir sobre el futuro de los pueblos. Todo lo que se reivindica por la fuerza carece de legitimación democrática y atenta contra los más esenciales principios de la humanidad; por tanto, el rechazo de la violencia y de los grupos que la practican debe ser total y definitivo y su única solución es abandonar la senda de la violencia.

Nótese como la funcionaria internacional no se refiere a las organizaciones armadas ilegales como insurrección o subversión, sino que las define como debe ser a la luz del derecho, organizaciones delincuenciales que con argumentos políticos sólo buscan hacerles grave daño a los ciudadanos.

Señala además la Fiscal, guardando la reserva que le exige su condición de operadora activa de la justicia española que conoce de las relaciones Farc-ETA, con relación a la anulación de las valiosas pruebas derivadas de los computadores personales de Raúl Reyes, dudas y sorpresa por la inexplicable decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana. Es una esperanza que en España no se vayan a tener las mismas contemplaciones que se tuvo en Chile con relación a los apologistas y auxiliadores del terrorismo en ese país.

Con referencia a la Ley de Justicia y Paz, Ley 975/2005, pese a la irracional oposición de algunos sectores políticos que se empeñan en mostrar que estaba encaminada para favorecer a quienes hicieron parte de las autodefensas ilegales y no a todos los componentes de grupos armados ilegales, cerca de 8.000 miembros de las Farc, Eln y otros grupos se beneficiaron de ella; se tiene que las estadísticas irrefutables muestran como miles de familias colombianas han sido objeto de verdad con la confesión de más de 177 mil homicidios, 36 mil desapariciones forzadas y 81 mil casos documentados de desplazamiento masivo. 

Asimismo, se han exhumado unas 3.245 fosas y encontrado casi 4 mil cadáveres. Más de 61 mil víctimas han participado en las versiones libres y se han compulsado 9.635 copias a la justicia ordinaria contra políticos, militares y funcionarios públicos, que individualmente colaboraron o participaron en las acciones de las desmovilizadas autodefensas.

Si se puede hablar de fracaso es en la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las Farc y Eln, incluso la desmovilización de facciones de esas organizaciones ha sido objeto de controversia, como el que envuelve la estructura criminal conocida como ‘Cacica Gaitana’, controversia no exenta de la intención política de deslegitimar el proceso de desmovilización realizado en el anterior gobierno.

Todo ello es indicador de la urgencia que de pronto le entra a las Farc, Eln y sus apologistas de presionar diálogos y negociaciones sin que las estructuras criminales renuncien a sus actividades delincuenciales, legitimar de alguna manera a las organizaciones narcoterroristas para sustraerlas de la acción de la CPI. El tiempo se les acaba.

No sólo la CPI, sino diversas personalidades del mundo, inclusive reconocidos intelectuales y políticos de izquierda, le han dicho desde tiempo atrás a los cabecillas de las narcoguerrillas que la lucha armada ya no tiene cabida en estos tiempos y que el anacrónico discurso marxista-leninista quedó sepultado en los restos del muro de Berlín hace 20 años, que persistir en ese método es asimilarse cada día más a cualquier organización delincuencial narcotraficante desprovista de cualquier ideología.

Ojalá esta vez los cabecillas de las narcoguerrillas y sus apologistas como PIEDAD CORDOBA, IVAN CEPEDA, DANIEL CORONELL, DARIO ARIZMENDY, HUGO CHAVEZ, DANIEL ORTEGA, CORREA, entre otros,  entiendan la contundencia del mensaje que se les envía, como también lo hagan nuestros ilustres jueces y magistrados experimentados en dilatar procesos que afectan a esos criminales o en anular pruebas para no juzgarlos.

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LA EXPRESIÓN DE ESE CIUDADANO DEMÓCRATA, COMPROMETIDO REALMENTE CON EL DESARROLLO DEL PAÍS