UNA DEMOCRACIA EN PELIGRO

UNA DEMOCRACIA EN PELIGRO

Realmente espeluznantes resultan las cifras sobre los municipios en los que organizaciones criminales pugnan por influir en el curso de las decisiones democráticas de sus habitantes, imponiendo candidatos de bolsillo para garantizar sus negocios ilícitos.

Las bacrim no tienen interés político, pero si quieren garantizar que alcaldes, concejales o diputados favorezcan su accionar criminal silenciando cualquier denuncia sobre su presencia en esas regiones; igual objetivo, pero con un barniz ideológico, persiguen las Farc y Eln. 

El Eln acaba de probarlo con el asesinato de 4 campesinos en San Pablo, Bolívar y la acción criminal de las Farc es evidenciada en la presión que ejercen sobre comunidades indígenas y afrodescendientes en Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Caquetá, pretendiendo restablecer el control político para ejercer el terror que les garantice su negocio narcotraficante.

Es llamativo por ejemplo que ninguna autoridad cívica o política haya denunciado las grandes expropiaciones de fincas, haciendas y propiedades que durante la vigencia de la zona de despeje, hicieran las Farc y que hoy soy tenidas por testaferros de esa organización, pareciere que eso nunca ocurrió.

El Movimiento de Observación Electoral MOE, plantea una realidad que nuestra clase dirigente no quiere ver y comprender; además de las bacrim, los grupos narcoterroristas en su pretensión de llevar la guerra a las ciudades y de atacar la democracia local, están incurriendo en acciones abiertamente terroristas que constituyen crímenes de lesa humanidad, alejan las posibilidades de la solución negociada al conflicto armado y crean un clima de miedo e intimidación generalizado, propicio a la “mano dura” y al autoritarismo. Prácticas sistemáticas como el secuestro, la siembra de minas antipersonales y el uso de cilindros y carros-bomba desconocen las más mínimas normas humanitarias y contribuyen a su aislamiento político. 

De ahí que el simple anuncio de la disposición a una ‘salida negociada al conflicto’, mientras el narcoterrorismo no renuncie a esas prácticas, constituye un mensaje erróneo que los narcoterroristas interpretan como un signo de debilidad de la sociedad y el Estado. Anunciar una ‘tercera fase’ en el combate a estas organizaciones armadas ilegales que da preponderancia a lo policivo y lo judicial, puede alentar falsas esperanzas en las OAI que les lleve a incrementar las acciones terroristas para presionar diálogos o negociaciones que aprovecharían para reestructurarse.

Pero ese mensaje también puede influir negativamente en el componente social, toda vez que no hay explicación lógica para el ciudadano del común del que sería visto como abandono del combate militar a las OAI que ha respaldado en los últimos 9 años.

Hay que aclarar que para los militares no es mayor el efecto, en tanto las FF.MM. de Colombia no se ocupan de lo político sino de su misión constitucional, pero puede tener efectos en la moral de la tropa similares a los que se vivieran cuando López Michelsen evitó la derrota definitiva del ELN.

Los partidos políticos colombianos tienen ahora en sus manos toda la responsabilidad para defender y fortalecer la democracia en Colombia; son ellos los que dan los avales a los candidatos, de tal manera que los anuncios sobre la revisión a los mismos que han hecho todos de consumo, no pueden quedarse en un saludo a la bandera. Hay que rescatar, por ejemplo, lo que se ha determinado por ellos al retirar avales a más de 1.700 candidatos a diferentes corporaciones y cargos en todo el país, pero ante la amenaza denunciada aún falta mucho por hacer.

Urge también una revisión a fondo de las normas electorales para impedir la trashumancia política que ha permitido que los partidos se conviertan en simples mercados de avales sin indagar los antecedentes de sus beneficiarios, no hay que olvidar que nuestros políticos son experimentados evasores de las leyes, de la moral y de la ética, prestándose a cualquier cosa con tal de obtener dividendos electorales.

Pero hay que insistir también en la responsabilidad del ciudadano, no hay excusa o justificación válida cuando se venden o hipotecan los derechos fundamentales que a su favor consagra la Constitución a candidatos de dudosa procedencia o evidente participación en hechos que posteriormente implicarán daño al tejido social, daño a la administración pública, daño al mismo ciudadano que lo eligió.

No es extraño que en cualquier tertulia los colombianos se quejen de la corrupción, de la politiquería, de la marginalidad política del ciudadano frente a las decisiones de los partidos, lo que debe llevar a una reflexión autocrítica, ¿Quiénes son los que eligen? ¿Quiénes son los que con su voto permiten ese status quo?

Recogiendo lo planteado por Norberto Bobbio, no se pretende un divorcio entre el pensamiento de la democracia ideal frente a la política real, pero la democracia es un concepto, y una realidad, susceptible de mejoramiento diario. Parte de la cultura política de un pueblo es entender y aplicar la definición de lo que un gobierno debe ser y lo que es, diferenciar la democracia ideal de la democracia real.

Y la democracia real en Colombia no puede ser la que quiere manipular, precisamente, los enemigos de la democracia, aquellos que una vez obtenido el triunfo político, en las urnas o por las armas, la convierten en totalitarismos, en negación de la democracia que los eligió.

Tampoco puede predicarse que el ‘fundamentalismo’ que niega la política como ejercicio se convierta en ideal; la experiencia histórica de la humanidad muestra como esos fundamentalistas que condenan lo político, terminan siendo tiranos que sacrifican en el altar de su ego toda expresión democrática.

Colombia requiere partidos fuertes donde los ciudadanos puedan ejercer sus derechos democráticos, para que sirvan como canal de energía en la construcción de esa democracia real que la aproxime a la democracia ideal; si el ciudadano es un simple instrumento o medio no saldremos de aquella democracia representativa que se quiso erradicar con la Constitución del 91, y por ende se mantendrá el caldo de cultivo para que el narcoterrorismo siga escudándose en la marginalidad política y social como excusa para su accionar criminal.

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LA EXPRESIÓN DE ESE CIUDADANO DEMÓCRATA, COMPROMETIDO REALMENTE CON EL DESARROLLO DEL PAÍS